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GIPUZKOA

El PSE acusa a Bildu de llevar “al borde de la quiebra” el Consorcio de Residuos

El PSE-EE revela que una auditoría advierte de los riesgos de paralizar la incineradora de Zubieta

Mikel Ormazabal

La sociedad instrumental Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que gestiona el tratamiento de las basuras de toda la provincia, se encuentra “al borde de la insolvencia y el concurso de acreedores” como consecuencia del fuerte impacto económico que ha generado la decisión de suspender la construcción de la incineradora de Zubieta, según interpretan los socialistas del informe de auditoría realizado a las cuentas de 2011 de la mencionada compañía pública.

El PSE pintó ayer un panorama dramático si Bildu, que gobierna en la Diputación, controla las mancomunidades y tiene la mayoría en el Consorcio de Residuos, mantiene paralizadas las obras del centro de tratamiento de las basuras de Zubieta y no presenta antes del próximo mes de junio un plan alternativo que satisfaga a las entidades bancarias con las que tiene firmados créditos por 262 millones de euros —195 con el Banco Europeo de Inversiones y otros 67 con la banca comercial—.

El edil socialista Denis Itxaso, miembro del consejo de administración de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), dio la voz de alarma tras revelar que el informe de los auditores obliga a esta sociedad a proveer pérdidas de 736.000 euros y contabilizarlas en el ejercicio 2011. En el mismo documento de fiscalización, según Itxaso, se apunta que si la paralización del proyecto de Zubieta se prolonga, GHK deberá hacer frente antes del verano al pago de 37,5 millones, correspondientes a indemnizaciones a las constructoras adjudicatarias y gastos financieros generados por los préstamos. “Esto significa poner el consorcio al borde de la quiebra”, sostuvo.

Esa factura habría que soportarla con aportaciones extraordinarias de las instituciones que integran el consorcio —la Diputación, San Marcos y el resto de las mancomunidades se reparten los tres tercios— o mediante el encarecimiento de la tarifa que el consorcio cobra a los Ayuntamientos por tratar la basura que generan, establecida en 124 euros por tonelada. Itxaso manifestó que, “sí o sí”, la carga recaerá en los ciudadanos.

Itxaso revela que mantener la moratoria puede costar 37,5 millones

El representante socialista consideró “gravísimo” que los auditores hayan “denegado emitir su opinión” en el informe de las cuentas de 2011 al apreciar “un nivel elevado de incertidumbre” por la moratoria de seis meses en la ejecución de las inversiones previstas y los “impactos económicos graves sobrevenidos” por la posible paralización definitiva del proyecto.

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Las obras no tienen visos de reanudarse, en opinión de Itxaso, puesto que el diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, Juan Carlos Alduntzin, reconoció en la reunión del consejo del pasado jueves que el Gobierno foral no dispondrá en junio de un “plan alternativo” para la gestión de los residuos, porque todavía no lo ha encargado. Hasta ahora, el consorcio solo ha dispuesto 9,7 millones en inversiones, cuando deberían haberse librado 32 millones.

En junio vence el plazo de seis meses de suspensión de las obras del centro de residuos de Zubieta tras el acuerdo presupuestario que firmaron en las Juntas Generales Bildu y el PNV. Por esta razón, el juntero del PSE Mikel Durán afirmó que “no es justo” culpar exclusivamente de la “preocupante” situación de las basuras en Gipuzkoa a “la inoperancia en la gestión” de Bildu, sino también a la colaboración que le presta el PNV, partido al que exigió que “deje de dar oxígeno” a la coalición abertzale.

“Bildu ha incumplido reiteradamente el pacto presupuestario y el PNV pone la otra mejilla. Si el partido de Egibar no lo evita, el delirio de Bildu seguirá despilfarrando sin control recursos públicos y aumentando un endeudamiento intolerable”, manifestó Durán en la misma comparecencia. Ernesto Gasco, portavoz socialista en San Sebastián, advirtió de que la consecuencia de esta situación puede provocar que el recibo de la basura “se multiplique por dos o tres”.

Por otro lado, electos del PNV, entre ellos el ex diputado general Markel Olano, reclamó “voluntad política” a todas las instituciones competentes para acometer la regeneración de la bahía de Pasaia y la construcción del puerto exterior. Este partido presentarán en las Juntas de Gipuzkoa, el Parlamento y el Congreso iniciativas encaminadas a que se “disipen las dudas” sobre la “falta de voluntad política” para emprender estas actuaciones. Los nacionalistas persiguen que se active el protocolo interinstitucional pactado hace ahora un año en Madrid. Olano incidió en que “se usan excusas económicas, medio ambientales y políticas” para no activar la “responsabilidad” que cada institución.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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