"El recorte del Gobierno es inasumible para la educación pública"

El Ministerio de Educación y los responsables de enseñanza de las comunidades autónomas celebran este lunes en Madrid una reunión sectorial en la que se espera que el Gobierno detalle los recortes, los contenidos en los Presupuestos y el adicional de 3.000 millones anunciado la semana pasada. Francisco Álvarez de la Chica (Granada, 1960), consejero en funciones de Andalucía, espera que el ministerio también escuche las propuestas de las autonomías.

Pregunta. ¿El sistema de enseñanza público de Andalucía puede asumir el nuevo recorte?

Respuesta. El recorte que ha planteado el Gobierno para toda España es inasumible para la educación pública. La educación pública va a ser demolida de forma brutal. El planteamiento que se hace tiene tal impacto que volveremos a un sistema como el de antes de la democracia.

P. ¿Conocen el impacto económico de los nuevos recortes?

R. Todavía no tenemos los datos precisos, pero sabemos qué impacto tendría subir dos horas más de clase a los profesores con carácter general y la ampliación del número de alumnos por aula. Estaríamos hablando de al menos 15.000 profesores menos. Hay medidas que tendrían carácter inmediato, como la obligación de prescindir del personal eventual, para que con el personal funcionario se asistiera al conjunto del sistema. En Andalucía disponemos de algo más de 13.500 interinos ahora. Pero estoy convencido de que habrá más medidas, como bloquear que las jubilaciones se puedan cubrir. Por lo tanto, estamos hablando de que cada año entre 3.000 y 4.000 profesores dejarían de ser sustituidos. De ahí, la cifra de 15.000.

P. ¿La supresión de esos docentes qué ahorro supondría?

R. Más de 400 millones.

P. ¿Por dónde se puede recortar más?

R. Necesitamos conocer el marco normativo que impondrá el Gobierno. Tampoco sabemos cómo será el impacto para nuestro sistema, donde la proporción de la pública es distinta del resto del país. Eso sí, en la misma proporción en la que haya que reducir en la enseñanza pública habrá que reducir la enseñanza concertada. Y las medidas que se tomen sobre ratio o de otra naturaleza tendrán que tener el mismo impacto en la concertada. No vamos a permitir incrementar 10 alumnos por aula en la pública y no hacerlo en la concertada.

P. ¿Por qué sospechan que el recorte vendrá por la reducción de docentes?

R. Porque no hay posibilidad de hacerlo en otros aspectos. No hay posibilidad de acopiar un número de millones de esa envergadura. Mientras en otras políticas como la sanitaria los dos grandes vectores de gasto son personal y farmacéutico, en educación básicamente es el capítulo 1. Tres cuartas partes del presupuesto están ahí. Además, el Gobierno lo ha dejado bien claro. Al aumentar el número de horas de clase, ¿el objetivo cuál es? ¿A ver si los niños tienen más amigos? No, es porque en vez de cuatro clases habrá tres. La reducción de clases conllevará una reducción de profesores. Ya hemos visto esas políticas: Madrid ha prescindido de 3.000 interinos.

P. ¿La reducción de clases supondrá que se cierren centros?

R. Es prematuro aún. Tendremos que ajustar plantillas y ver si nos ponen límites por abajo. Hasta ahora, los límites conocidos eran ratios hacia arriba. Es decir, se fijaba un máximo de 28 alumnos en primaria, sobre una ratio recomendada de 25. Pero nunca un mínimo. Es decir, si se establece un marco normativo en el que se diga que no podrá haber clases con menos de 10 o 15 alumnos, es evidente que habrá cierres.

P. ¿No hay una alternativa para no llegar a los despidos?

R. De la misma manera que una familia en lo último que decidiría reducir es en la educación de su hijo o en su salud, yo no admito que un Gobierno decida que el tajo más grande sea para esas áreas. ¿No hay en otro sitio en el que obtener recursos? ¿Ya asumimos como país que hay que recortar ahí? ¿Por qué baja el presupuesto de educación un 22% y el de defensa solo un 8%? ¿Es más fácil para un país prescindir de profesores que de personal en las Fuerzas Armadas? Esa pregunta debe de ser respondida por el Gobierno. Tenemos 12.000 millones de euros para comprar aviones Eurofighter. ¿Los 38.000 millones que hay de beneficios fiscales son asumibles? ¿No habría que pedir que ayuden los que más beneficios fiscales obtienen?

P. ¿Qué esperan de la reunión sectorial con el ministerio?

R. Que el ministerio no vaya con las decisiones tomadas. Espero que se escuche a las comunidades, que no vayamos a un trámite. Si vamos solo a un trámite, Andalucía se reserva el derecho, no solo de opinar, sino cualquier otro que en el amparo jurídico nos proteja.

P. Luego, se plantearían acudir incluso a los tribunales.

R. Sin duda. Si hubiera margen haríamos lo que otras comunidades ya han anunciado, como el País Vasco e incluso Cataluña.

P. ¿Llevarán alternativas?

R. En el sector educativo los márgenes de recorte son muy estrechos. Se pueden reducir algunos programas. Ya se ha liquidado por parte del ministerio el programa de 0 a 3 años, que supone que Andalucía no va a construir en el futuro 10.000 plazas de oferta pública. Han decidido acabar con ese programa con una justificación que no se sostiene: que esta etapa es asistencial. Todo el mundo sabe que esa educación tiene un vector asistencial pero también otro educativo. Vamos a plantear que no es asumible un recorte de esta naturaleza. A lo mejor algunos programas se pueden dilatar, pero el incremento de alumnos y horas no es posible.

P. ¿Estarían dispuestos a reducir sueldos para evitar despidos?

R. Andalucía no lo puede hacer sola. Lo tendría que decidir el Gobierno.

P. ¿La Junta detraerá fondos de otras partidas para compensar los recortes en educación?

R. Hasta ahora, lo que ha hecho el presidente ha sido pedir la máxima colaboración al conjunto de consejerías para que la educación no se viera afectada, o se vea afectada lo menos posible. Y esa es una convicción que es inalterable en el presidente de la Junta.

P. ¿Este año se congelarán las plazas de infantil de 0 a 3 años?

R. Nosotros hemos llegado a nuestro compromiso de 100.000 plazas. Supone aproximadamente una plaza por cada tres niños, que es lo que recomienda la UE. Es una etapa voluntaria y los niveles de demanda crecen en los dos últimos años, pero son muy bajos entre 0 y 1. Ahora dejamos de construir. Lo que tendremos que hacer es mantener las 100.000 plazas y las ayudas.

P. ¿Se repartirán portátiles?

R. No lo tenemos todavía claro. Lo que nos dice PISA, OCDE y Unesco es que la tecnología no puede estar ajena al sistema educativo. En los centros se está incrementando la elección de los libros digitales. No es porque lo estemos imponiendo, sino porque los centros se están adaptando a una realidad que es vertiginosa. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ese programa tenía varias vertientes: formación del profesorado, el equipamiento del ordenador para los alumnos y la digitalización de las aulas. En la digitalización de las aulas hemos avanzado mucho, es algo costoso, supera los 6.000 euros por aula. Pero tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Pero, desde luego, no vamos a extinguir la tecnología en la educación.

P. ¿Se plantean suprimir la gratuidad de los libros de texto?

R. No. Los libros de texto están recogidos como un derecho en el Estatuto de autonomía. En Andalucía no hay una ley más importante que el Estatuto, que también votó el PP.

P. ¿Se eliminará servicios como el transporte o el comedor?

R. Creo que ahí, aunque depende de la Administración tributaria, habría que hacer una mayor vigilancia de los beneficiarios.