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Redada contra un fraude de gasóleo turco de 50 millones

Un empresario de Pontevedra, propietario de una compañía de distribución de carburantes, y otras cuatro personas fueron detenidas

Un empresario de Pontevedra, propietario de una compañía de distribución de carburantes, y otras cuatro personas, dos de ellas en Sanxenxo, fueron  detenidas en una operación de gran calado de ámbito nacional contra el fraude de gasóleos y facturas falsas de IVA. La operación denominada Petronor, coordinada desde el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se desplegó simultáneamente el pasado miércoles en varias provincias españolas y continúa abierta.Por el momento no han trascendido datos sobre el alcance de la redada ni tampoco hay confirmación oficial de que en ella estuviese presuntamente implicada la compañía petrolífera española con cuyas siglas fue bautizado el operativo policial.

La Brigada de Delitos Económicos de la Guardia Civil investiga el que podría ser el mayor fraude económico derivado de la venta ilegal de carburantes ya que sólo en Galicia la estafa se estima en 50 millones de euros.Las diligencias se han declarado secretas. El fraude consistiría en la importación desde Turquía de gasóleos sin refinar que se vendían en varios puntos del territorio español a un euro menos que el precio medio del carburante en las gasolineras.

El fraude del IVA detectado podría corresponder al tipo denominado carrusel, según las fuentes consultadas, en el que aparecen varias empresas implicadas que, en la mayoría de los casos, son ficticias. Esta repercusión en cadena del fraude es el más complejo de detectar por las dificultades de llegar a la empresa matriz que vende las mercancías y después al resto que colaboran.

El empresario detenido era vecino de la localidad de San Pedro de Cerponzones, donde tiene la residencia familiar. Comenzó como transportista de mercancías hasta que montó su propio negocio de distribución de carburantes. En Sanxenxo fueron detenidas otras dos personas vinculadas con una gasolinera donde la Guardia Civil se incautó de abundante documentación, negocio con el que estaría relacionado el empresario pontevedrés arrestado. Después de ser interrogados en la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, algunos de los detenidos quedaron en libertad con cargos aunque tendrán que declarar como imputados ante el juez instructor Fernando Andreu.

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