El salto de Jordi al lado oscuro

José Javier Martín Pujal era en 2005 un inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) curtido por la experiencia, conocido por tener un carácter un tanto difícil, pero también por su valía. En noviembre de ese año, con la llegada de los Mossos d’Esquadra a Barcelona, la policía nacional sufrió importantes cambios, uno de los cuales situó a Martín en una jefatura contra la inmigración ilegal. Desde su nuevo puesto, y durante casi dos años, luchó contra las redes que explotaban a mujeres en prostíbulos como el Riviera y el Saratoga, en Castelldefels (Baix Llobregat). Sus esfuerzos se toparon con un obstáculo insalvable: sus propios jefes recibían dinero y regalos de los proxenetas para alertarles de las redadas.

Algo ocurrió en la mente del inspector Martín durante los 20 meses que siguieron a su nombramiento. Quizá fue la frustración. O la tentación del poder y el dinero fácil. Pero se pasó al lado oscuro y se convirtió en Jordi. Este fue el nuevo alias en el caso Riviera y Saratoga para quien dejó de ser un recto inspector y se puso al frente de esta historia de corrupción policial y proxenetismo, destapada en 2009 y cuya investigación ha llegado ahora a su fin.

El fiscal pide cárcel para 20 imputados, entre ellos seis mandos y agentes del CNP, siete personas vinculadas a los burdeles —precintados desde entonces— y tres abogados. El antiguo inspector Martín afronta la máxima pena: 44 años de cárcel por varios delitos de extorsión y cohecho pasivo.

La transformación del policía que recoge el escrito de la fiscalía debió de gestarse el día que lanzó, sin avisar, una operación en el club Riviera. Pilló a 15 prostitutas en situación irregular y una menor explotada sexualmente. Pero su jefe, el inspector Abundio Navas, no le felicitó, sino que le ordenó que detuviera solo al director de sala y que, al día siguiente, lo dejara en libertad sin más.

Martín, inoportuno, pidió unas explicaciones que obligaron a su superior a dejarle las cosas claras: no debía, bajo ningún concepto, volver a poner los pies en el Riviera. Perplejo, el inspector se armó de valor y, ocho días más tarde, realizó otro control, esta vez en el club Saratoga, situado frente al Riviera. Esa vez el inspector no halló ninguna irregularidad; una hora antes de la llegada de sus hombres, el encargado del burdel había hecho desaparecer a todas las mujeres sin papeles contratando una flota de taxis, que fue ayudada por varios coches patrulla.

Ante los “obstáculos y dificultades” que encontraba a cada paso, recoge el escrito de acusación de la fiscalía, Martín “empezó a tener sospechas fundadas” de que las filtraciones salían desde la propia policía. El hombre, que ahora tiene 51 años, decidió abrir una investigación interna. Al mismo tiempo, los capos del entramado celebraron una reunión en la que acordaron cortarle las alas. El comisario Luis Gómez, que afronta una petición de cárcel de 17 años, fue quien le acabó de convencer para que lo dejase correr.

Entre 2006 y 2007, el inspector fue mudando de papel. Se puso de acuerdo con tres abogados, también acusados, para que hicieran de “intermediarios” entre la policía y los dueños de los prostíbulos. El papel de los letrados era amedrentar a los empresarios del sexo con inspecciones y pedir sumas de dinero “desorbitadas” para evitarlas.

En junio de 2007, un año y medio después de la redada del Riviera por la que fue abroncado, Martín ya estaba totalmente en el lado oscuro y quiso desbancar a los policías corruptos que habían frenado sus investigaciones para pasar a dirigir él mismo el entramado. Dio el paso en una reunión con los dueños del Saratoga, Carmelo Sanz y Raúl Pascual, en el hotel Fira Plaza de Barcelona. Allí les hizo una oferta que era un ultimátum: o recibía una “compensación económica” o sometería al club a un hostigamiento policial que crearía “muchos problemas”.

“Si vas con trabajo, Jordi, nos jodes, tenemos que cerrar el negocio”, dijo Sanz. “Llegamos a un tipo de acuerdo y ya está, ya nunca te vendré con trabajo”, contestó el inspector, que le ofreció una rebaja de precios. “La mitad de lo que le dabas al otro, sería una cosa razonable, porque voy a evitar varias cosas; te voy a proteger los dos sitios. Me parece que él cobraba mucho y hacía poco”. La negociación culminó, supuestamente, con un acuerdo: Jordi recibiría 3.000 euros al mes.

Lo que Jordi no sabía es que Sanz, aconsejado por su abogado, había grabado la conversación en un DVD y denunciado los hechos ante la fiscalía. Ambos concertaron una entrega de 3.000 euros en el hotel, que fue controlada por la Guardia Civil. El inspector llegó conduciendo un Renault Megane propiedad del CNP. Le dijo al empresario que dejara el sobre con el dinero encima de la mesa. Después lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y salió a la calle. Los agentes del instituto armado le anunciaron que estaba detenido y Jordi trató de darse a la fuga. Se deshizo del sobre, pero no logró escapar.

Pero en esta sucia trama, ni siquiera aquella maniobra fue limpia. Según la fiscalía, fue una acción de despiste. Los empresarios quisieron “aparentar” buenas intenciones ante la fiscalía, aunque “el verdadero móvil era desembarazarse” de Martín para evitar tener que pagar a otro policía. Con los mandos que les extorsionaban ya tenían suficiente. Los amos de los prostíbulos, de hecho, habían intentado resistirse al control policial desde el principio. En 2002, una redada descubrió 22 chicas ilegales y cámaras ocultas que grababan a los clientes, según el fiscal. El perjuicio económico fue tal que los amos del Saratoga acordaron pactar.

El fiscal contra la corrupción y el crimen organizado, Fernando Bermejo, ha elaborado su escrito de acusación, en el que Martín afronta la máxima pena: 44 años. Para el que fue su jefe, Navas, el fiscal pide 22 años. Y para el comisario que le instó a tener las manos quietas, y que era responsable de la brigada de extranjería y documentación, otros 17.

El fiscal les acusa de los delitos de cohecho, revelación de secretos, asociación ilícita, coacciones y favorecer la prostitución. “Abusaron de su condición de mandos” para obtener dinero y regalos; entre otras cosas, relojes de lujo, estancias en hoteles, lotes navideños. Incluso sufragaron una operación estética de la hija de uno de los policías. En esos pagos usaban como intermediario a un confidente al que el fiscal propone como testigo y que está siendo investigado por tráfico de drogas en otro juzgado de Barcelona.

El fiscal acusa a los abogados de extorsionar a varios locales de alterne y pide 20 años para uno de ellos. Las penas para los dueños de los burdeles van de 4 a 18 años. En la causa también está imputado el inspector de los servicios técnicos del Eixample Manuel M. M., para el que se piden 19 años, por avisar de inspecciones administrativas a burdeles de Barcelona, de la mano del también acusado Joaquín Quílez, que afronta 20 años de cárcel.