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La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el ‘caso Gürtel’

Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez

La directora de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.
La directora de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.

El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

El magistrado ha pedido el análisis a la Intervención General del Estado

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.

El PSPV seguirá como acusación en la causa por la financiación del PP

La dirección de los socialistas valencianos se mantendrá como acusación particular en la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP, una derivada del caso Gürtel, cuya instrucción corre a cargo de José Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Fuentes de la actual ejecutiva del PSPV confirmaron a este periódico que no existe la menor intención de abandonar su personación en este caso, pese a que reconocieron la existencia de una deuda importante con el bufete del abogado Virgilio Latorre, que ha venido representando los intereses de los socialistas en el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el de la financiación del PP.

Un portavoz autorizado del PSPV reconoció que se están retirando de algunos casos menores porque el coste que les supone es muy elevado. Estos abandonos ya habían sido decididos por la anterior dirección que encabezaba Jorge Alarte. Pero ante la hipótesis de un replanteamiento de la posición de su partido en el caso Gürtel y más concretamente en la rama que investiga la financiación del PP, el portavoz fue taxativo: “Si de algún caso no nos pensamos retirar es de este. Seguiremos hasta el final y confiamos en hacerlo con el despacho de Virgilio Latorre”.

La posición oficial del secretario general del PSPV, Ximo Puig, sobre la judicialización de la vida política es conocida. En una entrevista concedida a EL PAÍS reconoció haber dudado de la eficacia de algunos procesos judiciales iniciados por su partido. Una afirmación que no afecta al caso Gürtel.

El nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, anunció el pasado martes que el PSPV será parte en la causa que siguen los tribunales por las ayudas a la cooperación concedidas desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que era titular Rafael Blasco, síndico del PP en el Parlamento autonómico.