LA INVESTIGACIÓN DE INVERCARIA

La Fiscalía Superior destaca “graves irregularidades” en Invercaria

El fiscal se basa ahora en un texto publicado en febrero por la Cámara de Cuentas

Gómiz, el día del juicio por el supuesto despido improcedente de un exdirectivo.
Gómiz, el día del juicio por el supuesto despido improcedente de un exdirectivo.JULIÁN ROJAS

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha destacado las “graves y reiteradas irregularidades referidas a materias diversas” descubiertas tras analizar la gestión de Invercaria, la empresa pública de la Junta dedicada a desarrollar proyectos empresariales mediante el capital riesgo. La Fiscalía Superior ha emitido un decreto que desgrana las 10 irregularidades más graves detectadas por su Policía Judicial adscrita que analizó el contenido del informe sobre el ejercicio de 2009 que la Cámara de Cuentas hizo público el pasado 1 de febrero y que los medios de comunicación recogieron entonces sobre la gestión contable de Invercaria.

El fiscal superior constata la existencia, “cuando menos indiciaria y a salvo de su posterior comprobación”, de distintas responsabilidades penales o contables en Invercaria. De este modo, García Calderón ha enviado su decreto de seis páginas al instructor Juan Gutiérrez que dirige la investigación desde el Juzgado 16 de Sevilla— que lleva el caso de la denuncia del extrabajador de Invercaria, Cristóbal Cantos, contra la expresidenta de la firma Laura Gómiz, por presuntamente haberle obligado a redactar informes falsos—, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía de Sevilla, Invercaria y por último la Fiscalía adjunta al Tribunal de Cuentas para que opine si dicho órgano debe investigar las responsabilidades contables.

El decreto solicita que se investiguen los 278 proyectos subvencionados con 62 millones por parte de la empresa pública desde su creación en 2005 para así detectar los casos en los que haya habido irregularidades. Entre sus afirmaciones se atisban serios indicios de delito productos de un descontrol y falta de diligencia que contravienen la Ley de Contratos del Sector Público.

El decreto pide por ejemplo los datos registrales de la firma Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, que recibió un préstamo de 716.000 euros y otras cantidades para gastos de personal y arrendamiento. A pesar de tratarse de una empresa de ferias virtuales, carece de página web, según ya subrayó la Cámara de Cuentas.

Desde esta semana la investigación ha entrado en una nueva fase y ahora el juez instructor decidirá si da un paso adelante para investigar toda la gestión de Invercaria, a diferencia del estudio de la Cámara de Cuentas, que analizó un muestreo de firmas solo durante el ejercicio de 2009.

García Calderón subraya que resulta “muy significativa” la ausencia de un control financiero interno. Es decir, un análisis de las cuentas que garantice la correcta entrega de “elevadas sumas de dinero”, al margen de que Invercaria fuera auditada por firmas privadas. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 2007 que establecía un programa anual de actuaciones de control financiero por la Intervención General a las empresas de la Junta, no incluyó “precisamente” a Invercaria.

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Mientras, el organigrama de la empresa con los puestos de trabajo estaba incompleto, las instrucciones internas y expedientes de contratación están “incompletos y podrían vulnerar distintas disposiciones” de la ley de contratación pública. El fiscal censura cómo cuatro programas de préstamos de Invercaria se concedieron a tipo interés cero o muy bajo, “sin más aval que el propio proyecto, sin comisión alguna, soportando el riesgo de incumplimiento”. En los programas de préstamos, el ministerio público destaca “la falta de publicidad del procedimiento a seguir y la falta de criterios previos de concesión”.

Mientras, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, resaltó la admisión por el Juzgado de Instrucción 11 de una querella por parte de Invercaria contra el exdirectivo que realizó las grabaciones a la expresidenta Laura Gómiz, y advirtió: “A ver quién termina dando explicaciones”. Moreno censuró la “guerra sucia electoral” llevada por el PP durante la campaña electoral.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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