Detenidos dos cargos de la Diputación y la Generalitat por tráfico de influencias

La derivada catalana del caso Campeón, en el que está implicado el exministro de Fomento José Blanco, se saldó ayer con la detención de dos altos cargos. El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous (CDC), quien solo llevaba 20 días en el cargo, fueron detenidos junto con tres empresarios por su presunta participación en una trama para obtener concesiones en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV). La juez que investiga el caso ordenó su arresto por un supuesto delito de tráfico de influencias. Está previsto que hoy pasen a disposición judicial.

La investigación se fraguó a partir de las conversaciones telefónicas del principal implicado en el caso Campeón, el empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe de la fiscalía menciona contactos de Dorribo con el empresario catalán Sergio Pastor (uno de los detenidos ayer) para la concesión de servicios de ITV con la mercantil alemana TÜV Rheinland. En esos diálogos se cita también a Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. Con esa información se abrió una pieza separada que investiga, desde el pasado verano, un juzgado de Barcelona y que también se basa en los pinchazos telefónicos. La operación, que avanzó ayer la cadena SER, está bajo secreto de sumario.

La trama trató de influir, presuntamente, para hacerse de forma irregular con unas estaciones de ITV que previamente habían sido adjudicadas a otra compañía. Esas presiones no llegaron a materializarse, según fuentes judiciales. En octubre de 2010, la Generalitat —gobernada entonces por el tripartito de izquierdas— celebró un concurso público que, por primera vez, abrió el negocio a empresas distintas de Applus y RVSA, que hasta entonces habían disfrutado una suerte de oligopolio. Uno de los lotes de esa adjudicación, para construir estaciones en Sant Celoni (Vallès Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsià), fue adjudicado a la empresa Atisae.

Pero ese lote del concurso topó con la oposición de la compañía Certio, que lo llevó a la justicia por presuntas irregularidades. Un juez suspendió el concurso de forma cautelar por entender que la Generalitat había introducido criterios en el contrato una vez que las empresas ya habían entregado la documentación. La compañía Certio es una escisión de Applus y es propiedad de otro de los detenidos ayer, Ricard Puignou. Según fuentes de la investigación, los implicados trataron de aprovechar la revisión del concurso para obtener ellos mismos la adjudicación a través de sus influencias políticas. Antes de la escisión, Puignou estuvo en Applus, igual que Pastor, que fue consejero delegado de la empresa de certificación hasta 2006. El tercer empresario arrestado se llama Sergi Alsina y es responsable de una empresa de asesoramiento empresarial.

La trama buscaba la anulación del único concurso de estaciones de ITV

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron durante toda la mañana de ayer el despacho de Masalles, que salió del edificio público escoltado por dos agentes y sin esposar.

Tous, por su parte, fue director de Seguridad Industrial entre 1994 y 2004, y ocupa su cargo en la Diputación de Barcelona desde hace apenas 20 días en sustitución de Josep Maria Matas, que fue destituido tras conocerse que había facturado irregularmente cientos de miles de euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era secretario general de esta entidad. Además, Tous es presidente de la sectorial de empresa, industria e innovación de Convergència. Su trayectoria ha estado siempre estrechamente vinculada a Oriol Pujol, que le nombró director general y que pensó en él para sustituir a Matas, cuando EL PAÍS destapó el escándalo de la ACM. En el orden del día del miércoles estaba prevista la ratificación en su cargo por parte del pleno del pleno de la Diputación. Ayer el vicepresidente primero de la entidad y líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, pidió que Tous renuncie hasta aclararse su presunta implicación.

En 2008, la ley de seguridad industrial aprobada por el tripartito puso fin al tradicional modelo de concesiones que había dado a Applus un dominio casi absoluto en el mercado. La ley prohíbe a las empresas de ITV tener una cuota de mercado superior al 50%. En aquel momento, Applus controlaba 36 de las 44 estaciones, o sea, el 82%.. El resto estaban en manos de otra compañía, RVSA. Ambas tuvieron que repartir juego y adaptarse a las nuevas reglas.

La trayectoria profesional de Tous está estrechamente vinculada a Oriol Pujol

Dos años más tarde, la Generalitat aprobó un plan para crear en cuatro años una red de estaciones de ITV que permitiera a los municipios de más de 2.500 habitantes disponer de ese servicio en un radio máximo de 20 kilómetros. En octubre de 2010, adjudicó las seis primeras estaciones a dos compañías, Itevelesa y Atisae. Hasta la fecha, no se ha vuelto a adjudicar ninguna otra estación. La Generalitat estudia la viabilidad del nuevo sistema, en vista de que sigue encallado en los juzgados, según fuentes de la Administración.

Con el lote de Adisae en manos del juez, la trama intentó aprovechar su influencia para que la Generalitat emitiera informes favorables a la anulación definitiva del concurso. Su objetivo era introducirse en el negocio a través de un nuevo concurso, hecho a su medida. En las conversaciones intervenidas, los empresarios citan en diversas ocasiones a Oriol Pujol como una persona con capacidad de influencia para facilitarles su misión. En mayo de 2011, la Generalitat interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la suspensión cautelar del concurso. Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, la resolución es “adecuada a derecho”.

Pujol aparece como posible “connivente” en un informe del fiscal remitido a la juez que investiga el caso Campeón. Su nombre se hizo público al levantarse el secreto de sumario de ese caso. Esa circunstancia ha echado por tierra, en parte, la investigación del juzgado de Barcelona, ya que puso sobre aviso a las personas investigadas. Las detenciones se han precipitado por el mismo motivo: si los sospechosos son conscientes de que les están grabando, los pinchazos telefónicos dejan de ser una medida eficaz.

Las detenciones han dejado fría tanto a la Generalitat como a la Diputación de Barcelona. El Departamento de Empresa y Empleo se limitó a emitir un comunicado en el que asegura que no conoce los “motivos” ni el “alcance” de la operación, y pide respeto a la presunción de inocencia. “No hay ningún motivo ni razón” para dudar de Masalles, un ingeniero industrial que lleva 25 años trabajando en el sector público. La Diputación no reaccionó ante la detención de su número dos. El Departamento de Presidencia tampoco quiso pronunciarse y desde Convergència Oriol Pujol aseguró que mantiene la “confianza” en los dos altos cargos detenidos.