Fernández alega que Intervención ‘toleró’ los ERE

Defensa rocosa ante un interrogatorio minucioso. El segundo día de la declaración como imputado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, fue una intensa batalla dialéctica que escudriñó su gestión al frente de Empleo (2004-2010). Y Fernández aguantó el tirón, aunque la juez imponía sus tesis, según concluyeron los abogados presentes. La razón es que conociera o no Fernández la caótica gestión del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, lo cierto es que coincidieron durante seis años como viceconsejero y director general, y otros cuatro años en los que Fernández fue consejero y jefe de Guerrero, hasta que en 2008 le destituyó. Demasiado tiempo para justificar una perpetua ignorancia.

Fernández declaró durante otras 10 horas (ya acumula 21) y para defender el fondo para empresas en crisis, alegó que la Intervención General nunca encendió la alarma roja que alertara de menoscabo alguno en dicho fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 647 millones entre 2001 y 2010. Fernández, imputado por seis delitos como cohecho y malversación, adujo que Intervención puso reparos y dijo que el procedimiento utilizado no era el adecuado, pero nunca emitió informes de actuación ni planteó "criterios jurídicos" que obligasen a paralizar las ayudas directas a empresas y los ERE.

Fernández recuerda que el PP propuso cambios a la 31L en el Parlamento

Sin embargo, Fernández admitió que no se explica la concesión de las ayudas a las empresas Río Grande y Surcolor (ilegales según la juez) que concedió su departamento, a pesar de que lo dirigía él mismo. El exconsejero añadió que considera "correcta" la inclusión del intruso y exdelegado de la Junta Juan Rodríguez Cordobés en la firma Calderinox, porque cumplía con los requisitos necesarios para recibir una ayuda individual. El exconsejero debió responder sobre subvenciones otorgadas en 2004 a las prejubilaciones de una empresa minera que había cerrado en 1988, o por qué se paralizaron cinco ayudas "vacías de contenido" cuando Guerrero abandonó Empleo. Su sucesor, Juan Márquez (2008-2010), revisó la utilidad de las subvenciones concedidas al exconcejal socialista José María Sayago y Empleo paralizó los pagos porque las ayudas no estaban justificadas, pero la Consejería no exigió entonces responsabilidad alguna a Guerrero por haber concedido el dinero ni le denunció ante los tribunales.

El acusado admite que paralizó ayudas “vacías” pero no denunció a Guerrero

El exconsejero alegó ante Alaya que no había un protocolo de actuación escrito en Empleo, sino que él daba órdenes verbales para dirigir las ayudas a los territorios que padecían las cuotas de desempleo más altas en la comunidad. Fernández defendió la publicidad que otorgó Empleo a la partida 31L, cuyos fondos aprobaba el Parlamento año tras año. El ex alto cargo recordó cómo en la tramitación parlamentaria de la 31L todos los grupos, incluido el PP, presentaron propuestas de aplicación para que los fondos destinados a ciertos territorios aumentaran.

Alaya le inquirió sobre si el presidente de la Junta conoció la concentración de ayudas millonarias en el grupo Matadero de Sierra Norte. Y Fernández replicó que el presidente, el Consejo de Gobierno, el Parlamento y "todo aquel que se haya leído la Ley de Presupuestos" la conoció.

El exconsejero aclaró que él nombró al exparlamentario Ramón Díaz (antigua mano derecha de Guerrero) porque conocía su experiencia en conflictos laborales. Fernández comentó que las ayudas "había que pelearlas" y que no se otorgaban a todos los empresarios solicitantes, por lo que contradijo a Guerrero, que sostiene que todos los empresarios que pidieron ayudas fueron atendidos. Por último, el acusado dijo no entender por qué el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas permitió en connivencia con CC OO la inclusión de un intruso en el ERE de Calderinox.