El PSOE quiere evitar el jurado popular para el delegado de la Xunta en Ourense

Los socialistas tratan de impedir que el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, sea juzgado por un tribunal popular. El hombre de confianza de Feijóo en Ourense será acusado formalmente en una vista que se celebrará antes de tres meses por su actuación con los fondos comunitarios de la UE durante una época en la que era lcalde de Arnoia y presidente de la asociación de desarrollo local Ceivam.

 Por esa misma gestión de las subvenciones europeas, Martínez ya fue condenado en firme por la Audiencia de Madrid que, en 2009, consideró probado en sentencia firme que había certificado obras inexistentes con cargo a partidas europeas y lo obligó (a él y a sus socios, todos ellos imputados) a devolver más de 50.000 euros ingresados irregularmente por la asociación que presidía el delegado.

El máximo representante de la Xunta en Ourense se sentará en el banquillo ya que la Audiencia Provincial (a instancias de los recursos de PSOE y BNG) ha instado al juez de Ribadavia a que continúe con la instrucción de este caso que había decidido cerrar. El magistrado de Ribadavia consideraba, como el Ministerio Fiscal, que los delitos que le imputa la acusación a Martínez — malversación, falsedad en documento público, prevaricación y fraude en subvenciones— habían prescrito. 

Recursos

Además, el juez no veía entonces indicios delictivos en la actuación del superdelegado con los fondos comunitarios, por lo que decidió archivar la causa. Tras recibir hace unos días el auto de la Audiencia Provincial en el que se le insta a que continúe el proceso, detalla que “los indicios existentes encajarían en todo caso en un delito de malversación de caudales públicos” y en el de “falsedad documental”, ambos incluidos en la Ley del Tribunal del Juzgado, por lo que acuerda que Martínez y sus socios de Ceivam sean juzgados por un tribunal popular.

Los socialistas han recurrido también esta última decisión del juez de Ribadavia. Consideran que el delegado debe de ser juzgado, además de por esos dos delitos, por los de prevaricación y fraude en subvenciones públicas. Este último no está incluido en la Ley del Tribunal del Juzgado, por lo que el letrado del PSOE reclama que se siga el “curso abreviado”. Esto es, que el superdelegado sea juzgado por magistrados.