Cinco contusionados al intentar frenar un desahucio en Salt

Cinco miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han sufrido contusiones esta mañana durante la intervención de los Mossos d´Esquadra en un desahucio en Salt. Uno de ellos, con la tibia rota por un golpe de porra, ha sido trasladado al Hospital de Olot para ser operado, ha informado la PAH. Unas 70 personas se han congregado en el portal de un edificio de viviendas para impedir el desahucio de un pareja marroquí y sus dos hijos, programado para hoy tras dos prórrogas concedidas por el juzgado. La comitiva judicial se ha negado a negociar y los Mossos han desalojado del portal a los miembros de la PAH, que pretendían impedir el paso de la comitiva. Los Mossos han utilizado las porras contra algunos de los manifestantes y al menos cinco personas han sufrido lesiones. El Servicio de Emergencias Médicas, por su parte, ha asegurado que ha atendido a dos personas por heridas.

Marta Afuera, portavoz de la PAH, ha resultado atendida tras recibir un fuerte golpe en una mano. “Ha sido una intervención desmesurada ante un grupo pacífico de personas”, ha declarado Afuera. Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA) de Girona ha exigido que se “depuren responsabilidades” por una actuación “no justificada” y ha mostrado su “solidaridad” con los miembros de la plataforma. La CUP ha calificado de “brutal” la actuación policial. La PAH ha convocado para esta tarde una concentración frente a los puestos de Sant Jordi de CiU y el PP para protestar contra el desahucio.

Siete vehículos de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se han presentado en el bloque de pisos, que forma parte de un humilde grupo de viviendas muy cercano al Ayuntamiento de Salt. Ante la negativa de la comitiva judicial a negociar un aplazamiento, la policía ha intervenido para desalojar a los miembros de la plataforma ante la mirada de decenas de curiosos. “Les hemos dicho que no nos moveríamos y han empezado a sacarnos por la fuerza”, explica una de las congregadas.

Tras la intervención de la policía, alrededor de las 11.15 horas, la familia se ha visto obligada a abandonar el piso. Mohamed Bartal, que tiene dos hijos, de tres años y seis meses, compró la vivienda por alrededor de 145.000 euros con una hipoteca firmada con Bankia en el año 2003. Dejó de pagar al quedarse sin trabajo y toda la familia vive con 570 euros al mes gracias a la renta mínima de inserción. Mohamed no sabe dónde van a dormir hoy. “Han cambiado la cerradura y todavía tenemos cosas dentro del piso”, ha explicado.

Esta era la tercera vez que se había programado el desahucio de la familia. En la primera ocasión, en enero, se aplazó dos meses tras un informe favorable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que pueden emitirlo si consideran que el riesgo de exclusión social para la familia es elevado. A principios de marzo los servicios sociales volvieron a emitir un informe para paralizar el desahucio, al tiempo que el Ayuntamiento negociaba una solución. El Consistorio ofreció a la familia un alquiler social por 350 euros al mes a cambio de que entregase las llaves del piso. Les podrían ayudar con la fianza y la primera cuota de alquiler. Mohamed no aceptó: “¿Cómo voy a pagar 350 euros de alquiler si cobro 570 del PIRMI?”, exclama para explicar su negativa. “Tengo que pagar la luz, el agua y la comida de mis hijos”. El Ayuntamiento de Salt ha lamentado “profundamente” el desenlace.