Las grandes ciudades recibirán mil millones para pagar a proveedores

En los cajones de los principales ayuntamientos de Andalucía reposan decenas de miles de facturas de proveedores pendientes de pago, en algunos casos desde hace casi una década. Los mayores municipios de Andalucía -entendiendo como tal todos aquellos con más de 100.000 habitantes- han pedido al Estado conjuntamente un total de 988,6 millones de euros, a los que se suman los 22,7 millones que han solicitado las diputaciones de Huelva y Granada.

Este montante, que equivale al presupuesto de la ciudad de Sevilla para un año entero, viene sujeto a la elaboración de un plan de ajuste en cada consistorio para reducir la deuda. Solo Jerez prevé despedir a 390 empleados públicos mediante un expediente de regulación de empleo (ERE). En Sevilla, el Ayuntamiento presidido por Juan Ignacio Zoido (PP), contempla cerrar la sociedad de la televisión local Giralda TV y la agencia de desarrollo local Sevilla Global, donde trabajan 61 empleados.

El resto de municipios ha preferido rebajas y congelaciones salariales y amortizar los puestos de empleados que se vayan jubilando y prejubilando. También se generalizan las subidas de tasas. Entre los mayores municipios andaluces, solo Málaga capital y Dos Hermanas (Sevilla) han rechazado acogerse al plan de pagos a proveedores de las entidades locales del Real Decreto 4/2012. Málaga siempre ha presumido de pagar a sus suministradores de obras y servicios en plazos inferiores a los legales y Dos Hermanas no tiene casi deuda.

Los planes de ajuste de los grandes municipios andaluces para recibir los fondos del crédito ICO para pagar a los proveedores de bienes, obras y servicios son leoninos. La mayoría de los municipios contempla medidas para reducir los gastos —generalmente la amortización de puestos de trabajo de personal que se va jubilando y la congelación de sueldos— y para aumentar los ingresos —desde el aumento (los alcaldes prefieren el término actualización) del Impuesto de Bienes Inmuebles, a una mayor eficacia en la recaudación fiscal pasando por aumentar el importe de las multas.

Jaén reducirá su plantilla y Granada tendrá menos transporte público

Jerez es la ciudad andaluza que más dinero ha solicitado al Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago a proveedores con facturas pendientes anteriores al 1 de enero de 2012: 328 millones de euros para abonar 12.999 facturas. Este municipio gaditano presenta unas condiciones económicas terroríficas: una deuda que en 2011 alcanzó los 958,7 millones de euros y unos servicios municipales prácticamente paralizados. El plan de ajuste planteado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, del PP, prevé el siguiente ritmo de ahorro hasta 2022: dos millones de euros este año, 94 millones en 2013, y 100 millones entre 2014 y el año final del plan. Jerez no subirá los impuestos y tasas locales, y las medidas más duras se reservan en los gastos de personal: además de los 390 despidos del ERE, se reducirá un 40% la estructura directiva del Ayuntamiento.

Jaén sigue a Jerez en la lista de solicitantes: 201 millones de euros, lo que la convierte, después de Madrid, en la segunda capital española con mayor deuda. En los próximos 10 años se suprimirán 300 puestos de trabajo de una plantilla claramente sobredimensionada, con 1.486 empleados. El Ayuntamiento, en la UCI, según su alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), revisará el catastro para obtener ocho millones de euros anuales más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aumentará el impuesto de vehículos y tratará de subir el importe de las multas de tráfico.

El plan de ajuste de Granada, para pagar 107 millones de euros a los proveedores, contempla una subida del IBI del 10% y aumentos del 7% en las tasas de basura y limpieza urbana hasta 2017. En el lado del gasto, se amortizan 47 plazas vacantes en el consistorio, se elimina la paga de productividad y se reorganizan organismos autónomos y entidades locales. El Ayuntamiento prevé reducir en un 20% el número de kilómetros que realiza anualmente la empresa de transporte público municipal.

Huelva pretende ahorrar 300 millones de euros en la próxima década reduciendo la jornada laboral

En Algeciras (Cádiz) se liberarán 89,7 millones para que 541 proveedores empiecen a cobrar un total de 4.485 facturas. El Ayuntamiento, gobernado por José Ignacio Landaluce (PP), es de los pocos que no plantea ni subida general de tasas ni despidos. El ahorro se logrará cubriendo solo el 50% de las bajas que se produzcan en la próxima década, además de por una contención en la inversión pública. En una ciudad en la que solo se consigue recaudar el 70% de lo previsto cada año, la clave estará en reforzar los mecanismos de cobro de impuestos. Cinco nuevos funcionarios se incorporarán al servicio de recaudación e inspección.

En Huelva, el consistorio ha solicitado 83 millones de euros para pagar a 845 proveedores. En la capital onubense, el plan de ajuste contempla un ahorro de 300 millones de euros en 10 años. Aunque no se contempla ningún despido, durante los próximos 24 meses el personal laboral e interino sufrirá una reducción del 20% de su jornada de trabajo. Además, los gerentes de las empresas municipales verán reducido su sueldo hasta un máximo de 46.000 euros brutos anuales. En la provincia de Huelva, la Diputación ha solicitado también 15 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Cádiz ha solicitado 71 millones al Estado y Sevilla 59,6. El resto de las ciudades de más de 100.000 habitantes que recurren al plan de pagos son Córdoba (25 millones), Almería (14,2) y Marbella (12,2). En la mayoría de estas localidades se plantean congelaciones salariales y reposiciones nulas o ínfimas del personal que se va jubilando.