72 horas de reuniones y llamadas

Han pasado casi cinco años desde que el 14 de mayo de 2007 el Juzgado número 2 de Irun comenzara la fase de instrucción por el presunto fraude en la Hacienda foral y 7 meses de que se fijara la fecha para el juicio que arrancará mañana. Pero, probablemente, las horas más intensas que hayan vivido las partes personadas en el juicio, Ministerio Fiscal, Juntas Generales de Gipuzkoa, Diputación y la defensa del principal acusado, hayan sido las 72 que transcurrieron desde el miércoles hasta el viernes último. Atrás quedaban los autos del caso, compuestos por 12.160 folios agrupados en 45 tomos.

Hasta ese momento, según ha podido saber EL PAÍS, el principal acusado, José María Bravo, no había mantenido desde hacía meses contacto alguno con su abogado. Es más, el letrado trabajaba con la hipótesis inicial, la que su cliente había marcado siempre: su inocencia. “Quiere defenderse de todas las acusaciones”, declaraba en conversación con este periódico el martes. El abogado de Bravo preparaba las cuestiones formales previas que se verían en las horas iniciales del juicio, momento en el que las partes intercambian criterios con el ponente del caso. Hasta el pasado martes, el letrado manejaba la hipótesis de que no sería mañana cuando realmente empezara el juicio sino al día siguiente cuando ya su cliente declarase.

Hasta esta semana, el principal acusado seguía haciendo vida normal después de recuperar su libertad, por última vez, el 15 de julio de 2008 tras pagar una fianza de 500.000 euros. Bravo, según ha podido saber este periódico, ha cumplido con su obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, mantiene su pasaporte retirado y sus bienes embargados. Con este escenario de fondo, ¿cuál fue el detonante que provocó un giro inesperado en los acontecimientos?

A mediados de esta semana, Bravo entra en contacto con su abogado. Y es ahí, tras un análisis de los hechos, donde se pone encima de la mesa, la posibilidad de “pactar” con la Fiscalía una condena “sustancialmente inferior” a los 24 años y tres meses de cárcel que inicialmente esta pide. Cliente y abogado deciden que el ofrecimiento sea el siguiente: asunción del delito de malversación de caudales públicos, el más grave que se le imputa, y consecuentemente, asunción de la pena que la Fiscalía pide por él, 7 años y 6 meses de prisión; asunción de la responsabilidad civil con sus bienes embargados (Bravo debería devolver 1,9 millones de euros por las cantidades que le entregaron una treintena de contribuyentes que creían saldar así sus deudas tributarias) y a cambio el Ministerio Público retiraría los delitos de prevaricación, estafa, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales, receptación e insolvencia punible.

El intento de forzar un acuerdo cogió por sorpresa al propio abogado de Bravo

Es a partir de ese instante cuando el abogado de Bravo pone toda la maquinaria a funcionar. No quiere que el juicio se convierta en un escaparate público para su cliente. Y no es el único. En paralelo, el ponente del caso que le juzgará en la Audiencia Provincial, Iñaki Subijana, redacta un auto breve pero muy cuidadoso en el que informa a media tarde del miércoles a las partes, de las condiciones que establece para los 60 periodistas acreditados y para el desarrollo de las sesiones. Así, indica que “los fotógrafos solo podrán entrar en la sala cinco minutos antes del inicio del juicio y las televisiones, la prensa escrita y las emisoras de radio tendrán que seguirlo desde una sala adjunta con señal de audio e imagen”.

Horas después, el abogado del principal acusado es quien traslada al fiscal encargado del caso, Javier Larraya la propuesta. Inicialmente no se ve con malos ojos. “El objetivo pasaba por conseguir cuanto antes el visto bueno del Ministerio Público para después trasladar esa fotografía a la acusación particular y condicionar su adhesión”, sostienen fuentes conocedoras del caso. “Si la Fiscalía veía posible el acuerdo, suponía un aliciente”, añaden. Y así fue. Hasta que no se tuvo constancia de que la Fiscalía podría aceptar el pacto propuesto, no se trasladó la misma posibilidad a la defensa de las Juntas Generales y la Diputación, a última hora del jueves. Ya era tarde para analizar el nuevo escenario y sería el viernes a mediodía cuando el letrado se reunía con el Departamento de Hacienda y los grupos junteros para explicarles la situación. Sobre la mesa estaba la posibilidad de que la Fiscalía aceptara el pacto por la imposibilidad de que durante el juicio nadie pueda probar que Bravo se quedó presuntamente con las cantidades que aparecen en los 37 expedientes. Un temor que fuentes jurídicas consultadas por este periódico confirman que también asumen a día de hoy en el ente foral.

Tras fallar el pacto, dijo la defensa: “Ahora sí que hay que dejar todo bien atado”

Ante tal giro, es la diputada de Hacienda, Helena Franco, asesorada en todo momento por el director de Gabinete del diputado general, Iñaki Errazkin, quien decide convocar otra reunión para las cinco de la tarde con los grupos representados en la cámara y consensuar una decisión ya firmada. A esa hora, el abogado de Bravo, que ha pasado toda la mañana fuera del despacho, ya ha regresado para acabar de preparar el inicio de lo que será el juicio.

A 105 kilómetros, en la sede de Juntas Generales de Gipuzkoa, el encuentro de los partidos dura alrededor de una hora y transcurre con cordialidad. A él asisten, Helena Franco y Errazkin, pero no todas las formaciones ni todos los portavoces; a algunas como Aralar, por las fechas, les coge fuera del territorio y por teléfono dan conformidad a la decisión adoptada, y en el caso del PSE, tiene que acudir Julio Astudillo. De la reunión sale una única postura: “hay que seguir adelante”. Una decisión que más tarde conocería el abogado de Bravo. Una de las dos patas se derrumbaba y dejaba en un lugar muy comprometido a la Fiscalía. Las llamadas y los movimientos habían servido de poco. Sin el acuerdo con las dos acusaciones, el juicio seguiría adelante. La tarde se preveía larga. El abogado de Bravo no estaba para nadie. Se encerró en su despacho durante más de cinco horas. No recibió ni visitas ni llamadas. El epicentro era el futuro de José María Bravo. “Ahora sí que hay que dejarlo todo atado y bien atado”, indicaban fuentes del despacho.