Una empresa pública paga a Tráfico 1.500 euros por no identificar a un directivo

La empresa pública de la Comunidad de Madrid, Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente), dirigida por Nerea Alzola, ha tenido que abonar 1.500 euros por una multa de tráfico, en lugar de los 250 que correspondían a la sanción, por negarse a identificar al conductor del vehículo.

El coche que cometió la infracción grave es habitualmente utilizado por la directora general, quien ha admitido a EL PAÍS que lo ha usado también para viajes privados aunque niega responsabilidad alguna en la multa de 1.500 euros. Alzola, que renunció a tener coche oficial al llegar a su puesto, según un portavoz de la Comunidad de Madrid, afirma que ha utilizado el vehículo de la empresa al menos en dos viajes personales a Galicia y al País Vasco en los que repostó gasolina con la visa de la empresa por casi 300 euros: “Es un coche de empresa y no oficial. No es algo nada extraño, ya que otros técnicos también tienen asignado su coche. Yo lo utilizo sobre todo para visitar los centros de trabajo de Gedesma. Y muchas veces salgo desde mi casa y voy a los distintos centros de trabajo. Y acabo a las 10 de la noche los viernes, porque trabajo 24 horas al día, incluso algunos sábados. Pero la gasolina me la pago yo después con una transferencia bancaria. Lo he podido hacer mal, pero lo pago todo de mi bolsillo”, asegura la directora general.

No tengo ningún embargo de mi cuenta, yo pago mis multas, dice la directora general”

Nerea Alzola, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Sondika (País Vasco), fue nombrada en julio pasado directora general de Gedesma tras ser desplazada por el ala más centrista de los populares vascos, encabezados por Antonio Basagoiti. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, la rescató y la colocó entonces al frente de la empresa pública.

Alzola repostó el vehículo el 3 y el 6 de enero, en gasolineras de Pontevedra y Zamora, respectivamente, con cargo a la cuenta de Gedesma. También se le rellenó el depósito con cargo al erario público, el 22 de diciembre en Valladolid, el 25 de diciembre (día de Navidad) en Ourense, así como el 30 de diciembre en Arévalo (Ávila). También este coche fue utilizado en viajes en fines de semana. En uno de ellos repostó con la tarjeta de la empresa en Burgos y en Segovia, el 29 y el 30 de octubre.

La utilización personal del coche de la empresa no es la única irregularidad detectada al conductor del vehículo asignado a Nerea Alzola. La empresa no ha identificado a la persona que el pasado 29 de septiembre circuló con el coche, de uso exclusivo de la directora, en sentido contrario entre las calles de Alcalá y Gran Vía.

La falta de identificación del conductor permite a este mantener los seis puntos que implican esta infracción, pero tiene un coste para la empresa de 1.500 euros, que ha tenido que abonar Gedesma “por el incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de una infracción muy grave”, tal y como consta en la notificación del expediente sancionador.

Alzola se mostró sorprendida por esta información: “No tengo ni idea de la existencia de las multas. Pero el coche lo usan más personas. Como por ejemplo Eduardo Lozano [recepcionista de Gedesma, con una minusvalía, según fuentes de la empresa]. Yo pago todas mis multas, como cualquier trabajador de Gedesma. Ha tenido que ser un error”, asegura.

No es la única infracción que Tráfico atribuye al conductor del vehículo de empresa que usa Alzola. El 29 de enero pasado el coche fue detectado por uno de los controles de Tráfico al “rebasar un semáforo en fase roja” a la altura del número 62 de la calle de Francisco Silvela. El importe de la multa, que Tráfico califica como “grave”, es de 200 euros. Hasta el momento ni Alzola ni ningún empleado de Gedesma se ha identificado en Tráfico, algo que le podría costar cuatro puntos del carné al conductor. Esta negativa acabará costando a la empresa 600 euros (el importe reducido inicial era de 100 euros). La directora general también dice desconocer la existencia de esta otra infracción de tráfico. Sin embargo, reconoce que fue multada por ir a 120 kilómetros por hora en una vía en la que no podía superar los 100 kilómetros hora: “He pagado la multa”, asegura.

El coche de Gedesma que utiliza Alzola también ha sido objeto en lo que va de año de al menos otras cinco multas por mal estacionamiento. Muchas en calles cercanas al domicilio de la directora, que sí ha abonado estas cantidades menores, que no implicaban pérdida de puntos.

