Lucha para no sucumbir a Malaya

Algo ha cambiado en el juicio del caso Malaya. Cuando se han superado las 160 sesiones de la vista oral contra la corrupción en Marbella (Málaga), al tribunal, presidido por magistrado José Godino, se le ve inquieto, desazonado. No es que el presidente de la sala haya perdido su tono apacible y su autoridad basada en el guante blanco, pero se le nota impaciente. El macrojuicio, ya el más largo de la historia judicial española, se prolonga sin remedio y corre el riesgo de volverse ingobernable en su tramo final.

Los 95 procesados, encabezados por el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ya han pasado todos por el banquillo de los acusados en los cuatro bloques en que se ha dividido la causa. Ahora, es el turno de los testigos y peritos de la cuarta fase, sobre los cohechos supuestamente cobrados por Roca y los concejales marbellíes entre 2003 y 2006 por otorgar licencias urbanísticas.

Las acusaciones y las defensas han propuesto, según el tribunal, alrededor de 400 declaraciones. Cada uno de los testigos puede ser interrogado por cada una de las partes personadas en la causa, lo cual hace casi inviable que este tramo de declaraciones se cierre, como pretende el tribunal, a finales de mayo.

La sala ha previsto los meses de junio y julio para la lectura de las conclusiones e informes definitivos de cada una de las partes y está empeñada en declarar el juicio visto para sentencia el 1 de agosto. Tal es la exigencia que Godino ha amenazado a las partes con habilitar sesiones de juicio durante el mes de agosto, tradicionalmente inhábil para la Justicia. Después, el tribunal calcula que tardará unos ocho meses en redactar la sentencia del caso de corrupción más famoso de los últimos años en España.

Los recesos de hasta 40 minutos se han quedado en pausas de cinco

El juicio se desarrolla en la sala mayor de la Ciudad de la Justicia de Málaga de lunes a miércoles. El tribunal, que en fases anteriores del juicio decretaba amplios recesos —a veces de hasta 40 minutos— y cerraba las sesiones a la hora de comer, ha acelerado notablemente el ritmo. El único descanso de la jornada apenas dura 10 minutos —el miércoles pasado fueron cinco— y las declaraciones se prolongan ahora muchos días hasta las 16.00. Todo para ganar tiempo a un calendario cada vez más estrecho.

El tribunal ha intentado que las partes renuncien a aquellos testigos y peritos que no consideren absolutamente imprescindibles y, frente a la flexibilidad mostrada a lo largo de todo el proceso, ha limitado la personación de nuevos declarantes. En algunos casos, la petición del juez Godino ha tenido éxito. La defensa del exconcejal Rafael González Carrasco renunció a 40 testigos, aunque luego propuso a otros 10 más.

El pasado martes, el magistrado Godino no pudo reprimir un “¡uf!” cuando, al preguntar cuántos abogados deseaban interrogar a la testigo Macarena Gros, que trabajaba en la Gerencia de Urbanismo de Marbella como letrada, levantó la mano una veintena de defensores. Había mucho interés en la declaración de Gros, que incurrió en serias contradicciones de criterio sobre la legalidad de las licencias de primera ocupación que visaba.

La Sala ha pedido a los abogados que renuncien a los testigos innecesarios

Antes que ella, y tras la declaración del último procesado, pasaron por el banco de los testigos varios de los policías que, a las órdenes del juez Miguel Ángel Torres, investigaron la trama de corrupción municipal. Por la sala pasaron una decena de policías que intervinieron en diferentes diligencias de entrada y registro domiciliario.

El juicio arrancó el 27 de septiembre de 2010 con el trámite de cuestiones previas. Para evitar graves perjuicios a los procesados, especialmente a quienes tienen cargos menos graves, el tribunal les permitió asistir a las sesiones del bloque que les afectaran. La sala entró en materia con un caso colateral al juicio: el pelotazo inmobiliario de la llamada operación Crucero Banús. Posteriormente se analizó el entramado de blanqueo supuestamente puesto en pie por Roca con sus colaboradores más cercanos, entre ellos los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, de Madrid, o Montserrat Corulla. El tercer bloque analizó la red de testaferros que le permitió ocultar un patrimonio cifrado por el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, en 200 millones de euros. Finalmente, la cuarta fase, la más numerosa, con 51 procesados, se centra en los sobornos.