El mapa judicial del CGPJ mantiene a Segorbe, Xàtiva y Ontinyent
La propuesta reduce de 36 a 22 las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana
Segorbe seguirá siendo cabeza de partido judicial. Y Xàtiva y Ontinyent conservarán su condición en vez de fusionarse, si finalmente sale adelante la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las futuras demarcaciones en que se dividirá España para modernizar la justicia. En realidad, será el Ministerio de Justicia quien haga la propuesta final que al parecer va a reducir a la mitad los partidos judiciales de toda de España. Y después será el Congreso de los Diputados el que apruebe la división futura.
De momento, la propuesta aprobada se ha remitido a las salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las distintas autonomías. El próximo día 15, la sala de Gobierno del TSJ valenciano celebra un pleno en el que se estudiará y debatirá sobre la propuesta. La sala realizará las alegaciones oportunas, para lo que escuchará las observaciones y sugerencias de los decanos de los partidos judiciales, como representantes de los jueces y magistrados.
Lo que el CGPJ aprobó ayer en un pleno extraordinario es un demarcación judicial que lima las recientes asperezas entre el Poder Judicial y la Consejería de Justicia, que por boca del consejero Jorge Cabré calificó de “aberrante” la última propuesta porque, por ejemplo, dejaba sin la categoría de partido a localidades como Segorbe.
El CGPJ presentó hace una semana una propuesta de mapa judicial que reducía de 36 a 20 los partidos judiciales, lo que no necesariamente suponía el cierre de juzgados. Según explicó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, la intención es fusionar algunas sedes para poder implantar la oficina judicial y especializar juzgados. La propuesta aprobada finalmente ayer deja en 22 los partidos judiciales puesto que Segorbe mantiene su independencia mientras que Xàtiva y Ontinyent no se fusionarán. Al parecer, ha primado en el CGPJ que no se suprimirán partidos judiciales cuando ello obligue a los ciudadanos a tener que afrontar viajes de más de 75 kilómetros hasta la nueva cabeza de partido.
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