Una cooperación de justicia

Tras la fría imagen que a veces trasladan dentro y fuera de los tribunales, se esconde en realidad un ejercicio de solidaridad. En ocasiones, el fin social que lleva implícita su defensa jurídica de los ciudadanos supera incluso fronteras. Como cada año, desde hace casi dos décadas, el Colegio de Abogados de Bizkaia ha reservado el 1% de su presupuesto para colaborar con proyectos en defensa de los derechos humanos en países desfavorecidos. Nada menos que 32.000 euros para repartir entre los proyectos más destacados que se presenten antes del próximo día 31.

Las manifestaciones populares que a comienzos de los años 90 comenzaron a reclamar el 0,7% de los recursos públicos para ayudas al desarrollo sembraron una semilla de justicia social también en ciertos ámbitos privados. La del Colegio de Abogados vizcaíno no tardó en germinar. A diferencia de la mayoría de las instituciones, la entidad que aglutina a los más de 4.600 letrados que ejercen en el territorio no tardó en comprometerse, de forma voluntaria, a destinar el citado porcentaje, que incluso elevó al 1% en 1999 y no ha reducido pese a la crisis.

El pasado año se financiaron tres iniciativas en México, Congo e India

Como consecuencia de su financiación, más de 70 proyectos se han visto beneficiados en distintos rincones del mundo. En varios países de Asia y África, pero sobre todo de América Latina, gracias a la labor desarrollada por distintas ONG, como Alboan, Médicos del Mundo, Mugarik Gabe o Mundubat. “Ellos nos presentan sus iniciativas y nosotros elegimos las que consideramos más apropiadas”, aclara Patricia Bárcena, miembro de la junta de gobierno del Colegio. Siempre vinculadas, eso sí, a dos objetivos fundamentales: apoyar a letrados en regiones donde el ejercicio de la abogacía conlleva amenazas y defender los derechos humanos de los colectivos desfavorecidos.

El pasado año fueron tres los proyectos sufragados por el Colegio, que destinó casi 15.000 euros a garantizar la seguridad de los letrados en el centro y sur de México, así como 13.000 a la formación de mujeres en Congo para promover su igualdad. Además, dedicó casi otros 4.000 para facilitar el registro oficial de una comunidad nativa en India, lo que facilitó su acceso a derechos básicos como la alimentación, la asistencia médica o la enseñanza. “Antes ya habíamos financiado abogados en Palestina o favorecido la recuperación de territorios expoliados a pueblos indígenas”, detalla Bárcena, a modo de ejemplo.

La entidad ha impulsado más de 70 proyectos solidarios desde hace dos décadas

Este año, la novedad radica en que la convocatoria se abre a iniciativas que promuevan la educación para el desarrollo también en España. “El concepto asistencial de la cooperación ha quedado obsoleto”, explica Bárcena. “El objetivo ahora es asentar conceptos como el desarrollo humano y la justicia social”.