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El juzgado de Marbella lleva 18 meses esperando la respuesta de Connery

El 'caso Goldfinger' sobre blanqueo de capitales va por su tercer instructor

Connery y su esposa Micheline en un partido de Roland Garros, en París. Ampliar foto
Connery y su esposa Micheline en un partido de Roland Garros, en París.

Un juzgado de Marbella (Málaga) lleva un año y medio esperando que el actor escocés Sean Connery y su esposa Micheline respondan a sus preguntas sobre una supuesta operación de blanqueo de capitales relacionada con la venta de la villa que el intérprete poseía en primera línea de playa y la construcción en esa parcela de un complejo de 72 apartamentos de lujo.

Mientras tanto, el caso ha vuelto a quedarse sin instructor. Manuel Jaén Vallejo, el segundo juez que lo ha tramitado, ha conseguido un nuevo destino en el Ministerio de Justicia. Con su marcha, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha quedado en manos de un juez de apoyo hasta que se designe al nuevo titular.

Al matrimonio se le ha calculado una responsabilidad civil de 3,3 millones

Este caso arrancó en 2007 con una querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó tras examinar varios convenios firmados en la época de pleno furor urbanístico, cuando Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso Malaya, todavía era asesor de Urbanismo. Dio un giro en 2010, cuando se conoció la implicación del actor, su esposa y del despacho de abogados Díaz Bastién y Truán, que gestionó la venta de su mansión. Entonces pasó a denominarse caso Goldfinger, en honor a una de las cintas más conocidas del agente 007. Además de los Connery y sus abogados, hay una veintena de implicados, entre ellos Roca y el exalcalde Julián Muñoz.

Las relaciones de los instructores del caso Goldfinger con los Connery han atravesado altibajos. El primero, Ricardo Puyol, llegó a citar al matrimonio en los juzgados de Marbella en octubre de 2010 con una advertencia: si no acudían utilizaría “todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles”. El juez llegó a recibir una carta del embajador de Reino Unido interesándose por la imputación y se quejó al Consejo General del Poder Judicial por el tono intimidatorio que empleaba.

Connery, de 80 años, alegó motivos de salud y problemas para preparar el viaje, e hizo extensible la disculpa a su esposa. Después se les permitió que declararan mediante una comisión rogatoria. La petición judicial se cursó a su residencia en Nassau (Bahamas), conocido paraíso fiscal. “Todavía no se ha cumplimentado”, aseguran fuentes judiciales. Se ha fijado una fianza de 3,3 millones de euros para el matrimonio en concepto de responsabilidad civil.

El procedimiento analiza tres convenios: uno suscrito por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, y la sociedad Malibú SA, propietaria de la villa de Connery, y otros dos sobre una propiedad colindante y suscritos con la empresa By the Sea.

Según el Tribunal de Cuentas, la operación supuso un perjuicio para las arcas marbellíes de 2,7 millones de euros y granjeó a sus promotores un beneficio de 53 millones, calcula la Agencia Tributaria.

El instructor considera que el despacho de abogados habría participado en la creación de un entramado societario para intentar reintegrar en el mercado los “pingües beneficios” de la venta de los inmuebles de la promoción Malibú. Los documentos intervenidos en el bufete relacionan al matrimonio con media docena de sociedades. Según los investigadores, la construcción del complejo “no hubiera sido posible sin la connivencia de individuos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Juan Antonio Roca”.