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Varios municipios incumplen la ley para no perder ayudas autonómicas

Los alcaldes enviaron sus balances al Consello de Contas sin aprobarlos en pleno

Desde noviembre los Ayuntamientos que no envíen sus balances anuales al Consello de Contas para su supervisión no pueden recibir ayudas autonómicas. Esto ha hecho que muchos municipios que antes no se sometían a fiscalización cumplan al fin con su obligación para no perder ingresos. Pero la nueva norma ha tenido consecuencias indeseadas. Ahora hay Ayuntamientos que para cumplir a tiempo y seguir recibiendo subvenciones se saltan la ley que obliga a que antes las cuentas anuales sean aprobadas por el pleno de la corporación.

Así, para cumplir con un decreto hay municipios que incumplen una ley superior. Es el caso, al menos, de Cangas, Gondomar y Salceda de Caselas, pero podrían ser una veintena los que enviaron sus balances al Consello de Contas antes de aprobarlos en pleno. Para el órgano fiscalizador eso es ilegal e invalida las cuentas. La Xunta, sin embargo, lo obvia y lo único que pide para seguir subvencionando a los ayuntamientos es que envíen sus balances, da igual cómo.

La rendición de cuentas por las Administraciones locales viene establecida por la ley estatal reguladora de las haciendas locales, por la autonómica del Consello de Contas y por varias órdenes del Ministerio de Hacienda. Esas normas indican que “la cuenta general se someterá al pleno de la corporación”, que “las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas [y al Consello de Contas] la cuenta general debidamente aprobada” y que “corresponde al pleno de la corporación aprobar la cuenta general”. El Consello considera así que una cuenta no está “rendida” si no es aprobada antes en pleno.

Pero el decreto aprobado por la Xunta para que los municipios que no se fiscalicen no reciban ayudas tiene truco. En él, el requisito para mantener las subvenciones es la “remisión” de las cuentas, no la “rendición”. Al Gobierno gallego le vale que los Ayuntamientos envíen sus cuentas, sin valorar si lo han hecho de forma legal con su aprobación previa por el pleno o si están incompletas.

Cangas, Gondomar y Salceda aprobaron sus cuentas semanas después de enviarlas

A estas alturas sigue habiendo seis municipios (Santiso, Antas de Ulla, Triacastela, Lobios, Covelo y Rodeiro) que aún no han enviado sus últimas cuentas, por lo que han perdido ya la posibilidad de solicitar al menos cinco subvenciones por importe total de seis millones de euros. Pero, según el Consello de Contas, 22 de los 309 que ya enviaron sus balances no consignaron en ellos la fecha en que fueron aprobados en pleno. Fuentes conocedoras del proceso indican que en algún caso esa ausencia de la fecha puede deberse a una omisión involuntaria o a una errata. Pero en al menos tres casos, los de Cangas, Gondomar y Salceda de Caselas, gobernados los dos primeros por PP e independientes y el tercero por BNG y PSOE, las cuentas se remitieron varias semanas antes de aprobarse en pleno, lo que desató las críticas de la oposición local.

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Las facilidades del Gobierno gallego para que los municipios sigan recibiendo ayudas públicas aunque incumplan las leyes contables no quedan ahí, ya que tampoco pide que hayan sido enviadas dentro del plazo legal, que finalizó el 15 de octubre y que superaron más de un centenar de ayuntamientos. Por último, si un municipio no ha sido capaz de enviar sus balances ni tarde —fuera de plazo—, ni mal —sin aprobación del pleno—, la Xunta aún se reserva la posibilidad de indultarlo y darle ayudas si estima que se ve afectado “el normal desarrollo de los servicios públicos esenciales”. La última palabra discrecional la tiene el Gobierno gallego.

"Lo hicimos sabiendo que era incorrecto"

De los tres casos en los que está confirmado que los Ayuntamientos enviaron sus balances al Consello de Contas antes de que fuesen aprobados en pleno, como exige la ley, el de Gondomar resulta llamativo por los argumentos que ofrece su alcalde. El Consello recibió el balance del municipio pontevedrés el 27 de febrero. Sin embargo, el pleno no lo aprobó hasta el pasado lunes, 19 de marzo. Su regidor, el popular Fernando Guitián, dice ser “consciente” de que para seguir recibiendo subvenciones autonómicas incumplió las leyes contables. “Las enviamos sabiendo que era incorrecto”, admite, y explica que el propio organismo fiscalizador les advirtió de ello. “Aun así las enviamos antes de aprobarlas”, reitera, para poder recibir subvenciones.

Ante este comportamiento, el BNG de Gondomar está estudiando la posibilidad de denunciar los hechos ante la fiscalía por si son constitutivos de delito de falsedad documental. Su portavoz, Antón Araúxo, quiere saber si el gobierno local engañó al Consello de Contas diciéndole que el balance estaba aprobado, para lo que habría sido necesario un certificado falso del secretario municipal.

El alcalde asegura que en ningún momento se le comunicó al Consello de Contas que el balance estuviese aprobado, por lo que no se incurrió en falsedad documental. Simplemente se omitió ese dato a sabiendas. Sea de una forma u otra, tanto este como el resto de los Ayuntamientos que enviaron sus cuentas de forma ilegal podrán recibir subvenciones, ya que el Gobierno gallego no se fija en esos aspectos. Hecha la ley, hecha la trampa.

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