Una familia reclama 1,5 millones a Construcuatro por usurpar terrenos

A Construcuatro se le acumulan los pleitos. Con la oposición clamando contra la decisión de la Xunta de perdonar una multa de tres millones de euros a la constructora de la que era socio y consejero delegado Telmo Martín, por invadir el dominio público con un lujoso edificio en el paseo de la playa de Silgar en Sanxenxo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra celebró ayer un juicio por una promoción en Pontevedra en la que la empresa del exalcalde de Sanxenxo y ahora diputado en el Congreso usurpó supuestamente unos terrenos para levantar un bloque de viviendas. Los demandantes pedían 2,8 millones de euros de indemnización que rebajaron a 1,5 millones.

La obra en cuestión está terminada y ocupa una manzana en la avenida de Vigo de Pontevedra, en una zona que en poco más de una década pasó de ser considerada extrarradio a marcar casi la entrada al centro urbano. A finales de los noventa, Construcuatro adquirió el solar principal, de 13.500 metros cuadrados, a los hermanos Osorio. Pero no hizo lo propio con dos fincas de menor tamaño de la familia Vázquez Rebollar que en la práctica impedían la urbanización, porque ocupaban los extremos y cegaban una fachada exterior. Así lo admitió de entrada la propia empresa en los planos que manejaba y así lo hizo saber el Ayuntamiento en 1999.

Un año después, sin embargo, Construcuatro presentó un proyecto de urbanización en el que daba por solucionados los problemas sobre la titularidad del suelo. Pero lo hizo unilateralmente y ante la sorpresa de los propietarios, la familia Vázquez Rebollar, cuyos miembros insistieron ayer sin descanso en que las fincas ni se vendieron ni se cedieron en modo alguno.

"¡Nos quieren hundir la empresa!", grita un exsocio de Telmo Martín

Para contrarrestar la tesis de los demandantes compareció en la vista otro de los tres socios de Construcuatro , José Manuel Torres García, identificado en su día por compradores de pisos protegidos en Vigo como el hombre al que entregaban los pagos de sobreprecios ilegales. Torres comenzó esquivo, respondiendo a las preguntas del abogado de los demandantes con evasivas cuando se le pidió que identificase los planos de la promoción. “No lo entiendo, lo veo ambiguo”, “nadie nos dijo nada”, “si hubiese habido algún problema nos habrían parado la obra”...

El juez le advirtió de que la inconcreción podía perjudicar la validez de su testimonio y Torres, con creciente excitación, arguyó que pudo haber algún error al superponer planos y admitió, tras haberlo negado, que había hablado con el representante de la familia. Al final acabó estallando, y con la voz quebrada y al borde del llanto gritó: “¡Nos están haciendo una cafrada, nos quieren hundir la empresa!”. Se refería al importe de la indemnización, excesivo a su entender porque el solar principal, mucho más grande, había costado en su día 400 millones de pesetas, según dijo.

Una de las incógnitas del caso estriba en cómo la constructora consiguió llevar a escritura pública ante notario y al Registro de la Propiedad los cambios en la titularidad sin que mediase algún documento que justificase el traspaso, una cuestión que los letrados no trataron pero que dio pie a que se concediesen las licencias municipales.

El abogado de la defensa trató por su parte de sembrar dudas sobre la titularidad de los terrenos en disputa, que la familia Vázquez Rebollar conservaba como un resto de una finca mayor que fue vendida a trozos sucesivamente a lo largo de los años. Adujo en ese sentido que en el Registro constaba en los años ochenta que la finca estaba dividida en dos partes. Carlos Cons, apoderado de la familia, admitió el hecho, que atribuyó a un error subsanado a instancias de un notario cuando se preparaba una de las ventas parciales. El abogado de Construcuatro también pidió explicaciones por el retraso en presentar la demanda. Cons explicó que la familia tuvo un pleito previo por la misma propiedad de los suelos ante otros interesados, los hermanos Corbal, que llegó hasta el Supremo y retrasó la acción. También aseguró que el Ayuntamiento le pidió indirectamente cuando los edificios ya llevaban años en pie, a través de otro promotor y en el marco de otra venta, que cediese una parte mínima del terreno por el que ayer se pleiteaba.

La cuestión pasó a continuación al enfrentamiento entre los peritos de las partes por la valoración del suelo. Ahí destacó la inusual rectificación del experto convocado por los demandantes, que rebajó la cuantía reclamada a 1,5 millones de euros basándose en un nuevo plano aparecido en fechas recientes y que reducía la superficie de las fincas en litigio. La defensa también cuestionó el peritaje, basándose en que se tomaron como referencia precios de vivienda libre, mientras que la promoción era pública.

El abogado demandante salió al paso invocando de nuevo al fantasma de los sobreprecios ilegales. “¿Era práctica habitual cobrarlos?”, preguntó a su perito, que vaciló un instante y respondió afirmativamente.