Gobierno y Xunta evitan ahora dar por definitiva la marcha de Ence

Si la planta de celulosa de Ence seguirá en la ría de Pontevedra más allá de 2018 es algo que no está claro. Aunque la Xunta lleva meses insistiendo en que esa fecha, cuando termina su concesión para ocupar los terrenos, será la que marque el traslado de la papelera, la Ley de Costas que prepara el Gobierno abre la puerta a una prórroga. Ni el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descartaron ayer esa posibilidad.

“La Ley de Costas va a dar más seguridad jurídica. En caso de viviendas, la prórroga de las concesiones administrativas será automática, pero es evidente que las instalaciones industriales que pueden tener problemas medioambientales tienen que estar sometidas a nuevos requisitos medioambientales, a informes y a una serie de determinantes que pueden conducir a que la prórroga no sea automática”, dijo Cañete, quien aseguró que la voz de las comunidades autónomas será fundamental a la hora de tomar la decisión. Feijóo replicó: “Es verdad que Ence caduca en 2018. La ley no hace prórrogas automáticas y entre el ministerio y el Gobierno habrá que evaluar la situación”.

También se apresuró a matizar Feijóo que la intención de la Xunta no ha cambiado y que sigue siendo trasladar la papelera al interior de la comarca de Pontevedra “para dar la mayor viabilidad económica, financiera técnica a esa celulosa”. Aunque insistió en que no hay un cambio de postura, sí varía la contundencia. Mientras el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, decía hace cuatro meses que mantener Ence en la ría más allá de 2018 sería un “fraude para el elector”, su presidente se queda en un más tímido: “Tendremos que valorar entre el Gobierno central y la comunidad autónoma el posicionamiento”.

Estas respuestas sobre el futuro de Ence las dieron ayer Feijóo y Cañete en Madrid tras la firma de un convenio entre ambas Administraciones por el que invertirán 170 millones en el desarrollo rural durante los próximos cinco años. Galicia es la segunda comunidad que se suma a este acuerdo tras La Rioja. Las únicas, según subrayaron ambos mandatarios, que cumplen los requisitos de estabilidad financiera para hacer tales inversiones.

Tras la firma, tanto el ministro como el presidente aseguraron que las más de 300 actuaciones comenzarán en las “próximas semanas”. Inversiones en turismo, para uso extensivo de recursos pastales, infraestructuras medioambientales, un laboratorio agroalimentario, cursos de formación de seguridad e higiene en el trabajo, actuaciones de conservación de reservas, subvenciones a comunidades de montes, ferias y planes de modernización del comercio serán algunas de estas actuaciones. Ni Cañete ni Feijóo concretaron, sin embargo, cuántos puestos de trabajo se crearán.

Feijóo aprovechó el encuentro con el ministro para plantear otros asuntos, como el futuro del sector lácteo, en el que Galicia es la principal comunidad afectada con un 40% de la producción total: “Hemos pedido que se clarifiquen las reglas en el sector lácteo, que se concreten los precios”.

El PSdeG criticó el convenio firmado ayer por Feijóo y Arias Cañete, porque "pospone en dos años la ejecución de los planes de la zona", lo que en la práctica supone "boicotear la cohesión social y la vertebración territorial" de Galicia, acusó la diputada socialista Sonia Verdes.