1,5 millones de euros al mes por mantener una cárcel vacía
La consejera de Justicia anuncia que no abrirá la prisión de Figueres hasta el próximo año
La cárcel de Figueres, terminada en junio de 2011, tampoco abrirá este año. Lo ha anunciado la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, quien ha aclarado que la cárcel de Puig de les Basses no comenzará a funcionar hasta finales de este año o principios de 2013. El mantenimiento de la prisión, que acogerá a los presos de las cárceles actuales de Girona y Figueres, cuesta a la Generalitat 1,5 millones de euros al mes, informa Efe.
Tras varios retrasos en la fecha de apertura (el tripartito la había anunciado para el verano de 2011), Justicia había anunciado que la cárcel estaría operativa en mayo, una fecha que ahora se vuelve a retrasar “por razones presupuestarias”. El alcalde de Figueres, Santi Vila, ya había explicado en una entrevista en la Cadena SER en enero que veía muy difícil la apertura del centro en 2012 en base a lo que le había comunicado la Generalitat de forma extraoficial.
El departamento convocó unas oposiciones con 470 plazas para funcionarios, que estaban pendientes de la apertura del centro para comenzar a trabajar. Ante la perspectiva de un retraso, el departamento ha ido colocando a la mayor parte de ellos, aunque la consejera ha admitido hoy que 128 trabajadores aún no ha sido nombrados. La cárcel de Puig de les Basses apareció hace unos meses en un artículo de The New York Times para ilustrar las dificultades económicas de España.
La prisión ocupa 300.000 metros cuadrados, con más de 60.000 metros construidos, y podrá albergar a 750 internos. El centro está formado por 17 edificios y ha costado más de 108 millones de euros. Por la noche, las luces del recinto permanecen encendidas y una empresa de seguridad vigila el centro.
La consejera ha anunciado también en la comisión de Justicia del parlamento que tampoco se habrán acabado a finales de año las obras de la cárcel Mas d´Enric en Catllar (Tarragona). Los diputados Xavier Sabaté (PSC) y Hortènsia Grau (ICV-EUiA) han criticado las malas “condiciones de habitabilidad” de la actual prisión de Tarragona.
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