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BIZKAIA

Los Ayuntamientos podrán elevar su deuda para que los proveedores cobren

La Diputación calcula que unos treinta Consistorios se acogerán a la medida El montante total de la operación no rebasará los 30 millones

La Diputación de Bizkaia ha aprobado un proyecto de norma foral para elevar este año el límite de endeudamiento de los Ayuntamientos con problemas de liquidez para pagar a contratistas y proveedores. La medida prevé una inyección de liquidez a los Consistorios mediante operaciones financieras a largo plazo. La institución foral fijará el tipo de interés -previo acuerdo con las entidades financieras-, el plazo máximo para la aportación y la posibilidad de establecer periodos de carencia (tiempo sin devolver el dinero recibido). Los responsables forales calculan que en torno a 30 Ayuntamientos de los 112 que hay en Bizkaia se acogerán a la norma y que el “montante total” de la operación no rebasará los 30 millones.

“Pretendemos que los problemas de disponibilidad económica que pueden padecer algunos Ayuntamientos por la crisis no recaigan en terceros”, ha explicado el portavoz foral, Juan María Aburto, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno. Los Ayuntamientos que decidan agarrarse a esta tabla de salvación deberán cumplir dos requisitos, ha agregado Aburto: la presentación de un plan de ajuste y una relación de las facturas “vencidas y no pagadas” a las que se hará frente con la nueva deuda adquirida. Las mencionadas facturas deberán haber sido emitidas antes del 31 de mayo.

Aburto: "La situación de los Ayuntamientos de Bizkaia no tiene nada que ver con la del Estado"

El Gobierno español adoptó recientemente fórmulas especiales de crédito para Ayuntamientos sin efecto en el País Vasco por el Concierto Económico. “La Diputación ha dado este paso [el proyecto de norma foral], que deberá ser aprobado en las Juntas Generales, siendo conscientes de que la situación de los Ayuntamientos de Bizkaia no tiene nada que ver con la de otros territorios del Estado”, ha precisado Aburto. “Aquí la situación está normalizada”, ha apostillado.

El portavoz foral ha indicado que la Diputación “está pensando” en diez años de plazo y dos de carencia, aunque “todo habrá que desarrollarlo en el correspondiente decreto”. “Nos gustaría que a finales de junio la norma estuviera ya aprobada. El decreto estaría ya preparado”, ha señalado Aburto.

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