El 90% de municipios pierde ayudas para atender ancianos en el hogar

En menos de medio año, la ayuda en el hogar que los municipios prestan a sus vecinos, con dependencia reconocida o no. pero, en todo caso, con probadas dificultades para valerse por sí mismos en acciones cotidianas, ha experimentado como pocos servicios el azote de la sequía en las arcas de la Administración. El último contratiempo, que ha pillado a muchos municipios tratando de cuadrar los presupuestos para 2012, llega de mano del decreto 99/2012, publicado en el Diario Oficial de Galicia el viernes 30 de marzo, que acota la aportación de la Consellería de Benestar a todos los trabajadores sociales y excluye al resto de personal de las unidades de intervención social (UTS) básica —psicólogos, pedagogos, logopedas o auxiliares de cuidados— en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, un gasto que la Xunta delega en las diputaciones. Y estas, ante la exigencia de un esfuerzo extra, no esconden su malestar, cuando no serias dudas sobre su capacidad de atender a más del 90% de los municipios (293 de 315), una demanda que es ingente en las dos provincias más rurales, Lugo y Ourense, donde solo las dos ciudades superan el número de vecinos marcado para recibir este apoyo económico de la Xunta. Ni Pontevedra ni Ourense contribuían hasta ahora a la financiación de los servicios sociales en los ayuntamientos.

 “De nuestra parte van a recibir 600.000 euros [100.000 más que en 2011], y con esa cantidad no se cubren los gastos”, advierte Antonio Veiga, el vicepresidente de la Diputación lucense. El dirigente nacionalista estima que se necesitarán unos 2,5 millones de euros para mantener el servicio en la provincia. La ayuda que reciben los no dependientes, la llamada de libre concurrencia, es la que más peligra por los recortes, mientras el resto sufre las estrecheces del Plan Concertado. Veiga adelanta que el presupuesto en Lugo “es limitado”.

En los municipios llueve sobre mojado: Benestar ya recortó tres millones de euros del Plan Concertado para servicios sociales a finales de 2011, una cantidad adelantada por los gobiernos locales para los servicios a dependientes, que no pudieron recuperar. Las consecuencias pronto se dejaron notar, vía modificación de las ordenanzas municipales que regulan el copago por parte del usuario. Barreiros (Lugo) modificó la suya y duplicó el precio por hora de atención, que pasó de seis a 12 euros. Tanto dependientes como no dependientes —en espera, por ejemplo, de su Programa Individual de Atención, un trámite que suele demorarse— pagan un porcentaje del coste del servicio en función de sus rentas.

No mucho más animados están los ánimos en la Diputación de Pontevedra, que por ahora carece de las ayudas que le pide la Xunta. Uno de sus portavoces reconoce que la exigencia de Benestar supondrá “un gran esfuerzo”, un desembolso parecido al que admite la de Lugo, 2,2 millones de euros. “Las diputaciones están asumiendo competencias de ámbito autonómico, por ejemplo la Ciudad Infantil Principe Felipe de Pontevedra. Esta es la prueba de que necesitamos clarificar las competencias de las administraciones”, reprochan. Precisamente a la delimitación de las obligaciones de ayuntamientos, diputaciones y Gobierno autónomo apela Benestar para explicar el espíritu del decreto, que pondrá fin, según la consellería, a las duplicidades entre las ayudas de la Xunta y las de las diputaciones que las ofrecen. En la de Ourense, la entrada en vigor de las nuevas reglas coincide, paradójicamente, con la reciente decisión del ente provincial de suprimir las ayudas al servicio de teleasistencia para ahorrar. Era la única subvención de este tipo que recibían los municipios.

La diputación que preside Diego Calvo, la de A Coruña, es la que más aliviada recibe las nuevas condiciones de financiación. El ente mantiene convenios para sufragar gastos de ayuda a domicilio con los municipios más pequeños desde hace años, y ha aumentado su partida de los 517.043 euros de 2011 a 1.464.437 de este ejercicio. “Este año se ha hecho un importantísimo esfuerzo en el presupuesto debido al aumento de esta demanda”, subraya un portavoz de la institución provincial.

Ourense acaba de suprimir ayudas para teleasistencia con el fin de ahorrar

La participación de las diputaciones en los gastos de los servicios sociales de titularidad municipal ya aparece “como prioritaria” para los ayuntamientos menos poblados en la orden del 22 de enero de 2009, pero la aportación de los entes provinciales fue siempre irregular. Esta norma incluía, además, una tabla de copago por el servicio que no distinguía entre aquellos usuarios que tenían reconocida su dependencia y los que no, un aspecto que el actual decreto, de rango superior, modifica: a partir de ahora, los municipios, que tendrán un plazo de 18 meses para adaptar sus ordenanzas al texto, aplicarán tramos de copago distintos para la ayuda a domicilio de dependencia y lo que se conoce como ayuda en el hogar de libre concurrencia, la que reciben los no dependientes.

Si la previsión de fondos autonómicos y provinciales no se anuncia muy halagüeña, tampoco lo es la que llega de Madrid. El recorte afectará no solo a los ciudadanos que esperan una valoración sobre su dependencia, sino también a aquellos que la tienen ya reconocida, porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha suprimido en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 283 millones destinados a las comunidades autonómas.

Ante tal panorama, los municipios hacen cábalas, que en algunos casos ya superan la mera conjetura. La alcaldesa de Forcarei, la popular Belén Cachafeiro, apuesta por una subida de las tasas que paga el que recibe la ayuda a domicilio. “Tenemos que hace recortes. Antes, la situación económica nos permitía ofrecer estos servicios por muy poco dinero, pero ahora entendemos que la mayor parte deben ser financiados por los usuarios, salvando a las personas sin recursos”, explica la regidora. De las arcas del municipio pontevedrés, de poco más de 5.000 vecinos, salían hace un año 5.000 euros mensuales para ayuda en el hogar que han quedado reducidos a 1.500. No conoce, ni por aproximación, qué cantidad recibirá de la Diputación. En Monterrei (Ourense), el gobierno local (PP) ha reducido horas de atención para evitar exclusiones.

El envejecido municipio de Ourol, gobernado también por el PP, es otro de los que mira con preocupación el nuevo decreto. En 2011 recibió 47.724 euros de la parte autonómica del Plan Concertado, tanto para ayuda en el domicilio a dependientes como de libre concurrencia. La Diputación de Lugo aportó 6.180 euros más y la recaudación de los usuarios sumó 20.875. Por primera vez, la consellería de Beatriz Mato solo pagará el sueldo de la trabajadora social. Del de las cuatro auxiliares de ayuda en el hogar tendrá que hacerse cargo la institución provincial.

Lo que parece ya inevitable es un aumento de las tasas, al menos para los no dependientes, en las ordenanzas municipales que se aprueben en los próximos meses. “Es una demanda de los trabajadores sociales, porque los usuarios están pagando poco”, argumenta la trabajadora social de Mañón (A Coruña), que además cuenta con una animadora sociocultural pagada hasta el año pasado por la Xunta. En la otra cara de la moneda está Riotorto, en Lugo, que mantiene gratuito el servicio a costa de otras partidas, fundamentalmente culturales. “La Xunta lleva dos años amenazándonos con recortes si no cobramos”, dice el alcalde, Federico Gutiérrez Estoa, del BNG. El año pasado el municipio perdió 18.000 euros de Benestar.