Los sindicatos de enseñanza concertada rechazan el decreto de recortes del Consell
La Consejería de Educación anuncia que no pagará las vacaciones a los interinos La Generalitat extiende las medidas de ahorro a los centros sostenidos con fondos públicos
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha anunciado su rotunda oposición a la pretensión de la Consejería de Educación de dejar de pagar las vacaciones a los profesores interinos de la enseñanza concertada y de dejar de pagar las compensaciones hasta el 100% del salario para cubrir todas las bajas por enfermedad. Los representantes sindicales de los docentes de la enseñanza concertada y las patronales del sector mantuvieron un encuentro el martes en la Consejería de Educación y fueron informados de que algunos recortes aprobados por decreto del Consell a principios de año se extenderán a los trabajadores de la enseñanza concertada.
La FSIE recuerda que "los trabajadores que tengan contratos de interinidad tienen contrato en vigor en tanto el trabajador al que están sustituyendo no se incorpore a su puesto de trabajo y la ampliación del complemento en las bajas laborales es un derecho recogido en el convenio colectivo del sector". A partir de tales consideraciones, expresa que se opone de "manera drástica y rotunda"; anuncia que ejercerá todas las medidas a su alcance para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores; y tira un cable a la patronal del sector, al explicar que "no es una solución adecuada revertir a las empresas los costes que se puedan generar derivados de esas cuestiones porque supone pasarle la pelota a la otra parte implicada en los conciertos educativos".
El Stepv-Intersindical Valenciana se suma a las protestas del FSIE y considera que la pretensión de la Consejería de Educación constituye "un ataque a todos los trabajadores del sector de concertada". El sindicato también señala que "las patronales no están dispuestas a asumir ningún gasto de obligatorio cumplimiento por parte de la consejería y sólo dejan dos opciones: despedir, lo que derivaría en un despido improcedente y una posible indemnización que tendría que asumir la empresa, o continuar con el personal en plantilla sin pagarle lo que legalmente le corresponde, que desgraciadamente, comportará a miles de reclamaciones de cantidad en contra de la administración, agravando la situación que ya sufrimos desde hace más de tres años con las pagas de antigüedad".
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