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El caldero vuelve a hervir

Los cambios de gobierno en Gibraltar y España resucitan viejos conflictos

Un grupo de personas pasan de Gibraltar a La Línea.
Un grupo de personas pasan de Gibraltar a La Línea.

Los últimos acontecimientos a ambos lados de la verja que separa la localidad gaditana de La Línea de la Concepción de la colonia británica de Gibraltar hacen pensar que, tanto la llegada de los laboristas de Fabián Picardo al gobierno del Peñón, como la del Partido Popular al gobierno de España, han provocado que el caldero de las desavenencias entre de nuevo en ebullición.

El pasado 12 de marzo más de 70 barcos pesqueros de Algeciras y La Línea que faenaban en las aguas que rodean al Peñón vieron como la policía gibraltareña les impedía trabajar. Los echaban de la zona después de 13 años de convivencia gracias a un acuerdo entre la Asociación de Armadores y el gobierno gibraltareño.

Desde ese día, los 300 pescadores han sido advertidos y expulsados de la zona varias veces. La semana pasada, el alcalde de Algeciras y diputado popular, José Ignacio Landaluce, se lanzó a la aventura de conseguir que el gobierno de Fabian Picardo no rompa el compromiso de forma unilateral.

Landaluce se embarcó en una de las traíñas para comprobar el trato de las autoridades del Peñón. Tras ser expulsado de las aguas, forzó una reunión con el gobierno de Gibraltar en la que el Ministro principal volvió a esgrimir las leyes medioambientales para impedir la actividad pesquera en unas aguas que los británicos consideran suyas y cuya titularidad España no reconoce.

Las políticas de Rajoy respecto a Gibraltar han puesto en jaque a la colonia llanita

En los próximos días se ha fijado un encuentro a tres bandas: pescadores, Ministerio de pesca y policía de Gibraltar. Mientras tanto, la situación se mantiene casi igual de tensa que a finales de los noventa, cuando el enfrentamiento llegó a provocar incidentes en la frontera.

La polémica pesquera evoca tiempos pasados que vienen de la mano de cambios en los gobiernos de Gibraltar y España. Por un lado, las políticas de Mariano Rajoy respecto a Gibraltar han puesto en jaque a la colonia llanita. Por otro, Picardo ha resucitado viejos fantasmas para los más de 4.000 trabajadores españoles que cruzan a diario la verja al recomendar a las empresas que contraten personal de la Roca. Los empleados le han acusado de “discriminar los españoles”.

Además de lanzar mensajes reclamando la soberanía del Peñón, los responsables de Exteriores del gobierno español han dado por muerto el Foro del diálogo sobre Gibraltar. Esta ha sido la única herramienta válida en los últimos años para que las comunidades de ambos lados de la verja colaborasen y llegasen a acuerdos de buena vecindad tan importantes como el uso conjunto del aeropuerto, el restablecimiento de la línea marítima entre Algeciras y Gibraltar o la instauración de la sede del Instituto Cervantes en el Peñón.

El gobierno de Fabián Picardo habla de colaboración de puertas para fuera. Al tiempo pone trabas a los trabajadores españoles paralizando obras públicas que han llevado al despido de muchos de ellos o prohíbe a los pescadores faenar donde lo venían haciendo desde siempre.

España responde a estas situaciones como siempre. El exhaustivo control fronterizo provoca largas colas de personas y vehículos para salir de Gibraltar, algo que ocasiona un molesto colapso que perjudica seriamente a los intereses del Peñón y que, unos y otros justifican a su manera. Desde este lado de la verja, esgrimen la necesidad de estos minuciosos controles aduaneros con datos que hablan de un notable incremento de la entrada ilegal de tabaco hacia la Línea. En el Peñón culpan a la situación de paro y crisis económica que vive la vecina localidad gaditana para justificar el posible crecimiento del contrabando.

El conflicto con los pesqueros de 1999 llegó a las acciones violentas. Tras varios desencuentros entre los gobiernos de Gibraltar y España, y de amenazar con medidas restrictivas para la circulación de personas, vehículos y mercancías, fueron los pescadores quienes llegaron a un acuerdo directamente con el entonces ministro principal del Peñón, Peter Caruana. Dejaron al margen a los políticos españoles para conseguir apaciguar un caldero que ahora vuelve a hervir.