El plan de ahorro que Metro esconde

Una ciudad debajo de la ciudad. Más de 300 kilómetros de red que 2,5 millones de viajeros recorren a diario, como si todos los habitantes de la provincia de Valencia descendieran por las escaleras mecánicas para moverse de un rincón a otro de Madrid. El metro, seña de identidad de la capital desde hace más de 90 años, aspira a convertirse ahora en un escaparate publicitario, con la estación de Sol convertida en un laboratorio de pruebas forrada de arriba abajo con una campaña de promoción de un móvil. Se buscan “fórmulas imaginativas” (a decir del consejero de Transportes, Pablo Cavero, que llegó con la consigna de reducir gastos sin subir tarifas) para conseguir ingresar o ahorrar dinero. Al suburbano le pasa como a cualquier familia en estos tiempos: necesita apretarse el cinturón.

El objetivo es recortar unos 150 millones de forma progresiva, 50 lo antes posible. ¿Para qué? Para intentar, como ha pedido la presidenta, que las tarifas no suban, algo que cada vez suena más irreal. Por los despachos de la empresa pública ­ -entre ellos el del consejero delegado y principal responsable de Metro, Ignacio González Velayos- circula un documento con propuestas de “impacto mediático”, según alerta el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. Elaborado por directivos y exdirectivos de la casa (Metro redujo el organigrama a la mitad en enero) supone hasta 62,5 millones menos de gasto en un presupuesto de 1.233 millones. Las propuestas están graduadas de menor a mayor “riesgo”.

Las más extremas son reducir la vigilancia a la mitad, recortar en limpieza o cerrar el suburbano dos horas antes por las noches. El ajuste, en su vertiente más extrema, supondría despedir a casi un millar de empleados de subcontratas y reubicar a 174 trabajadores de Metro.

Oficialmente la empresa no hace ninguna valoración ni aclara si acometerá las medidas del documento: el plan de ahorro (tres palabras que los altos cargos repiten como un mantra) se conocerá oficialmente cuando el consejero de Transportes lo presente en la Asamblea de Madrid. Hasta entonces, han desgranado solo algunas medidas menores (sin ofrecer cifras) con un efecto modesto en sus arcas: menos dinero para alquiler de sedes, subasta de locales y reducción de altos cargos. Basta echar un vistazo a las cifras.

Más de un tercio del presupuesto de Metro se destina a sueldos y gastos de personal, otro tanto a alquileres (sobre todo de trenes y estaciones en régimen de concesión), el 15% se va en suministros, 50 millones en limpieza y 80 en seguridad. Las primeras medidas avanzadas por el anterior consejero de Transportes, Antonio Beteta, apenas reducen esos grandes números. Metro gasta dos millones anuales en alquiler de locales. Su intención es trasladar a todo el personal posible a los terrenos de la empresa en San Blas. Y la reducción de la cúpula supone un ahorro estimado de 600.000 euros, según indica oficialmente la compañía, que no desglosa el dato. Parte de los desplazados se quedan en Metro (sin incentivos pero con sueldo) y hay fichajes que vienen de la empresa privada por más de 100.000 euros en algunos casos. Responsables del propio suburbano ponen en duda que el ahorro sea tal. Lo comido por lo servido.

El segundo plan que Metro ha exhibido hasta ahora pretende conseguir dinero externo. La Comunidad de Madrid aspira a convertir el suburbano en un escaparate. El primer intento lo escenificó en la estación de Sol, bautizada con el nombre de un móvil durante un mes. Preguntado hasta 13 veces durante la presentación, el consejero Pablo Cavero evitó aclarar cuánto ha pagado la empresa de telefonía por forrar de arriba a abajo la estación más emblemática de Madrid. Según fuentes del sector publicitario, podría suponer entre 120.000 y 150.000 euros.

Más allá de esta primera prueba, que emula fórmulas empleadas en Nueva York o Lisboa, tantean otras opciones. “¿Por qué la línea 2 de Metro, que es de color rojo, no la puede patrocinar el Banco Santander, igual que patrocina la Fórmula 1?”, se preguntaba el vicepresidente madrileño, Ignacio González, en mitad del debate sobre el uso de espacios públicos como soporte publicitario de iniciativas privadas. El consejero también ha apuntado, sin dar mucho detalle, la opción de cobrar a grandes superficies por tener una estación cerca.

Si las cuentas ya eran complicadas, el Gobierno estatal puso una última puntilla el martes con la presentación de los nuevos presupuestos. El Ministerio de Fomento reduce una cuarta parte la aportación anual al Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,8 millones. Es el dinero que la Comunidad de Madrid destina a compensar el precio del trayecto. Por cada 10 euros de trayectos, el viajero paga cuatro y el resto lo cubren las Administraciones. El Gobierno regional esperaba conocer esta cifra para ajustar sus cuentas y decidir si este año sube o no el billete, algo que dan por descontado desde el sector después de la rebaja de Fomento.

Frente a este escenario, el informe elaborado en noviembre dibuja otras fórmulas para intentar asegurar que “no se produce una pérdida significativa en la calidad del servicios ofrecido a los ciudadanos ni una merma irreversible en la mantenibilidad [sic] de la red actual”.

Primera medida: cerrar el metro a las doce de la noche en lugar de a las dos de la mañana. O todos los días o solo de domingo a jueves, lo que hace que el ahorro oscile entre cuatro y seis millones de euros. Eso, según el documento, afectaría a 12 millones de viajeros (de los 633 millones anuales que recorrerán la red, según las previsiones) que tendrían que desplazarse en autobús nocturno, con un refuerzo en la red de los llamados buhometros. La opción más extrema de las propuestas graduales contempla despedir a 691 vigilantes de la red, dejando la seguridad a la mitad, recortar la limpieza de las noches “del mes actual a tres meses” y reducir el número de trabajadores que limpian por las mañanas, con hasta 7,5 millones de ahorro. Contempla que el personal de Metro asuma el mantenimiento de los trenes o bajar el aire acondicionado, aunque modificar las temperaturas puede suponer “caídas en la calidad del servicio percibida por los clientes y potenciales reclamaciones”. El eco de las medidas preocupa a los autores del informe que alertan de “los riesgos mediáticos que entraña” parar trenes contratados para extensiones aún no abiertas, como la ampliación de la línea 3 (la amarilla) hasta El Casar. La propuesta incluye vender los trenes más antiguos de la red o renegociar los contratos de alquiler de vagones (271 millones), ampliando el plazo de amortización o pasando directamente la factura a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, para que no compute en las cuentas de Metro.