Zabaleta critica a Gipuzkoa por ampliar una ayuda que palía sus recortes

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se mostró ayer molesta ante el anuncio de la Diputación de Gipuzkoa de reformar las ayudas alternativas a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI, dependiente del Gobierno vasco) del ente foral, como una respuesta para tapar los vacíos de protección social que ha generado el endurecimiento de los requisitos de acceso a la RGI promovido por PP y PSE en 2011. Estos han pasado de uno a tres años de empadronamiento —o cinco de cotización en la Seguridad Social—, estrechando la puerta de acceso a los inmigrantes.

Zabaleta tachó de “retroceso” la creación de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), una prestación que comenzará a ser otorgada en junio solo en Gipuzkoa y que viene a ser la misma ayuda que se ofrecía antes bajo el nombre de ayuda económica de inserción social. La cuantía es la misma que antes y el requisito de acceso también, seis meses de empadronamiento. La diferencia estriba en que ahora, en vez de durar seis meses —con los que la persona en riesgo de exclusión cumpliría el año de empadronamiento para pedir la RGI—, se ampliará a tres años, los necesarios de empadronamiento hoy en día para empezar a cobrar la RGI.

La consejera censuró la AGI principalmente porque no está vinculada a la inserción laboral de quienes la recibirán —algo que también ocurría con la ayuda a la que sustituirá— y criticó al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, porque “le gusta más el modelo español [en el que las ayudas no están vinculadas al empleo] que el europeo [en el que sí lo están]“. El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, preguntó a Zabaleta: “¿Está instando a la Diputación a que transfiera a Lanbide una prestación que el propio Gobierno Vasco acaba de eliminar? Debe aclarar si considera que este colectivo necesita de una prestación económica o no”.

La consejera alertó de que se pretende que sean los servicios sociales los que asuman su tramitación, unas gestiones de las que el Gobierno vasco quiso aligerar a los trabajadores sociales al asumir la gestión de la RGI y el complemento de vivienda, que hasta diciembre han tramitado. La AGI “provocaría el efecto contrario”, aseguró Zabaleta.

Mientras Gipuzkoa, con bolsas de pobreza inferiores a las de Bizkaia, ha apostado por cubrir ese vacío de recursos motivado por el endurecimiento del acceso a las ayudas, la Diputación de Bizkaia optó en diciembre, como avanzó este periódico, por seguir la estela del endurecimiento de la RGI y elevar el empadronamiento de su ayuda alternativa de seis meses a dos años y medio. Álava tiene una ayuda de situaciones de emergencia.

La principal ayuda, la que está recogida por ley y la que está obligada a vincular a los perceptores con la búsqueda de empleo, sigue siendo la RGI, que con más de 57.000 perceptores, desembolsó solo en febrero 28,4 millones de euros en Euskadi —4,4 de ellos en Gipuzkoa—. La inversión en RGI está alcanzando máximos históricos por la crisis y por la ley aprobada en 2008.