Fuentes de Gedesma explican que el pasado viernes, tras la conversación mantenida entre este periódico y Alzola, detectaron una transferencia de la directora general de la firma regional de 1.500 euros a la cuenta de la empresa pública.

La delegación especial del País Vasco de la Agencia Tributaria tiene registrado un expediente de embargo de la nómina de Alzola por un importe de 360 euros. Ella niega que su nómina haya sido embargada nunca, en contra de la documentación de la que dispone EL PAÍS: “No tengo ningún embargo de mi nómina. Yo pago mis multas de forma voluntaria y por transferencia bancaria”, explica.

Desde que esta exconcejal del PP vasco accediera a la dirección general de Gedesma esta sociedad pública ha pagado más de 157.000 euros por 21 informes jurídicos y técnicos de empresas madrileñas y vascas. Este gasto se produce cuando, hasta hace un mes, la empresa disponía de un jurista especializado que podría haber elaborado algunos de estos informes. “Muchos de estos trabajos son específicos y no los podría desarrollar nuestro abogado. Por lo que hemos tenido que recurrir a informes privados de empresas con prestigio”, relata la directora general.

En total cinco empresas han desarrollado estos trabajos. Llama la atención que cuatro facturas firmadas a la empresa Sterling y Goyría el 30 de diciembre pasado tienen los mismos importes de 7.080 euros y conceptos muy similares: “Estudio de la reclamación realizada por el subcontratista”, “Estudio de las consecuencias derivadas de la ejecución de obra”, “análisis de los distintos expedientes de contratación correspondientes al vertedero”, y “elaboración de informe en el que se analice la situación actual del vertedero”. El 7 de marzo es la fecha de otras dos facturas de 11.800 y 9.735 euros realizados por Sterling y Goyría. Los conceptos de ambas facturas remiten a las instalaciones fotovoltaicas de Gedesma. El 13 y el 20 de febrero Gedesma abona 2.124 y 15.000 euros por otros dos trabajos realizados por Sterling y Goyría, y el concepto idéntico: asesoramiento jurídico laboral.

Según fuentes de la empresa pública, algunos empleados de este gabinete jurídico entrevistaron a los empleados de Gedesma antes de que la directora decidiera despedir a nueve de ellos con la nueva reforma laboral. “Íbamos a despedir a varios empleados y no era cuestión de encargarle a nadie de la empresa que decidiera a qué compañero echar”, se defiende Alzola, que abonó 17.700 euros por el informe sobre los despidos. “He seguido los criterios de licitación pública. Tengo todos los expedientes. A Sterling no los conocía”.

La empresa vasca Excavaciones y Desmontes Garmendia también ha realizado dos informes con conceptos análogos: informes técnicos sobre la balsa de aceites de Arganda del Rey. “Es una de las empresas más importantes de España en este ramo. Pedí ofertas a los expertos que más saben de residuos y uno es el dueño de esta empresa. Tengo las ofertas de otras empresas, pero estos habían trabajado ya en la Diputación de Bizkaia y en Logroño durante más de 40 años. Nos iluminó mucho y su informe lo llevamos a la Asamblea de Madrid”, relata Alzola.

Kopa Interim Management ha cobrado otras cuatro facturas por asesorar a la dirección de Gedesma para “implantar el nuevo organigrama” y por “implantar un plan de optimización”, por “las plantas fotovoltaicas”. También por asesorar en la confección del plan de optimización y realizar un informe de conclusiones. En total, 26.255 euros.

Trouver Consultores cobró el 10 de noviembre del año pasado tres facturas (11.800, 5.900 y 11.800 euros) por tres trabajos con los conceptos “Informe sobre situación patrimonial, redacción recurso fotovoltaica e informe sobre convenio”. También sobre las plantas fotovoltaicas versan los informes encargados a la empresa Ancora Advisory, que en tres facturas cobró 16.248 euros. Llama la atención que dos de estas facturas, de 2.537 euros cada una, reseñan que el pago se produce por asesorar durante un mes a la dirección de Gedesma. En general, Alzola asegura que todos estos informes son necesarios y conforman una mínima parte del presupuesto de la empresa, que supera los cinco millones. Además, explica que han servido para ahorrar dinero a Gedesma, que ha podido rescatar obras sin coste alguno.

Entre los gastos imputados a Alzola se incluye la compra, el 22 de diciembre, de una tableta electrónica a cargo de Gedesma por 599 euros. “No ha costado tanto. Fueron 300 euros y sirve para que yo esté todo el día conectada. Este aparato nos ha ahorrado mucho dinero”, concluye la directora.