Las delgadas rebajas de impuestos
El Gobierno de Feijóo ha realizado cinco recortes tributarios que han tenido un impacto escaso en la economía Los expertos dudan de su eficacia
![María Fernández](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff8aa1205-e8dc-4adf-b080-2485e080d9bc.png?auth=31a1d67ddcd125eaa37b3fd512555e9b8252e4d11b6f1067451d45a1dd5c3c7d&width=100&height=100&smart=true)
![Parque eólico de Serra do Faro, en Chantada.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NG5LIRJAD7YOWPWJU4ZPITEON4.jpg?auth=a6fce2b48009943879bcb97d01c7442ddb75c2d7629b21d2d27a851dc147db25&width=414)
“Si quieren resolver los problemas, instauren impuestos a la banca y en el tramo alto del IRPF”. Electoralista y demagógico para unos, razonable para otros, es la alternativa lanzada hace un par de semanas desde el PSdeG por Pachi Vázquez frente a los draconianos recortes que recorren la Administración. Pese a su insistencia —ayer mismo volvió a hablar de ello—, la idea de una tasa a las entidades financieras que además “no repercuta en los clientes”, pasó sin pena ni gloria por el debate del estado de la autonomía.
En la misma línea se mantuvo el BNG, con propuestas para la reforma del sistema tributario en un reparto “más justo”, de las cargas. Vale que en ambos casos hay muchas lecturas posibles y abundante letra pequeña, pero la respuesta del PP gallego apenas ofrece ningún margen al debate: se puede resumir en un “olvídense de subidas de impuestos”. Y punto. Porque si una cosa tienen claro los presidentes autonómicos populares es que hay que escapar de presión fiscal como de la peste. “No creo en esas medidas”, señalaba esta semana el candidato a la Junta andaluza, Javier Arenas, que incluso se quejaba, por “injusto”, de los cinco céntimos que su comunidad cobra por cada bolsa de plástico que dispensan los supermercados, que él dijo frecuentar a menudo.
Los socialistas piden una tasa sobre los depósitos bancarios
Los socialistas gallegos se han mirado en el espejo andaluz, pero para defender su particular Tasa Tobin (inspirada en la del Gobierno de Griñán), con la que, dicen, se recaudarían 60 millones de euros al año, tanto como los recortes previstos en los actuales presupuestos gallegos. En España, además de Andalucía, que ingresó en 2011, su primer año de aplicación, 10 millones de euros —muy por debajo de sus expectativas, todo hay que decirlo—, un impuesto parecido está también vigente en Extremadura.
En esta comunidad resultó un absoluto desastre: la norma del 2002, contestada inmediatamente por el sector financiero, lleva una década recurrida en el Constitucional, lo que ha frustrado toda expectativa de cobro. “Hay que tener mucho cuidado con los impuestos, la mayoría de las veces los acaba pagando el consumidor”, apunta Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas. “No he estudiado el caso concreto, pero no descartaría que llevase a un encarecimiento del ahorro, es decir a una subida del tipo de interés o de las comisiones”. Idéntico argumento sostienen los bancos afectados y otros economistas consultados.
“Las rebajas de Feijóo han sido testimoniales”, señala Vence
Ocurre que el problema de la falta de ingresos en la Administración sigue estando ahí, como la tortura de la gota china. Mientras Rajoy incumple su programa electoral para subir el IRPF espoleado por el objetivo del déficit, Alberto Núñez Feijóo hace lo mismo para evitar bajarlo. En los tres años que lleva de mandato no ha renunciado sin embargo a una lluvia fina de medidas —cinco reducciones de tributos, más publicitarias que efectivas, según los economistas— como el recorte en dos ocasiones del impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la primera adquisición de vivienda habitual, en la compra de inmuebles integrados en patrimonios empresariales o para la rehabilitación de viviendas. También se deduce el 100% de la cuota para transmisiones de parcelas forestales y en arrendamientos rústicos para favorecer a agricultores y ganaderos.
