Educación intenta limitar la subida de tasas a los nuevos universitarios

La consejera de Educación, María José Catalá, se ha propuesto convencer al titular de Hacienda, José Manuel Vela, de la necesidad de limitar el impacto de la subida de las tasas universitarias a los nuevos matriculados y a los repetidores.

El decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy, publicado ayer en el Boletín Oficial de Estado, obliga a los estudiantes a cubrir entre el 15% y el 25% del coste de la primera matrícula, entre el 30% y el 40% en la segunda, del 65% y al 75% en la tercera y entre el 90% y el 100% a partir de la cuarta matrícula. Dentro de la horquilla fijada por el Gobierno, la decisión final de subir las tasas universitarias se deja en manos de las comunidades autónomas, que son las que ejercen la competencia.

En las universidades públicas valencianas el coste de la matricula que pagan los estudiantes supone un 13% del total, por lo que el incremento aprobado por el Gobierno se traducirá en un aumento de unos 540 euros de media en la matrícula del próximo curso.

Catalá pretende que esta subida se aplique a los nuevos alumnos universitarios y a los repetidores, pero no a los estudiantes que ya están dentro del sistema educativo superior y cuyas familias ya contaban con una previsión de gasto aproximada.

Otras autonomías, como Cataluña y Madrid, presumiblemente, aplicarán la subida de tasas universitarias de manera general a todo el alumnado con el objetivo de equilibrar sus cuentas.

Catalá instruye a los ediles populares sobre cómo replicar a las críticas de la oposición por los recortes educativos

La decisión de cuánto y a quiénes subir las tasas, que se decidirá finalmente en la reunión del Consell del próximo viernes, está supeditada a la necesidad de cuadrar el plan de reequilibrio financiero que se tiene que remitir al Ministerio de Hacienda este mismo mes.

Educación ya da por hecho que el precio de las asignaturas para los que repitan más de una vez subirán hasta el porcentaje más alto de la horquilla establecida por el Gobierno. Sin embargo, Catalá quiere evitar que las universidades se conviertan en un polvorín. Por eso, la consejera ha decidido reunirse mañana con los rectores para escuchar sus propuestas sobre cómo aplicar los ajustes aprobados por el Gobierno.

El incremento de las tasas universitarias no es la única medida del Gobierno que se ha traducido en mayor malestar ciudadano. Los populares también temen el descontento que generará el incremento de la ratio de alumnos por aula. Una medida que la oposición identifica con un mayor porcentaje de fracaso escolar.

Por eso, la consejera de Educación, María José Catalá, y la vicesecretaria de Comunicación del PP regional, Marta Torrado, reunieron ayer a casi un centenar de ediles del partido encargados del área de Educación para instruirles sobre cómo replicar a las críticas, fundamentalmente las procedentes del Partido Socialista.

“No podéis aceptar que os digan que esto [el aumento de alumnos por aula] va a incrementar el fracaso escolar”, explicó Catalá a los ediles congregados en la sede del PP, “Que os pongan un informe encima de la mesa, no vais a encontrar ni uno. No existen”.

La consejera intentó convencer a los suyos de que un mayor gasto no supone una mejor educación y admitió: “La Comunidad Valenciana es de las que más invierte en educación y eso no ha conllevado mejores resultados”.

Sin embargo, el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno es duro de tragar porque incluye la reducción del número de grupos en las aulas, el aumento de las horas lectivas del personal docente —lo que se traducirá en la congelación de contrataciones de profesorado interino—, el aplazamiento en la implantación de nuevos módulos en ciclos formativos y la eliminación de bachilleres previstos en la Ley Orgánica de Educación. Además, las bajas docentes de menos de diez días no se cubrirán y tendrán que ser atendidas por el resto del personal del centro. Una situación que se tradujo en las intervenciones de algunos de los ediles populares, presentes en la reunión, y angustiados por el malestar que les empiezan a trasladar sus vecinos.

Así, entre los intervinientes se escucharon voces temerosas de que los ajustes provoquen un incremento del número de matriculaciones en los centros concertados, en detrimento de los públicos. También hubo interpelaciones sobre el impacto que tendrán las medidas sobre los alumnos que tienen necesidades especiales —y que prácticamente en su totalidad son atendidos en la red pública—. La consejera apuntó que el aumento del número de alumnos por aula se concederá a todos los centros que lo soliciten y, probablemente, de forma generalizada. Respecto a los alumnos con necesidades especiales recordó que estos computan como dos y, por tanto, la ratio de estos grupos no se verá sustancialmente elevada.

Pese a las explicaciones de la consejera, que fue aplaudida varias veces, alguno de los ediles reclamó una mayor autocrítica y cuestionó la manera de comunicar del Gobierno de Rajoy.