La transparencia como mejor antídoto contra la corrupción

La transparencia y la corrupción son las dos caras de una misma moneda. La opacidad engendra y oculta comportamientos corruptos. Es la opacidad en el funcionamiento de los mercados financieros la que ha gestado la brutal crisis económica. España es uno de los pocos países de Europa que carece de una Ley de Transparencia. La aprobación del anteproyecto de dicha norma por parte del Gobierno es, por tanto, un hito que responde a una antigua demanda. Contiene elementos de indudable interés como la obligatoriedad de las instituciones de publicar los contratos y sueldos públicos, de facilitar la información al ciudadano. No obstante, hay que esperar a que se redacte su reglamento, a que se aplique efectivamente y a que pase la tramitación en el Congreso para ver su operatividad.

Así se expresó ayer el presidente del ONG Transparencia Internacional España (TI), Jésus Lizcano, en la conferencia que impartió en el paraninfo de la Nau Centre de Cultura, dentro de Claustre Obert, el espacio de debate creado por EL PAÍS y la Universitat de València, que, en este caso, ha contado con la colaboración de la Asociación por la Transparencia Integridad y Gobernanza (ATIG).

En el turno de intervenciones, uno de los integrantes del nutrido público puso de manifiesto que la ley está bien, pero el problema es que “se quede en papel mojado”. “¿Qué garantías tenemos de que no va ser un brindis al sol, como estamos acostumbrados en la Comunidad Valenciana?”, preguntó.

El presidente de TI-España señaló que las diputaciones son las instituciones más opacas

“Es muy difícil garantizar el cumplimiento en España. Se han incumplidos muchas leyes. Pero esta ley tiene una novedad: Nunca antes se había hecho un proceso de apertura, de discusión pública [habrá un plazo de 15 días para que los ciudadanos hagan sus aportaciones]. Es una ley valiente y entre todos hemos de estar vigilantes”, respondió el también catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, hizo hincapié en la importancia de arbitrar medidas de protección para aquellos funcionarios y profesionales que denuncien prácticas corruptas como sucede en los países más avanzados, más ricos, y más transparentes.

Lizcano comentó que, ayer mismo, un grupo de personas interesadas en el ámbito de la transparencia había mantenido una reunión con el secretario de Estado responsable de la ley. Y confirmó al público que la Casa Real no está sujeta a las mismas obligaciones que el resto de administraciones públicas, a excepción de un control de “temas económicos”.

TI se dedica a elaborar diversos índices y barómetros sobre al percepción de la corrupción y la transparencia a partir de encuestas y datos de las webs institucionales. Su presidente no entró en detalles y se remitió a los datos, si bien indicó que las diputaciones son las instituciones menos transparentes y que deberán ayudar a los municipios menores. Y los datos revelan que la valenciana y la cántabra son las autonomías menos transparentes de España, según apuntó otro interviniente.

Entre el público, Mariano Vivancos, vinculado a la consejería de Educación y Empleo, o el diputado autonómico socialista Rafael Rubio, entre otros. El vicerrector de Cultura, Antonio Ariño, ejerció de anfitrión. Y Lizcano fue presentado por el presidente de ATIG, Manuel Lázaro, quien explicó que la asociación surge de un grupo de profesionales y funcionarios como respuesta a la “opacidad y desgobierno” y por la proliferación casos de corrupción.

El próximo acto de Claustre Obert y ATIG será una conferencia del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el 3 de abril, también en la Nau.