Madrid prohíbe abrir bares en zonas ruidosas y sanciona más el botellón

La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana la declaración de zona de protección acústica especial del distrito Centro, lo que lleva aparejada una serie de medidas para reducir el ruido provocado por los locales de ocio nocturno y por el tráfico en esa área, que por ahora no incluyen un adelanto en el horario de cierre de bares y discotecas. Además, la alcaldesa, Ana Botella, ha adelantado que la Comunidad de Madrid se ha mostrado dispuesta a cambiar la ley contra el botellón para que las sanciones impuestas no puedan cancelarse mediante la realización de cursillos de concienciación, un sistema que a su juicio “no funciona”.

Para la elaboración de la zona de protección acústica se ha seguido el mismo procedimiento que en los bajos de Aurrerá (barrio de Argüelles), aunque las medidas adoptadas son mucho más suaves, dado que la superficie es inmensamente superior y la actividad económica de los locales de ocio resulta fundamental para la ciudad. Frente a las seis manzanas afectadas por el plan aprobado Argüelles en 2010, el distrito Centro ocupa 524 hectáreas (con los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol) y tiene 150.000 habitantes. Alberga además las principales zonas de copas de la ciudad: Chueca, Latina, Huertas y Malasaña.

Para medir el ruido provocado por el tráfico en esta zona se ha usado el mapa elaborado en 2006; la algarabía del ocio nocturno se ha radiografiado en dos ocasiones para establecer zonas de intensidad alta, moderada y baja (ver mapa adjunto).

La ordenanza municipal aprobada hace un año prohíbe superar entre las once de la noche a las siete de la mañana un límite que oscila entre 45 decibelios en área residencial y 53 en una zona “recreativa” y “ruidosa”. “En actos de especial proyección” se puede “modificar o suspender” la limitación, como sucede durante el Orgullo Gay. Así, se considera zona de contaminación acústica alta aquella en la que se superan por 10 o más decibelios estos límites. Moderada si se rebasan por entre cinco y 10 decibelios. Baja cuando no se llega a cinco más.

En las zonas de contaminación acústica alta, el Ayuntamiento se ha reservado la potestad de adelantar el cierre de bares de copas y discotecas, una medida exigida por algunas asociaciones de vecinos y rechazada de plano por los hosteleros. ¿Qué significa eso? Que en principio los horarios no van a variar. Evidentemente el Gobierno local tiene el derecho a modificarlos cuando lo considere necesario, de forma que este anuncio sólo sirve de hecho como llamada de atención y aviso para navegantes.

No se permitirá abrir nuevos locales (salas de fiesta, cafés-espectáculo, discotecas, salas de baile, bares de copas, cafeterías, restaurantes, tabernas, bares, etcétera). Además, solo se podrán cambiar licencias en vigor para adoptar actividades menos ruidosas (por ejemplo, pasando de discoteca a restaurante). Los establecimientos que cambien de actividad se verán obligados a disponer de un número de plazas exclusivas de aparcamiento igual al 27% del aforo en un radio máximo de 200 metros.

En las zonas de contaminación acústica moderada no se permitirá la apertura de salas de fiesta, discotecas o bares de copas. Sí se podrán abrir bares y restaurantes, pero a una distancia mínima establecida de otros ya existentes que aún no ha sido hecha pública. Imperarán además las mismas restricciones sobre el cambio de licencias que en las zonas altas. En las zonas de contaminación acústica baja, se podrán abrir nuevos locales de cualquier tipo, pero a una distancia mínima de otros ya existentes. Además, estos nuevos establecimientos deberán contar con un número de plazas exclusivas de aparcamiento equivalente al 27% del aforo en un radio máximo de 200 metros, o del 10% en caso de que su actividad sea sin música (bares, restaurantes, etcétera).

Además, el Ayuntamiento ha prometido elaborar un plan de movilidad para el distrito Centro que “permita adecuar el régimen especial de carga y descarga, el control del estacionamiento en doble fila, y la peatonalización temporal o definitiva de determinadas calles”. Respecto a este último punto (que también aparece en el Plan de Calidad del Aire 2011-2015), la alcaldesa ha reconocido que ni este año ni el que viene habrá dinero para acometer nuevas peatonalizaciones. “Eso no quiere decir que hayamos desistido”, ha añadido.

Sin embargo, el presupuesto para inversiones del Ayuntamiento de aquí al final de legislatura es tan limitado que sólo permitirá terminar las obras ya en curso y reponer aquello que se estropee. Frente a los 926 millones de 2010, se pasó a 430 en 2011. En 2012 serán 202. En 2013, 142. Pero es que en 2014 serán aún menos, 124 millones. En 2015, último año de la legislatura, 166 millones.

Junto al ruido del tráfico, que según los hosteleros concentra el 85% de este problema, tanto los empresarios como los vecinos señalan el botellón como su principal preocupación. El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha admitido que esta práctica (jóvenes que compran bebidas en tiendas y las consumen en plazas y parques) “cada vez está más distribuida por las calles” de la ciudad. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno ha señalado que “la normativa regional no es eficaz” para solucionarlo.

La alcaldesa ha reconocido hoy: “Somos conscientes de que en Madrid tenemos un problema que tenemos que resolver. (…) Hemos pedido a la Comunidad de Madrid dos cosas, una ya se ha aprobado y la otra está por aprobar. En primer lugar, que la denuncia y el procedimiento sancionador queden en manos del Ayuntamiento [es decir, que las multas las ponga la policía municipal y las tramite la Hacienda local]. Y además hemos pedido que la sanción se aplique directamente, sin la alternativa de hacer un curso, que estaría muy bien que funcionara pero no funciona. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, me ha hecho saber que así se va a hacer”.

La ley regional de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, conocida popularmente como Ley del Botellón, prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y prevé sanciones de al menos 300 euros para los infractores, que, en el caso de ser menores de edad, deberían pagar sus padres. Sin embargo, la sanción económica puede ser sustituida, según la normal, por trabajos en beneficio de la comunidad”. Esto se reduce en la actualidad a cursillos de concienciación. Botella ha reseñado que es precisamente la lucha contra el botellón lo que ha desaconsejado adelantar el cierre de los locales, “porque supondría un traslado posible a la calle de una mayor molestia para los vecinos”.