El Gobierno deja de pagar el 88% del IBI por los embalses en el Guadalquivir

El Gobierno central asfixia un poco más las haciendas locales al recortar en un 88% los ingresos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que recibían los 120 municipios ribereños del Guadalquivir que cuentan en sus términos con algún pantano o central hidroeléctrica. Esta contribución especial supuso el año pasado ocho millones para los Ayuntamientos pero este año el Ejecutivo de la nación apenas ha consignado en los Presupuestos Generales del Estado un millón de euros para las localidades de la cuenca en Andalucía. Durante los dos últimos ejercicios, ha sido la Junta la encargada de pagar este impuesto al tener transferidas las competencias sobre el Guadalquivir, y aún tiene pendiente de pago el año 2011.

El impacto de este recorte es desigual entre los municipios y varía en función de la superficie ocupada, pero tiene mayor incidencia en los más pequeños. Sirva como ejemplo el granadino de La Peza, gobernado por el PP y que con solo 1.300 habitantes recibía cada año 300.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, casi una cuarta parte de su presupuesto. O el jiennense de Hornos de Segura, que ingresaba 100.000 euros (el 10% de su presupuesto) por el IBI del pantano del Tranco, el más grande de Jaén. “Es un palo muy grande, para nosotros eran unos ingresos fundamentales para el funcionamiento del Ayuntamiento”, señala su alcalde, el socialista Juan Antonio Gila.

Por provincias, los municipios de Córdoba ingresaban 2,9 millones; los de Granada, 2,6; los de Jaén, 1,3; los de Sevilla, 772.038 euros, y 391.252 los de la provincia de Huelva. Estas localidades consiguieron hace años que el Estado les abonara el IBI en compensación a los menores ingresos que recibían en concepto de contribución rústica. Y desde el año 2007 casi triplicaron sus ingresos por la actualización del valor catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Este impuesto, para municipios que cuentan con pantanos, centrales hidroeléctricas, canales y otras infraestructuras estatales, tiene un tipo de gravamen que no puede ser inferior al 0,4% ni superar el 1,3%, un máximo por el optan la mayoría de Ayuntamientos para aumentar sus ingresos.

“Es un impuesto que el Estado está obligado a pagar según una sentencia del Tribunal Supremo de 1998”, advierte Antonio Sánchez Villaverde, alcalde socialista de Montoro (Córdoba) y vicepresidente de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas. Este regidor ha promovido para el próximo día 7 una reunión en la Diputación de Córdoba con todos los pueblos afectados. Solo el Consistorio de Montoro recibía cada año 1,1 millones, el 15% de su presupuesto.

Los alcaldes han recabado el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y buscan el apoyo de todos los grupos políticos. “Con esta medida, el PP va a asfixiar aún más a los Ayuntamientos y puede incluso poner en riesgo la prestación de algunos servicios básicos para los ciudadanos”, alerta el parlamentario socialista por Jaén Felipe Sicilia, cuyo grupo ha presentado una enmienda a los Presupuestos para que el Gobierno corrija este drástico recorte.