El Instituto de Consumo traslada a la fiscalía denuncias sobre las preferentes

La comisión parlamentaria que ayer abordó durante varias horas el estado de Novagalicia Banco se estiró como un chicle cuando tocaba hablar de las participaciones preferentes, productos sofisticados que casi todas las entidades financieras vendieron en su red minorista y que han atrapado a miles de ahorradores.

 “Somos la única Comunidad Autónoma que se ha ofrecido para solventar el conflicto”, recordó la directora de Comercio, Nava Castro. Pero la Xunta tiene las manos atadas mientras la entidad no consiga estabilizar su situación, aunque está intentando que se aplique el sistema de arbitraje caso por caso. “El Instituto Galego de Consumo está trasladando a la fiscalía aquellos expedientes en los que se detectan posibles irregularidades para que los analice”, añaden en la Consellería de Economía. Judicializar el caso quizá lo dilate, pero los afectados no están dispuestos a esperar más, viendo que han invertido sus ahorros en un producto perpetuo.

Fuentes financieras, sin embargo, creen que la solución está a la vuelta de la esquina. “Cuando el Gobierno apruebe un esquema sobre posibles pérdidas para Novagalicia se podrá dar valor a las preferentes”, señala un analista. Y eso debería suceder este año, tanto si hay subasta parcial como total.

Los grupos coincidieron en que la situación daña la imagen del banco nacionalizado y es una de los motivos por los que ha perdido más de 2.000 millones en depósitos en los últimos meses. Desde el PSdeG, Juan Carlos Francisco tachó de “obviedades”, las explicaciones que ha dado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y criticó que siga insistiendo en el arbitraje de consumo “porque no es aplicable en el caso de Novagalicia Banco por estar intervenida, por lo que se exige el consentimiento del Banco de España, de la CNMV o de la Comisión Europea”.

Poco antes, su compañera de filas María José Caride preguntaba por la situación de la entidad y la insistencia de la Consellería de Facenda de reclamar “un trato igualitario” en el proceso de venta. “Si no hay fondos que quieran invertir sin un Esquema de Protección de Activos [una protección para pérdidas no reconocidas] será porque nadie se fía sus cuentas”.