Barcelona impulsa la prohibición total de la prostitución callejera
El municipio aprueba, con votos de CiU y PP, endurecer la norma de civismo Un informe del área de Seguridad del Ayuntamiento desaconseja la medida
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado una vuelta más a la norma que aprobó hace seis años y quiere prohibir la prostitución en la calle de forma total. La propuesta la ha presentado el Partido Popular, y el Gobierno de Xavier Trias (CiU), defensor de la tesis prohibicionista y prisionero de los votos del PP, la ha asumido como propia.
La ordenanza de civismo que aprobó Barcelona en 2006 sanciona la prostitución callejera en determinadas circunstancias: si monopoliza el espacio público, si la negociación entre el cliente y la prostituta se produce a menos de 200 metros de un colegio, y si el acto sexual se realiza en la calle. La sanción solo se impone después de apercibir a clientes y prostitutas. Si no hacen caso a las indicaciones de la policía municipal para que despejen la calle, las multas oscilan entre 300 y 3.000 euros.
Es ese marco, aprobado por el anterior gobierno tripartito de la ciudad, el que ahora se quiere endurecer. Se eliminará el preaviso y la Guardia Urbana impondrá directamente las multas. También se modificará el régimen sancionador introduciendo una graduación de las sanciones: hasta 300 euros por el hecho de negociar en la calle, 750 si esa discusión se produce a menos de 200 metros de una escuela y entre 1.500 y 3.000 euros en caso de que se mantengan las relaciones sexuales en el espacio público.
La propuesta dio ayer su primer paso, al ser aprobada inicialmente en la Comisión de Presidencia del Consistorio, y ahora se expone al trámite de alegaciones. Una de ellas podría ser introducir una sanción económica superior para el cliente, según apuntó ayer el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn. Lo más chocante del endurecimiento que ahora se impulsa es que los propios servicios del área de Prevención y Seguridad del Consistorio barcelonés lo desaconsejan totalmente. En un dictamen, el director del área de Seguridad, Josep Maria Lahosa, recuerda que la presión policial y las sanciones no acaban con la prostitución, sino que “solo la trasladan a lugares menos visibles”. El citado informe recuerda: “Todas las políticas de prohibición total han fracasado”. Y también apunta que la expulsión de la calle supone más dificultades para que las mujeres accedan a los servicios públicos y a programas de formación. Ese es el único informe que entra en el fondo del asunto. El de los servicios jurídicos se limita a avalar que la ordenanza se puede modificar.
CiU propone que las sanciones sean más caras para los clientes
Los partidos de la izquierda del Ayuntamiento, organizaciones vecinales y entidades que trabajan con prostitutas en la calle se oponen en redondo. Las voces en contra del endurecimiento de la ordenanza ponen el acento en que con la prohibición total se deja a las mujeres más expuestas a los manejos de mafias y redes de tráfico de mujeres, sobre todo porque será mucho más difícil acceder a ellas.
“Si las esconden en locales o pisos, ya no podremos intervenir”, apuntaba Paula Arce, del colectivo Genera, que trabaja con prostitutas. Ese colectivo ya recurrió la ordenanza aprobada en 2006, pero los tribunales reconocieron la capacidad del Ayuntamiento para acotar lo que ocurre en el espacio público.
Para Jaume Asens, miembro de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, el endurecimiento que se propone ahora solo pone en riesgo la seguridad de las mujeres que ejercen en la calle. “Es el eslabón más débil y lo único que se pretende es esconderlas. Es una medida de cara a la galería”, afirma. El Gobierno lo rebate argumentando que ha duplicado los fondos para las entidades sociales que trabajan con ellas.
En Barcelona, cada vez quedan menos reductos de prostitución callejera: prácticamente se limita a una zona del Raval —en la que recientemente se ha inaugurado la flamante Filmoteca—, los aledaños del estadio del Barça y, a veces, el entorno de Glòries.
Pero los locales y pisos en los que se ejerce son incontables. ¿Se prohíbe la callejera y se consiente la que no se ve? La respuesta que da el equipo de gobierno de CiU es que se ha empezado por la calle, pero con la intención de seguir en pisos y locales. “Estamos en ello. Queremos revisar las licencias de los locales en los que se produce y, sobre todo, actuar cuando hay denuncias”, apunta Forn. De momento, la presión está en la calle.
Legal, ilegal o alegal
Ordenanzas municipales. En España la prostitución es alegal: no está ni permitida ni prohibida. Sin embargo, algunos pueblos y ciudades han prohibido el ofrecimiento de servicios sexuales de pago en la vía pública en sus ordenanzas municipales. Casos como Tordera o La Jonquera, en Cataluña; o Albacete y Sevilla han incluido multas —que suelen oscilar entre los 750 y los 3.000 euros— para los clientes de la prostitución. En ciudades como Badajoz, Alicante o Granada, se penaliza también el ofrecer sexo de pago, con lo que las sanciones se aplican además a las prostitutas. La infracción de meretrices y clientes difiere según donde se ejerza la prostitución: cerca de zonas residenciales, centros educativos, empresariales o comerciales se considera una infracción grave.
El modelo abolicionista sueco. En Suecia está prohibido comprar servicios sexuales, pero no venderlos. Desde 1999, este país penaliza a los clientes y no a las personas que se prostituyen. En 12 años, las autoridades han detenido a más de 3.700 personas por comprar sexo. La pena máxima por este delito es de un año de cárcel, aunque los condenados evitan ir a prisión pagando una multa; la mínima es de 2.500 coronas (271 euros). Otros países, como Islandia o Noruega —que pena también la compra de sexo en el extranjero— han copiado ese modelo. En Francia, donde la prostitución no es delito, el Parlamento estudia un proyecto de ley abolicionista que propone penas de hasta dos años para los clientes.
Prostitución legal. En Holanda la prostitución está permitida. De hecho, se considera un trabajo con derecho a Seguridad Social. En el año 2000, el Gobierno legalizó los burdeles y desde entonces obliga a sus propietarios a pagar impuestos y las prestaciones de sus empleadas que, además, precisan de un permiso municipal para ejercer. Su sistema, que apuesta por la regulación, parte de la idea de que dotar de derechos y deberes a las personas que se prostituyen las protege de las mafias de trata —aunque algunas organizaciones han denunciado casos de explotación—. En Dinamarca impera un modelo similar: allí las meretrices pagan impuestos, pero no tienen derecho a subsidio por enfermedad ni a prestación por desempleo.
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