La Generalitat catalana regulará el ejercicio de la prostitución y lo limitará a los burdeles

La Generalitat de Cataluña quiere sacar a las prostitutas de las calles y recluirlas en lugares cerrados, respaldando de esta manera la Ordenanza de Convivencia y Civismo, dictada por el Ayuntamiento de Barcelona, que entró ayer en vigor por la madrugada, en la que se restringe la prostitución callejera. El proyecto de ley, que se encuentra en fase "incipiente" y no pasa de ser un borrador, supone la primera iniciativa de este género en España. Se espera que se convierta en ley en esta legislatura, según aseguraron ayer portavoces del Departamento de Interior catalán.

"Los servicios sexuales a cambio de remuneración" (un eufemismo con el que el borrador de ley bautiza la actividad de la prostitución) sólo podrá llevarse a cabo en locales con una licencia legal, que estén gestionados por las propias trabajadoras en régimen de autogestión o en establecimientos alquilados a terceras personas. La ley contempla y ampara el contrato de servicios de la empleada sexual con su cliente, pero también con el dueño del establecimiento, con el que suscribirá un contrato de alquiler. La ley prohíbe de manera textual el pago y el cobro de comisiones, una práctica habitual. Con todas estas fórmulas, se pretende acotar y poner fin al proxenetismo, impidiendo de esta manera la explotación y el abuso de los trabajadores o trabajadoras sexuales.

Los prostíbulos estarán establecidos en un edificio que no sea de vecinos, con acceso directo a la calle, y en cuya fachada no podrá colocarse ningún anuncio o reclamo publicitario, establece el borrador de la ley de la Generalitat. El texto legal, en un esfuerzo de minuciosidad, llega incluso a establecer una jornada máxima de 8 horas de trabajo al día, durante seis días a la semana. El control del trabajo quedará garantizado por un registro de entradas y salidas al local, en el que deberán quedar asentados, como en los hoteles, el número de carné de identidad o de pasaporte de los clientes. La ley catalana tratará también de garantizar unas "prostitutas sanas", a las que se les dotará de una cartilla de sanidad, en las que se especificará las fechas de los controles sanitarios, que tendrán carácter obligatorio. Por si ello no fuera suficiente se prevén multas que oscilan entre los 6.000 euros y los 100.000 para aquellas empleadas del sexo o clientes que ejerzan o utilicen la prostitución sabiendo que tienen enfermedades de transmisión sexual o contagiosas. Los clientes estarán obligados a utilizar preservativos, asegura en otro apartado el proyecto de ley, adelantado ayer por La Vanguardia.

La Consejería de Interior, que preside Montserrat Tura, ha iniciado una ronda de entrevistas y contactos con diferentes sectores relacionados los servicios sexuales, en un intento por conocer su opinión y de que ésta quede reflejada en el texto definitivo.