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la situación económica

Los desahuciados en riesgo de exclusión recibirán un piso protegido de alquiler

Vivienda quiere que los afectados puedan acceder a la casa de forma “inmediata”

Sorteo de pisos de protección oficial en San Sebastián.
Sorteo de pisos de protección oficial en San Sebastián.

Un desahucio es un drama para todas aquellas familias que lo sufren, sin excepción, pero algunas consiguen sobrellevarlo mejor que otras. Para aquellas con mayores dificultades para salir adelante, el Gobierno establecerá en las próximas semanas la posibilidad de que, en el momento en que el banco se quede con su hogar, puedan recibir de forma inmediata una vivienda de alquiler del parque público.

Esta es una de las novedades que incorpora el plan de mediación que ultiman para este mimso mes dos departamentos del Ejecutivo —Justicia y Vivienda— y para el que se ha iniciado un proceso de diálogo con asociaciones de afectados y entidades bancarias. Se trata de lograr alcanzar un acuerdo a través de la mediación para realizar los pagos y, si el desahucio es inevitable, establecer vías para que estas familias opten de forma prioritaria a las viviendas de protección oficial.

Pagarán en función de su renta y podrán acceder a un piso en su misma comarca

Las familias en situación de riesgo de exclusión social que hayan perdido su vivienda serán las que se beneficien de este acceso directo a las VPO de alquiler, una adjudicación directa sin pasar por el habitual sorteo que hoy en día ya está al alcance de personas que han sido víctimas del terrorismo o de violencia de género. En el caso de riesgo de exclusión, el Gobierno promoverá “el acceso inmediato a una vivienda en alquiler del parque público”.

En el resto de casos de desahucio, se tendrá en cuenta esta realidad en la baremación que Vivienda prepara para acceder a los pisos públicos en régimen de arrendamiento. Hoy en día, estas se adjudican a través de sorteos. La medida para los desahuciados se incluirá en la orden que introducirá numerosos cambios en el funcionamiento de Etxebide y que la consejería ultima.

Los datos

  • Euskadi sumó 2.242 de los 58.241 expedientes de ejecuciones hipotecarias de España en 2011. La cifra supone un incremento del 14% respecto a 2010.
  • El Gobierno construyó el año pasado 1.117 viviendas públicas de alquiler.
  • El pasado ejercicio se desahució a 21 familias que vivían en pisos protegidos.
  • El Departamento de Vivienda todavía no ha realizado ningún proceso de recompra de las VPO —se puso en marcha en diciembre— de personas que, al perder su trabajo, no pueden afrontar los pagos.

El director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi, explica esta medida como una solución para los "supuestos extremos, para evitar que la gente se quede en la calle literalmente", pero elude señalar la cifra de desahuciados que se podrían beneficiar de esta alternativa. Yoldi apunta que son muchos menos que las ya de sobra conocidas cifras, que ponen números a una situación con tintes dramáticos: cada día entre seis y siete personas son desahuciadas. Yoldi aclara que estos datos “muestran situaciones muy distintas, también de desahucios de segundas viviendas o lonjas”.

Estos quedarán fuera de las vías alternativas sobre las que trabaja el Gobierno, ya que solo afectarán a quienes pierdan su única vivienda. El parque de vivienda protegida en alquiler es el que el departamento de Iñaki Arriola quiere impulsar, pero también el que tiene menos margen de maniobra ante la menor construcción de estas infraestructuras. Yoldi asegura que, pese a que las cifras de pisos protegidos de alquiler no son elevadas, hay “cierto margen” para facilitar pisos a familias en esta situación, que seguirán los requisitos generales: firmarán arrendamientos por cinco años prorrogables y pagarán lo establecido según su nivel de renta. La vivienda a la que puedan acceder tendrá que estar en su “ámbito funcional” —no necesariamente en la misma localidad en la que viven pero sí en la misma comarca—.

¿Qué familias son consideradas en riesgo de exclusión? Vivienda explica que se establecerán unas características concretas, como el número de miembros de la unidad de convivencia o la situación laboral de las personas que la sustentan. También se tendrán en cuenta los informes que elaboren los servicios sociales, los encargados de las situaciones de pobreza y riesgo de exclusión. Lanbide también podría participar en ese proceso de información, ya que desde diciembre gestiona las dos principales prestaciones sociales.