Sanidad castiga a los laboratorios que pactaron con Andalucía

El Ministerio de Sanidad ha cumplido su amenaza con los cuatro laboratorios que firmaron con la Junta de Andalucía el convenio de adjudicación de la subasta de fármacos. El departamento que dirige Ana Mato ha informado a las empresas (Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo) de que revisará sus precios para que la rebaja que ha pactado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se extienda a toda España.

Sanidad ha informado a estas cuatro empresas (pequeños laboratorios no asociados a las grandes patronales) del inicio de un procedimiento para “la reconsideración de las condiciones de financiación y, en su caso, de dispensación” de los medicamentos que cada uno ha acordado con la Junta. El ministerio apoya su decisión en el artículo 91.2 de la ley de garantías y uso racional del medicamento, que establece que “el precio de un fármaco podrá ser modificado cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica”. El departamento de Ana Mato entiende que el convenio firmado entre estos laboratorios y la Junta fija un nuevo escenario que le faculta para rebajar de oficio el precio de estos medicamentos.

Las Junta estudia acciones judiciales contra el departamento de Ana Mato

Las empresas a las que el Gobierno castiga fueron las únicas que acudieron a la firma del acuerdo con el SAS el pasado 23 de marzo, a 48 horas de las elecciones autonómicas, cuando la victoria del PP por mayoría absoluta parecía el único resultado posible. En el concurso público puesto en marcha por la Junta resultaron seleccionados 11 laboratorios, pero siete de ellos dieron plantón a la Junta, que denunció que las empresas habían recibido “presiones y amenazas” de altos cargos del PP y del Gobierno central hasta el extremo de que, según el Gobierno andaluz, algún laboratorio llegó a viajar a Sevilla para suscribir el acuerdo y se dio la vuelta sin firmarlo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy negó haber ejercido presiones, pero las empresas que sí acudieron contaron a la Junta que habían sido advertidas de que, si seguían adelante, les obligarían a bajar sus precios hasta dejarlos al nivel de los ofrecidos a Andalucía. La consejera andaluza en funciones, María Jesús Montero, no tiene dudas de que el procedimiento iniciado ahora corrobora la versión de los laboratorios. “Sinceramente, yo pensaba que, una vez que lo denunciáramos, el Gobierno no iba a poner de manifiesto que todo era cierto”, señaló Montero en declaraciones a este periódico.

Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el asunto para valorar la posibilidad de llevar al ministerio a los tribunales. “Es lamentable que se boicoteen así las medidas de eficiencia que intenta activar Andalucía. Si creen que invade sus competencias, que lo recurran, pero lo que están haciendo es torpedear el trabajo de una Administración que está buscando medidas de eficiencia”, lamentó Montero. La Junta preveía ahorrar hasta 200 millones de euros al año (40 millones en la primera fase) con la subasta de los principios activos más consumidos, pero la medida está ahora en el aire porque el Gobierno ha anunciado la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

La ministra Ana Mato, en declaraciones a los periodistas después del consejo territorial de Dependencia, confirmó el objetivo de su departamento: “Ya que están dispuestos a bajar el precio para Andalucía, que lo bajen para todos”, señaló Mato, informa Carmen Morán. Para Andalucía, esta actitud supone una intervención “ilícita” en las reglas del mercado. Las empresas que se presentaron a la subasta andaluza ofrecieron al SAS una mejora económica sobre la base de que le comprarían un número mínimo de envases al año (variable para cada medicamento). Pero si tienen que reducir su precio para el resto del país sin ese compromiso mínimo de venta, no les saldría rentable.