Al menos cinco meses más en vilo por las oposiciones

Tras el bloqueo por parte del Gobierno de las oposiciones andaluzas de secundaria, los aspirantes —33.154 personas se habían apuntado a las pruebas que se iban a celebrar en junio— solo ven dudas en su futuro inmediato. Se desconoce si se celebrarán las oposiciones en las que se inscribieron, cuándo podrían realizarse las pruebas y si saldrán a concurso las 2.389 plazas de secundaria y FP que tenía previsto ofertar la Junta de Andalucía antes de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnara ante el Tribunal Constitucional la convocatoria. El Gobierno central ha argumentado que Andalucía ha incumplido las limitaciones presupuestarias impuestas a las comunidades a la hora de reponer a los funcionarios docentes.

CC OO y UGT piden que las pruebas se celebren cuando se levante la suspensión

La impugnación a través de la figura del conflicto positivo de competencias acarrea automáticamente la suspensión durante cinco meses de la convocatoria, como se recoge en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La vía elegida por el departamento de Cristóbal Montoro (la misma que se ha empleado en el conflicto por la subasta de medicamentos andaluza) hace imposible que este curso se puedan celebrar oposiciones docentes en la comunidad, al margen de que el Constitucional decida o no levantar la suspensión cautelar dentro de cinco meses.

La Junta afirma que los opositores con plaza no serán hasta 2013 funcionarios

El año pasado surgieron las mismas discrepancias por la interpretación de la tasa de reposición impuesta en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. El Gobierno, entonces en manos del PSOE, decidió también llevar ante la justicia a varias comunidades, entre las que estaba Andalucía. Pero el departamento de la exministra Elena Salgado optó por la vía contencioso administrativa, un camino mucho más incierto en lo inmediato. Se presentaron varios recursos en los diferentes tribunales superiores de justicia de cada comunidad y la Abogacía del Estado reclamó la suspensión cautelar de las pruebas. El único pronunciamiento que trascendió fue el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que desestimó esa medida preventiva. Aquel conflicto entre las comunidades y el Ejecutivo se acabó resolviendo en los despachos: las autonomías que quisieron pudieron convocar las plazas que tenían previstas y se retiraron los recursos del Gobierno.

Lo único seguro en el conflicto de competencias presentado ahora por el Gobierno contra las oposiciones andaluzas es que algo tiene que ocurrir en otoño: “Si la sentencia no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, el Tribunal deberá resolver dentro de este plazo, por auto motivado, acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión del acto, resolución o disposición impugnados de incompetencia por el Gobierno”, se señala en la ley del Constitucional.

Una sentencia sobre el fondo del asunto (es decir, que aclare si Andalucía ha incumplido o no las limitaciones presupuestarias del Gobierno) no parece plausible en tan poco tiempo. Con lo que se especula es con un posible levantamiento de la suspensión cautelar de las pruebas.

¿Y qué ocurriría entonces? La Consejería de Educación no aclara si celebrarán las pruebas en ese momento o las dejaría para el siguiente verano, cuando se suelen celebrar las oposiciones. El departamento de Francisco Álvarez de la Chica, consejero en funciones, apunta que si el Constitucional “accediera a levantar esa suspensión y se celebraran entonces las oposiciones, los opositores que lograran las 2.389 plazas no podrían ser funcionarios docentes al menos hasta el curso 2014-2015”. Los que superan la fase de oposición deben estar un curso en prácticas, que sería el 2013-2014.

José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, responsables del sector de enseñanza de CC OO y UGT en Andalucía, apostaron este lunes por que se celebren las pruebas en cuanto el Constitucional levante la suspensión cautelar. “Sin esperar a 2013”, dijo Hidalgo.

Sin embargo, no todos los sindicatos de docentes lo tienen tan claro. Los responsables del mismo sector de CSIF, ANPE y Ustea —Francisco Hidalgo, Francisco Padilla y José Segovia— dudaban este lunes sobre la idoneidad de realizarlas en octubre o noviembre, con el nuevo curso en marcha. “Se necesita que cientos de profesores dejen de dar clase durante 15 o 20 días para que formen parte de los tribunales”. Por ejemplo, en las últimas oposiciones de junio de 2001, 1.660 maestros formaron parte de los 325 tribunales y de las siete comisiones (una por especialidad) de selección. En estos momentos, retirar a un número similar de profesores de los institutos durante dos semanas una vez comenzadas las clases sería algo muy complicado por las importantes restricciones que ha impuesto el Gobierno a la hora de cubrir las bajas y por el aumento de las horas lectivas previsto.