Lanbide suspende las ayudas a 2.000 familias “ilocalizables”

La primera gran criba que ha realizado Lanbide tras asumir la competencia de gestionar las dos principales ayudas sociales vascas, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, ha culminado con la suspensión cautelar de estas ayudas a 2.000 personas "al estar ilocalizables", según ha informado esta mañana el propio Servicio Vasco de Empleo.

Las suspensiones se deben a que los 2.031 perceptores, que suponen el 3,6% del total de personas a las que Lanbide remitió una carta para informarles del cambio en la gestión de las ayudas, no han respondido a ninguno de los dos requerimientos oficiales para que se personasen en sus oficinas.

La cifra se encuentra lejos de la que se manejó en un primer momento: 7.000 personas ilocalizadas de los cerca de 56.000 perceptores a los que se escribió —el total de personas que entonces podrían recibir las ayudas—.

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En su comunicado, el Servicio Vasco de Empleo explica que alrededor de 3.000 personas han acudido a sus oficinas para notificar un cambio de residencia. Los domicilios a los que Lanbide remitió sus escritos son las direcciones que constaban en los expedientes de las Diputaciones, que hasta diciembre de 2011 fueron las encargadas de realizar los pagos de las prestaciones. Los Ayuntamientos, por su parte, las tramitaban y ahora todo el proceso lo realiza Lanbide.

Al estar ilocalizables, Lanbide entiende que no pueden entrar en la vía de la orientación hacia el empleo, un requisito indispensable para seguir recibiendo las ayudas, excepto en el caso de los jubilados y las personas en situación de alta exclusión social.

“Ninguna de estas 2.031 personas suspendidas es un jubilado que complemente su pensión con la RGI”, han aclarado esta mañana fuentes del Gobierno. ¿Qué ocurrirá ahora? Que el Servicio Vasco de Empleo iniciará los trámites para suspender definitivamente el pago de ayudas a estas personas, que todavía pueden subsanar las deficiencias. Los perceptores suspendidos dejarán de recibir su prestación en mayo, ya que legalmente el Gobierno no puede retirarlas hasta el mes siguiente a su notificación.

Estas 2.031 personas recibirían en un año 17,28 millones de euros “casi 3.000 millones de las antiguas pesetas”, añade Lanbide. La criba no supone más que el primer paso de Lanbide para atajar el fraude social. La reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que ordena las ayudas sociales autonómicas, aprobada en 2008 y modificada el año pasado, establece unos plazos de control de cada expediente de ayudas mucho más estricto que el inicialmente establecido. Así, cada tres meses, el Servicio Vasco de Empleo tiene la obligación de analizar la situación de todos los perceptores.