Todos los partidos reclaman una financiación autonómica más justa

“Instar al Consell a que inicie las gestiones inmediatas y oportunas ante el Gobierno de España” para que se modifique el modelo de financiación autonómica y, a modo de propina, que solicite una compensación, en aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) por el incumplimiento del “principio de igualdad y desarrollo armónico”. Estos son los dos puntos clave de la proposición no de ley aprobada por unanimidad este miércoles en las Cortes Valencianas para subsanar el déficit de financiación, que sitúa a los valencianos 194,5 euros por debajo de la media per cápita española.

La resolución fue fruto de una enmienda transaccional pactada por todos los grupos y, en la práctica, sustituyó una iniciativa del PP que sólo prevía poner en marcha el estudio de un nuevo modelo. La exigencia de una financiación autonómica más justa no es nueva —ya hubo un pronunciamiento similar en 2010— pero se ha convertido en una necesidad perentoria para una Administración ahogada por las deudas.

El pleno arrancó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del diputado socialista Vicent Esteve. Tomó posesión en su relevo Miguel Ángel Guillén.

Ricardo Costa defendió la proposición del PP “con espíritu de diálogo y de consenso”. El diputado popular asumió las dificultades que atraviesan las finanzas públicas en España, ofreció “lealtad institucional” y defendió la posición invariable del PP ante las carencias de financiación por habitante en relación a otras autonomías: “Lo hemos hecho con un Gobierno socialista y lo hacemos con el de Mariano Rajoy”. Según sus cuentas, si los valencianos hubiesen ingresado la media que han recibido el resto de españoles, la Comunidad Valenciana habría ingresado 11.700 millones más, lo que habría reducido la deuda de la Generalitat a unos 10.000 millones.

La oposición empuja al PP a ir más allá del estudio de un nuevo modelo

El socialista Julián López Milla recordó que el Consell ya tiene informes que avalan que la financiación es escasa y cuenta con el apoyo de las Cortes para reclamar otro modelo. Por eso rechazó dar “un paso atrás” y pidió ir más allá. López Milla echó en cara al Consell que haya asumido sin rechistar los sacrificios y ajustes que ha exigido el Gobierno.

También Compromís y Esquerra Unida apoyaron la reivindicación en una sesión en la que se dejó ver de nuevo en su escaño el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que departió con compañeros de grupo y atendió poco al debate.

Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, apuntó que la corrupción ha agravado el endeudamiento de la Generalitat y recordó que el 12% de la deuda pública valenciana corresponde a los gastos en grandes eventos y proyectos faraónicos. “Imaginemos lo que nos hubiésemos podido ahorrar”, señaló Blanco. Enric Morera, de Compromís, asumió como “una obviedad” que los valencianos están “maltratados y discriminados” por una “infrafinanciación”. Pero también señaló que “una cosa es tener dinero y otra en qué se lo gasta el PP”. La falta de dinero y el exceso de “desgobierno” llevan al desastre, dijo Morera.

Francisco Camps se dejó ver en su escaño después de bastante tiempo

El pleno rechazó una proposición socialista para pedir que se incremente el presupuesto destinado al corredor mediterráneo y al AVE a Castellón. Lluís Torró, de EUPV, se opuso porque su grupo está contra la alta velocidad. Josep Maria Pañella, de Compromís, acusó a PP y PSOE de intercambiarse los papeles en el Gobierno y en la oposición y dijo que su grupo “en ese circo no va a participar”. David Serra, del PP, acusó a los socialistas de haberse quedado solos y Francesc Signes, del PSPV-PSOE respondió que no le importa estar solo: “Los socialistas seguiremos defendiendo el corredor mediterráneo como hemos hecho siempre”.

A la diputada de Compromís Mireia Mollà le prohibió el vicepresidente de las Cortes, Alejandro Font de Mora, en aplicación de las normas dictadas por el presidente de la Cámara, Juan Cotino, que esgrimiera una grabación de María Dolores de Cospedal en una tableta digital mientras defendía una iniciativa contra la amnistía fiscal.