El PP avala el recorte de la Generalitat en la plantilla de centros para discapacitados

Los centros que atienden a personas con discapacidad en Cataluña podrán reducir su personal. Así lo avala el convenio firmado por la Generalitat y las principales organizaciones del sector, que permite reducir el 8% la ratio existente entre profesionales y pacientes. El convenio se salvó de la quema ayer en el Parlament gracias a la alianza ya habitual entre CiU y el PP, que tumbó la petición del PSC y ERC de parar estos recortes.

Socialistas y republicanos reclamaban en sus propuestas de resolución que no se tocara ni un ápice de los recursos destinados a los centros de atención residencial y diurna para discapacitados. “Que no se rebajen las condiciones de los trabajadores y se mantengan las ratios de personal para garantizar así la calidad del servicio”, reza el texto, que no prosperó debido a los votos negativos de CiU y la abstención del PP.

El nuevo convenio da vía libre a que un centro con 70 usuarios pueda prescindir de uno de sus monitores. Según el acuerdo, un centro para personas con discapacidad mental deberá tener un director por cada 69 usuarios (actualmente el máximo es de 64), un responsable higiénico-sanitario y un fisioterapeuta para 138 (ahora son 128), y se puede recortar el número de monitores especializados (actualmente debe haber uno por cada seis usuarios).

El diputado de ERC Pere Bosch censuró que los recortes de la Generalitat afecten a un “colectivo tan sensible” como las personas con discapacidad y aseguró que “no solo se ha tocado hueso, sino que se ha traspasado un límite ético”. La diputada de ICV fue más allá y añadió que estos recortes obedecen a un intento de “desmantelamiento ideológico de los servicios y los derechos”.

El nuevo convenio justifica estos recortes de personal con el tijeretazo presupuestario que sufrirán estos centros, que será del 3% en los servicios residenciales y del 4,5% en los centros de día. Basándose en esto, se permite a las entidades reducir la ratio de personal “hasta un máximo del 8%, con autonomía para cada centro para aplicarla en las áreas que considere”, añade el texto.

CiU y el PP se aliaron también para evitar el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, una petición de ICV motivada por las malas condiciones en que se encuentran los internos.