El exalcalde de Alboraia avaló con su firma 14 millones a una empresa pública
La nueva corporación cuatripartita entrega seis cartas de patrocinio a la Fiscalía La intervención subraya que los documentos nunca fueron sometidos a su control ni al pleno
Manuel Álvaro, exalcalde de Alboraia, del PP, garantizó por escrito la solvencia de la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraya (Egusa) a través de seis cartas de patrocinio para avalar préstamos a la empresa municipal por valor de casi 14 millones de euros. El alcalde firmó personalmente las misivas sin someterlas al pleno ni a la intervención municipal.
El actual equipo de Gobierno municipal, un cuatripartito encabezado por el socialista Miguel Chavarría, ha llevado a la Fiscalía las cartas de patrocinio (comfort letter) firmados por Álvaro y que han sido facilitados por Egusa.
Una nota del Ayuntamiento de Alboraia explica que Manuel Alvaro "pidió créditos a las entidades bancarias poniendo al Ayuntamiento como aval en caso de que la empresa pública Egusa no pudiera hacerse cargo del pago".
El pleno del Ayuntamiento de Alboraya del pasado 23 de febrero acordó requerir a su empresa Egusa para que informase de la existencia de las cartas de patrocinio que pudiera haber en su poder.
La empresa municipal ha presentado en el Ayuntamiento seis emitidas por el anterior alcalde Manuel Álvaro. Los documentos están dirigidos a la Caja de Ahorros de Murcia (14-2-2005) por un valor de 1.041.942,06 euros; al Banco Español de Crédito (15-5-2006) por 172.000 euros; a la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (5-1-2007) por cinco millones de euros; a la misma entidad (25-10-2009) por 4,5 millones de euros; a la Caja de Ahorros de Galicia (14-3-2007) por 3,5 millones de euros y a Caixa Galicia (4-2-2009) por 3,5 millones de euros.
Según un informe de la intervención municipal, "todas las comfort letter se efectuaron sin el informe preceptivo de intervención". Las dos primeras, por su cuantía, podía suscribirlas el alcalde sin autorización de la Comunidad Autónoma, pero las otras cuatro restantes, por su elevado importe, "eran de competencia plenaria y con autorización de la Comunidad Autónoma".
El informe considera que la importancia de los documentos exige que hubieran "seguido el mismo procedimiento para su emisión que el de los avales, a excepción de las dos primeras que bastaría el informe de intervención que no existió nunca". El informe añade que una vez consultados los puntos del orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, "no consta acuerdo alguno referente a este tema, que no se tiene constancia de expediente alguno en el que figure el procedimiento que se siguió y que en relación al informe preceptivo de Secretaria para las cuatro últimas comfort letter, en esa dependencia no consta informe alguno al respecto".
Por todo ello, el actual equipo de Gobierno ha creído "conveniente y oportuno poner en manos de la Fiscalía estas irregularidades continuadas y reincidentes para que sea la justicia quien dictamine si estos actos son susceptibles de delito".
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