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CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

CiU contrató a uno de los detenidos para “reordenar” el sector de las ITV

La Generalitat encargó al ‘número dos’ de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, diseñar el plan de estaciones y poner paz entre las empresas

Isidre Masalles, a la izquierda, saliendo de la sede de vigilancia Aduanera, en el puerto de Barcelona, donde fue interrogado.
Isidre Masalles, a la izquierda, saliendo de la sede de vigilancia Aduanera, en el puerto de Barcelona, donde fue interrogado.

El Gobierno de CiU contrató los servicios de Josep Tous, número dos de la Diputación de Barcelona, para poner orden en el sector de la inspección técnica de vehículos (ITV), inmerso en una lucha entre empresas por hacerse con la adjudicación de las estaciones de revisión. Tous, hombre de la máxima confianza del flamante secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, fue uno de los detenidos anteayer en la presunta trama urdida para amañar concursos públicos para favorecer a ciertas empresas, la derivada catalana del caso Campeón.

El otro cargo público detenido por la Guardia Civil, Isidre Masalles, fue nombrado en septiembre del año pasado subdirector general de Seguridad Industrial. Una de sus funciones es, precisamente, “asegurar la competencia efectiva entre los operadores de la inspección”. Masalles es un ingeniero industrial con fama de diligente y 25 años de experiencia en el sector público. Al ser designado para el cargo, observó que Tous ya estaba asesorando, de manera informal, al Departamento de Empresa y Empleo sobre cómo proceder en el sector de las ITV, un mundo que conoce al dedillo. “[Tous] ha tenido diferentes papeles, pero siempre ha sido el hombre de las ITV de CiU. Todos sabían que venía de parte de Oriol Pujol”, detalla un ex alto cargo de ese departamento.

Tous sirvió de "enlace" entre los empresarios y la Administración

La Generalitat había decidido repescarlo después de unos años en el sector privado ligado a una empresa de consumo. En la anterior etapa de CiU al frente del Gobierno catalán, Tous había sido director general de consumo y seguridad industrial en el mismo departamento en el que Oriol Pujol ejercía de secretario general y Masalles, era su jefe de gabinete. Tous y Pujol coincidieron, además, en la escuela de negocios IESE, y la trayectoria profesional del primero no se entiende sin el manto protector del segundo. Fue el dirigente nacionalista quien, hace apenas tres semanas, propuso a su amigo como coordinador general de la Diputación, después de que Josep Maria Matas fuese destituido del cargo por haber facturado, de forma irregular, cientos de miles de euros a la Asociación Catalana de Municipios cuando era secretario general de esa entidad.

El departamento que dirige Francesc Xavier Mena formalizó hace unos meses las ocupaciones de Tous y le adjudicó unos servicios con un contrato menor, una figura que permite adjudicar pequeñas cantidades (inferiores a 18.000 euros) sin necesidad de concurso público, o sea, a dedo.

Tous fue contratado para replantear el plan territorial de estaciones de ITV, que había sido aprobado en 2010 por el tripartito de izquierdas. Ese plan preveía la construcción de hasta 16 nuevas estaciones en cuatro años para “adecuar la oferta a las necesidades del mercado”, de forma que ningún municipio de más de 2.500 habitantes tuviera una estación a más de 20 kilómetros. Además de esa tarea de reordenar el mapa de las ITV, el número dos de la Diputación y presidente de la sectorial de empresa e industria de CDC recibió otro encargo: poner orden en un sector dividido por una disputa en los tribunales.

Tras suprimir por ley el dominio casi absoluto de la empresa de certificación Applus —que en la época de Jordi Pujol había llegado a controlar más del 80% del mercado—, el tripartito celebró el primer concurso público de estaciones de ITV en octubre de 2010. Uno de los lotes de adjudicación (compuesto por tres estaciones) fue a parar a manos de la empresa Atisae. Pero otra firma del sector, Certio, llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en mayo de 2011 paralizó de forma cautelar el concurso por presuntas irregularidades en sus cláusulas.

Es en ese punto donde arrancan los hechos que están siendo investigados por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. Un informe de la fiscalía sobre el caso Campeón, que salpica al exministro de Fomento José Blanco reveló que el principal implicado de la trama, el empresario gallego Jorge Dorribo, había mantenido contacto con empresarios catalanes para introducir a una empresa alemana (TÜV Rheinland) en el lucrativo (y seguro) negocio de las ITV.

El 'número dos' de la Diputación de Barcelona se niega a declarar

En ese informe se cita a dos de los empresarios ahora detenidos —Sergio Pastor y Sergio Alsina— y a Oriol Pujol como posible “connivente”. El tercer empresario detenido es, precisamente, el dueño de Certio, Ricard Puignou. Los tres prestaron declaración ayer ante los funcionarios en la sede de Vigilancia Aduanera y hoy pasarán a disposición judicial. Según fuentes de la investigación, fueron preguntados acerca de sus relaciones profesionales, de las sociedades que controlan y de sus supuestos vínculos con diferentes cargos públicos; entre ellos, Oriol Pujol.

La trama buscó anular definitivamente el concurso de 2010 —que, de hecho, sigue varado en los tribunales— para proceder a un nuevo reparto del pastel ignorando la normativa, según fuentes de la investigación. Los empresarios intentaron usar sus influencias políticas, presuntamente, para promover la celebración de un nuevo concurso a la medida de sus intereses y extender ese modelo en las futuras concesiones.

La investigación judicial se basa en las conversaciones telefónicas mantenidas entre los empresarios. Estos, según las mismas fuentes, citan a menudo a Pujol como una de las personas con poder de influencia en el asunto. En el centro de la trama se sitúa, sin embargo, Tous como enlace natural entre los empresarios y las personas con responsabilidades en el Gobierno, como Masalles. Según esas fuentes, Tous los conocía a todos y fue quien les puso en contacto. Los dos cargos públicos se acogieron ayer a su derecho a no declarar.

Los hechos pueden constituir un delito de tráfico de influencias —que el Código Penal castiga con un máximo de dos años de prisión—, aunque lo cierto es que esas supuestas presiones no llegaron a materializarse, ya que no se han producido nuevos concursos de adjudicación. El caso se llevaba con extremada discreción en Barcelona desde hace seis meses, hasta que el levantamiento del secreto de sumario del caso Campeón sacó a la luz la derivada catalana. Los pinchazos telefónicos dejaron de ser eficaces y la investigación ha tenido que precipitarse cuando aún no estaba del todo madura.

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