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La pérdida de 16 partidos judiciales no implica cerrar sedes ni juzgados

Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, habla de reagrupar territorios para aprovechar recursos

“La nueva demarcación judicial, más que hablar de la desaparición de juzgados, habla de reagruparlos, con el objetivo de mejorar el servicio”, aseguró ayer Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al referirse a la reforma del mapa judicial español, que apunta a la pérdida de 16 partidos judiciales en la Comunidad Valenciana. Bravo recalcó esa idea: “No supone el cierre de edificios, se trata de darles a todos más utilidades, de sacarle el máximo partido”. Así, la propuesta del Poder Judicial va en la línea de que los juzgados unipersonales desaparezcan, los partidos judiciales contengan un mínimo de ocho juzgados, den servicio a áreas con más de 100.000 habitantes y permitan una justicia más especializada, que separen las jurisdicciones de 1ª instancia, civil y penal.

Propuesta de mapa judicial

Comunidad Valenciana. La propuesta inicial que analizará el CGPJ el 3 de mayo prevé la reducción de 36 partidos judiciales a 20. Se trata de reagrupaciones, lo que no implica el cierre de sedes o de juzgados.

Alicante. Perdería cinco partidos judiciales, de 13 a 8. Alicante y San Vicent se unirían. Se reagruparían Villena, Ibi y Alcoi. Además, Elda se uniría con Novelda. Y Benidorm con La Vila Joiosa. Seguirían igual los partidos de Torrevieja, Dénia, Elche y Orihuela.

Castellón. La provincia pasaría de cinco partidos a tres. Se unirían los de Nules, Vila-real y Segorbe. Seguirían igual Vinaròs y Castellón.

Valencia. Pasaría de 18 partidos judiciales a nueve. Mislata y Quart de Poblet se unirían a Valencia. Sagunto se reagruparía con Massamagrell. Alzira, Carlet y Sueca quedarían fusionados. Catarroja y Picassent serían un único partido. Xàtiva se reagruparía con Ontinyent. Y Paterna, Moncada y Llíria formarían una sola unidad judicial. Seguirían igual Torrent, Requena y Gandia.

El pleno del CGPJ aprobó ayer un documento con los principios básicos para la nueva división del territorio. EL PAÍS adelantó ayer la propuesta que maneja el CGPJ, que reduce de 431 a 199 los partidos judiciales (de 36 a 20 en la Comunidad Valenciana), pero el mapa no será abordado por la institución hasta el 3 de mayo.

El debate solo está abierto. De hecho, el CGPJ enviará ahora su propuesta de reforma al Ministerio de Justicia. Y hasta que no se apruebe en el pleno provisionalmente las nuevas demarcaciones y se consulte el documento con los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia de toda España para que hagan sus sugerencias, no se irá concretando el número definitivo de partidos. Sin embargo, todo parece indicar que partidos judiciales próximos quedarán unidos. Y que eso provocará tensiones con los Ayuntamientos, que no querrán perder la categoría de cabeza de partido.

Pero según explicó ayer Bravo, eso no supone que se vayan a cerrar las sedes judiciales. Ni que los jueces y los trabajadores de los juzgados tengan que hacer las maletas. Es más probable que los distintos edificios se especialicen en un área determinada. “Y hay que implantar el expediente digital”, añade Bravo, “el ciudadano puede relacionarse con la administración de justicia sin hacer kilómetros”.

Bravo: “El ciudadano puede

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, explicó ayer que los profesionales de la Comunidad Valenciana figuran entre los primeros que han impulsado la reforma. “Hoy no tienen sentido micropartidos judiciales con dos, tres o cuatro juzgados, donde la implantación de la oficina judicial será inútil”, escribía Viguer en una tribuna en este diario en junio de 2011. Así, según aseguró ayer, el número actual de partidos judiciales responde a una sociedad rural decimonónica en la que trasladarse era muy difícil y para viajar 50 kilómetros casi había que pasar noche en el camino. Pero ahora, dada las pocas veces que un ciudadano tiene que pasar a lo largo de su vida por un juzgado, y que las grandes capitales están a muy poco tiempo en transporte público o privado, no tiene sentido tal fragmentación.

Los abogados de Valencia

La reforma no está exenta de críticas. Así, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, también vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, se quejó de que no se les haya consultado: “Lamentamos que la reforma no cuente con quienes estamos a pie de calle y quienes mejor conocemos las carencias y necesidades”, explicó, “sin abogados no habría administración de justicia”. Durán también explicó que “reducir partidos judiciales puede tener sentido en algunos muy cercanos, pero requiere un estudio serio, y la solución al tema de las demarcaciones no puede separarse de las reformas que precisa la Justicia”.

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