Jaén plantea reducir la asignación de los grupos políticos municipales

El plan de ajuste económico del Ayuntamiento de Jaén es un libro sin fin que cada día conoce nuevos capítulos. El último lo ha anunciado hoy el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, que ha extendido al ámbito político las medidas de austeridad. El gobierno local del PP aprobará en el pleno del próximo viernes la renuncia a las asignaciones de 2011 que se adeudan a los tres grupos políticos, que suman unos 200.000 euros. El alcalde espera que PSOE e IU apoyen ese recorte, que se une al descenso del 30% aprobado a principios del mandato para cada grupo y la reducción de 120 a 50 euros por asistencia a plenos y comisiones.

“No hay dinero, estamos en una situación crítica”, ha reiterado el regidor jiennense, que ya el mes pasado presentó un duro plan de ajuste con subida de impuestos y recorte de personal, entre ellos los liberados sindicales. Para intentar aumentar los ingresos, Fernández de Moya dirige ahora toda la presión hacia la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE. De un lado, plantea recuperar la gestión municipal de las multas de tráfico sobre el argumento de que el convenio con Diputación –que no expira hasta 2014- reduce los ingresos para el Ayuntamiento en un 30%, que es el porcentaje del premio de cobranza que se queda el ente provincial. La diputada provincial de Hacienda, Pilar Parra, le recordó que el Consistorio solo paga lo que cuesta recaudar las multas de tráfico (45.000 durante el pasado año), un coste similar al de otros 68 ayuntamientos de la provincia.

De igual modo, el Consistorio jiennense sigue presionando a la Diputación para que aumente la financiación del parque de bomberos. De este servicio se benefician la capital y otros 24 municipios, con una población global de más de 250.000 habitantes. Sin embargo, el alcalde sostiene que el Ayuntamiento no puede pagar los cinco millones de coste anual, con una subvención de 600.000 euros de Diputación, y reclama aumentar esa subvención a dos millones y medio de euros para que esté en consonancia con la población atendida. El alcalde ha pedido una reunión con carácter urgente para abordar las multas de tráfico y los bomberos con la Diputación, a quien pide “lealtad institucional”.

El gobierno del PP también estudia acabar con las concesiones más deficitarias, entre ellas la recogida de basuras, que presta FCC y que supone nueve millones al año de pérdidas. En el nuevo pliego de condiciones para adjudicar el servicio se exigirá un equilibrio entre ingresos y gastos, y se obligará a la empresa a asumir las campañas publicitarias para la limpieza de la ciudad. Sin embargo, desde el PSOE se ha criticado que en el plan de pago a proveedores se haya destinado el 55% del crédito para pagar a FCC, en detrimento de pequeños deudores. La oposición también ha alertado sobre la elevada subida del IBI que supondrá la revisión catastral, algo que el PP ya da por hecho tras anunciar el alcalde que el recibo se pagará en cuatro plazos anuales y no en dos como hasta ahora.