Alzamiento de bienes

La privatización es como una expropiación en sentido contrario. La imagen puede parecer burda, pero resulta eficaz para orientarse en estos tiempos de incertidumbre y penuria. Aquel programa político que emprendieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher a finales de los años ochenta del siglo pasado hizo de la privatización de lo público y la desregulación de los mercados financieros un paradigma del progreso sin límite. Tres décadas después, el fracaso práctico de los postulados de aquel neoliberalismo ideológico tan aguerrido está pasando factura a nuestras sociedades en forma de crisis, empobrecimiento y paro. Pero sus partidarios siguen echando mano de sus recetas, no se sabe muy bien si convencidos de los poderes homeopáticos de tales postulados o simplemente ávidos de aprovechar la zozobra económica para aplicar, por fin, el catecismo allí donde no se habían atrevido a plantear con honestidad sus auténticas creencias. Quiero decir que alentar el crecimiento de los mercados financieros y de servicios para compensar la debilidad creciente de la industria había servido hasta hace poco, en países como el nuestro, para salvaguardar el bienestar social. Pero eso ha hecho crisis y, como consecuencia, la austeridad y los recortes sirven de excusa para desmontar ante nuestras narices el modelo social.

“Cuando un Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o un hospital, cuando cede la distribución de agua potable o vende universidades, expropia a la comunidad una parte de sus bienes”, sostiene Ugo Mattei, para quien la privatización, en efecto, es una expropiación simétrica a la de la propiedad privada salvo en un punto: el propietario privado recibe compensaciones que no se aplican a los bienes públicos. “La propiedad privada está más protegida que la propiedad común”, dice Mattei. Es, sin duda, una opinión radical, que ignora los matices entre bienes y prestaciones, entre patrimonio y servicios públicos, y que prescinde de consideraciones sobre la eficiencia y la rentabilidad, pero no deja de suscitar alguna reflexión. Sobre todo cuando afirma, teniendo en mente los casos de Grecia o Irlanda, que “la expropiación de los bienes comunes a favor de los intereses privados es a menudo obra de Gobiernos ubicados en una posición de creciente dependencia”.

Dependiente y débil es España en estos momentos, y más desesperada que ninguna comunidad autónoma, la nuestra. Hace solo unos meses, se indignaba el consejero de Hacienda si alguien decía que la Generalitat Valenciana está en quiebra. No puede quebrar una Administración pública, alegaba. Pues no la llamemos quiebra, aunque la situación sea insostenible. Digamos que el PP se coge al clavo ardiendo de la deficiente financiación autonómica para eludir responsabilidades, pero que los recortes y privatizaciones, de la sanidad por ejemplo, no incurren en el alzamiento de bienes. Son solo thatcherismo.