En el IRPF, las bonificaciones se han dirigido a aquellos que inviertan en empresas nuevas o a las que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil, residual en la Bolsa española. La deducción tiene un límite de 4.000 euros que en breve se duplicará. Los autónomos pueden deducir un máximo de 300 euros en el IRPF y para incentivar las sociedades “de fomento forestal” hay deducciones, igual que por acogimiento familiar de menores.
Facenda defiende sus medidas para reactivar el mercado inmobiliario
En el impuesto de sucesiones Núñez Feijóo amplió la reducción del 99% a los herederos de explotaciones agrarias y parcelas forestales. En cuanto a las tasas y precios públicos, en las leyes de presupuestos para los años 2010 y 2011 se congelaron las tarifas, aunque selectivamente se han “actualizado” algunas de ellas.
Con estas medidas, subraya Facenda, han conseguido un aumento de la recaudación en algunos impuestos y se ha fomentado la reactivación del deprimido mercado inmobiliario. Enrocado en los recortes, que presume de haber iniciado mucho antes que otras comunidades autónomas, el último anuncio en materia fiscal de la era Feijóo sigue ahondando en la relajación de la presión impositiva (que recogerá la futura Ley del Emprendedor, también con iniciativas muy puntuales).
Los recortes tributarios se ampliarán en la ley del emprendedor
Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Alberto Vaquero, “los resultados de estas medidas están por ver, sin embargo otras, como las ayudas para el fomento de la contratación autonómica que anualmente viene concediendo la Xunta, no han resultado muy positivas. Nuestra comunidad autónoma es una de las que recoge un mayor aumento del desempleo desde 2007 al pasar de una tasa de paro del 7,5% en el cuarto trimestre de ese año al 18,3% en el último trimestre de 2011”.
Vaquero cree que hace falta un debate profundo para analizar qué sucede con el dinero invertido y si realmente los resultados compensan. Porque solo hay que recordar las estampas de transportistas viajando para llenar el depósito y evitar el céntimo sanitario, o la estampida de fortunas hacia Madrid cuando esa comunidad suprimió el impuesto de patrimonio para darse cuenta de que la competencia fiscal entre comunidades es un tema delicado. Aunque en términos reales, quizá no tan relevante, según Santiago Lago, catedrático de la Universidade de Vigo. “Salvo por el impuesto de Sucesiones, vivir en una comunidad o en otra es prácticamente similar en cuando a las cargas fiscales”. Cree que no bajar impuestos es ahora “un ejercicio de responsabilidad”, para la Xunta y considera que esta tiene mucho margen para incrementar la recaudación. “Feijóo debería impulsar un debate para que todas las autonomías adopten un acuerdo de mínimos. Hay que incidir en aquellos impuestos que hagan pagar más al que más tiene”.
La Xunta prefiere recortar el presupuesto por la vía del gasto
Para otro economista, Xavier Vence, de la Universidade de Santiago, las rebajas de Feijóo han sido “testimoniales, sin impacto real notable. Lo único relevante es que se situó un mínimo exento del impuesto de patrimonio en 700.000 euros, lo que ciertamente beneficia a una exigua minoría. Y en algunos casos hubo incluso elevación de impuestos de discutible justicia, como el canon del agua”.
Por ahora la recaudación no da más que disgustos. Este año se dejarán de ingresar 21 millones en el impuesto de sucesiones y 28 por el de actos jurídicos, según la memoria económica de los presupuestos. Salvan las cuentas el incremento esperado del IVA (149 millones), el alza del IRPF dictada desde Madrid y la recuperación temporal del impuesto de patrimonio del anterior gobierno de Zapatero, que suma otros 35 millones.
Gago: “Hay que pensar en impuestos contracíclicos”
“Nos equivocamos en no asignar un papel importante a la riqueza”, analiza Alberto Gago, exrector de la Universidade de Vigo y catedrático de Economía Aplicada. Ahora que las necesidades de financiación son el dolor de muelas de cualquier gobierno, cree que es un buen momento para pensar en los impuestos contracíclicos, cuya aplicación no deprime aún más la actividad económica —léase patrimonio y sucesiones, precisamente los que gobiernos de todo signo político han reducido con más ahínco—.
Pero la Xunta actual está en las antípodas de ese pensamiento. Los ajustes en el gasto, incluso en servicios sociales muy sensibles, están impresos en el ADN del Partido Popular pese a las insistentes alertas desde la izquierda. Xavier Vence insiste en que “las obsesiones por los recortes no contribuyen a la recuperación, todo lo contrario, están profundizando la recesión”, y cree que pueden provocar “consecuencias nefastas tanto para la calidad de los servicios públicos como para la actividad económica”. “Es el momento de aumentar los ingresos”, añade, y apunta al incremento del IRPF para rentas superiores a 100.000 euros, “y de manera muy especial a las mayores de 150.000”.
Vence sugiere una “tasa turística”, de uno o dos euros por noche, “como una buena forma de mejorar algo la financiación municipal” y avisa de que determinados recortes, además de destruir empleos y conocimiento, “están asfixiando a las pequeñas y medianas empresas”. Todo lo contrario de lo que se supone que hará la Xunta en una política que también comparten algunos expertos. “Galicia no tiene una industria turística, los precios de los hoteles han bajado y aún no se consiguen índices de ocupación relevantes. Descartaría incrementar la presión fiscal en ese campo. Creo que deberíamos centrarnos más en controlar el gasto que en incrementar los impuestos”, subraya Salcines.
En lo único que hay unanimidad es en la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude. Y para eso un buen instrumento puede ser la futura Agencia Tributaria Gallega. “Pero, con los recortes, hay que evitar que el ajuste recaiga en exclusiva en el gasto porque, no lo olvidemos, de él se benefician los que menos recursos tienen”, concluye Vaqueiro.
8.000 millones en tributación verde
El canon eólico, que este año recaudará 22 millones, es la única tasa medioambiental con el sello del Gobierno de Feijóo. Una contradicción, piensan los expertos, penalizar una energía que por otra parte recibe cuantiosas primas a la producción, por mucho que los nuevos parques no las vayan a disfrutar. Poco antes, el Gobierno bipartito implantó el impuesto ambiental sobre el agua embalsada, cuya recaudación ronda los 14 millones de euros. Junto a él, el impuesto sobre la contaminación atmosférica (que recaudará 2,5 millones este ejercicio) completa el mapa de tasas verdes en Galicia.
Experto en tributación medioambiental, Alberto Gago cree que lo propio sería contar con una “estrategia común” que rompa con la fragmentación que marca cada comunidad autónoma con sus propios tributos. “Es necesario que la imposición ambiental no genere incertidumbres, pero para eso debemos salirnos de la imposición autonómica y ver la cuestión desde un punto de vista global”. Cree que, en línea con la estrategia marcada desde la OCDE y Bruselas, el nuevo Gobierno debe trabajar en una “reforma fiscal verde con impuestos amplios y genéricos que incidan en los vertidos y los residuos. Un instrumento de coordinación de tributación ambiental para todo el país que podría incorporar los tributos dispersos de las comunidades autónomas. Eso ayudaría a alcanzar la neutralidad territorial y para las empresas”.
Según un estudio reciente del centro Economics for Energy, con una planificación racional se podrían recaudar hasta 8.000 millones en España, “más que suficiente para cubrir la caída del gasto en I+D, por poner un ejemplo”.
El acuerdo entre los economistas consultados es amplio: los impuestos verdes, siempre que estén bien diseñados, pueden ser una buena manera de elevar la contribución. “Debería establecerse un impuesto mucho más importante al sector energético, a las centrales térmicas, las hidroeléctricas, la cogeneración y la refinería de petróleo”, completa Xavier Vence. Lo contradice Venancio Salcines, que duda sin embargo de que sean “una fuente relevante de ingresos”.
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