Los funcionarios y la ley del martillo
La reordenación del sector público andaluz, pendiente de los jueces y las elecciones
Un funcionario con corbata roja y camisa blanca trabaja frente a un ordenador. Por sorpresa, un enorme martillo con la inscripción Ley 1/2001, la de la norma de Reordenación del sector público andaluz, le golpea en la cabeza. El mazazo se repite una y otra vez, igual que las concentraciones y protestas de rechazo a la que los sindicatos denominan “Ley del enchufismo”. Bajo la escena animada, que da la bienvenida a la página del Sindicato andaluz de funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), un calendario recuerda que la norma lleva 13 meses y 4 días aprobada. El trabajador levanta un cartel en el que pide: “Derogación Ya”.
Ya pasó la época del ruido. Es el momento de esperar cambios. CSIF y Safja, dos de los sindicatos más beligerantes contra esta ley, considerada por muchos el mayor traspié político de la última legislatura, hablan de las protestas del último año y medio como todo un hito en la historia reciente de la lucha sindical.
Desde julio de 2010, han salido a la calle en infinidad de ocasiones, boicoteado actos del Gobierno andaluz y perseguido hasta la saciedad al presidente José Antonio Griñán (PSOE), y candidato en las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo. Todavía se organizan concentraciones en la puerta de la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para denunciar que la norma da trato de empleado público a casi 20.000 trabajadores de sociedades instrumentales que no han pasado por ningún proceso de oposición.
La Junta niega las acusaciones de enchufismo. El acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la Junta sólo se efectuará mediante ofertas de empleo público, explican desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Junta defiende la medida para ahorrar 118,3 millones hasta 2013 y conseguir una gestión más eficaz y eficiente
La reordenación pretende dar cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias. La Junta defiende la medida para ahorrar 118,3 millones hasta 2013 y conseguir una gestión más eficaz y eficiente. “Se ha garantizado que los servicios públicos sean prestados por agencias públicas, es decir, que sigan siendo prestados por la Administración andaluza con la seguridad que ello conlleva”, añaden.
Las protestas en la calle han dado paso a la lucha en los tribunales. Entre los sindicatos y diferentes colectivos han presentando en torno a un centenenar de recursos contra su tramitación y puesta en práctica. El Partido Popular registró en mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que es un “atentado” y “ataque brutal” a los derechos de los funcionarios y al Estatuto, así como un “intento de escapar del control del Derecho administrativo”. Javier Arenas, candidato del PP a la Junta, prometió derogarla si llega a la presidencia.
De momento, y a la espera de las decisiones que adopte el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que también prevé una reordenación del sector público, los tribunales han apoyado las reclamaciones sindicales en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, no hay unanimidad. La Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) habla en unos de esos fallos de “desprecio al Estado de Derecho” y de vulneración flagrante de los derechos fundamentales para acceder a la función pública “conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria”. La Sala de Málaga del alto tribunal andaluz considera “necesaria” la reordenación. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra a la hora de forzar la ejecución de las sentencias y paralizar el proceso de integración de los empleados externos.
En las últimas semanas, los sindicatos aparecen menos en los medios de comunicación, pero siguen organizando actos
En las últimas semanas, los sindicatos aparecen menos en los medios de comunicación, pero siguen organizando actos. Alfredo Pérez, presidente del sindicato Safja en Sevilla, incide en que las protestas continúan porque el Gobierno andaluz no ha querido escucharles “ni al principio, ni durante la elaboración de la norma, ni ahora”. “No se han sentado con nosotros a negociar, nos ha presentado lo mismo que ha terminado aprobándose”, añade.
En el sindicato mayoritario CSIF-A hablan de “ataque sin precedentes” a los funcionarios por parte de quienes más les tienen que defender. “Han jugado al desprestigio”, mantiene Alicia Martos, presidenta del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de esta formación.
Martos atribuye la tenacidad y la magnitud de su lucha al elevado grado de indignación de los trabajadores públicos. “Han dicho basta, hasta aquí hemos llegado, llevaban 25 años viendo como los estaban arrinconando con la administración paralela, se estaban usurpando funciones sin garantías”, explica. “Con el tiempo se ha demostrado que surgió por motivos puramente políticos, porque los tribunales estaban rechazando encomiendas de gestión a empresas por tareas que sólo podían hacer funcionarios”, añade.
En el PSOE admiten que no han gestionado bien el conflicto, aún así, no han dado marcha atrás.
"Cada uno vota como personita"
Dos expertos en comunicación política consultados dudan de que el conflicto de los funcionarios con el Gobierno andaluz sea determinante en el sentido del voto del próximo 25 de marzo. “Al final, a la hora de depositar la papeleta, todo el mundo vota como personita (…) poca gente lo hace en estrategias generales”, considera Benito Caetano, periodista y consultor. Antonio Castillo, profesor de Comunicación de la Universidad de Málaga, habla de estudios realizados en Latinoamérica sobre protestas de colectivos en los que no se ha podido determinar una influencia clara en el sentido de su voto. “Alguien que esté en el sistema debería tener la opción de consensuar, para actuar de forma lo más acorde posible con lo que piensa la sociedad”, reflexiona el docente, autor de numerosos artículos sobre grupos de presión. El profesor cree que los funcionarios han recurrido al “conflicto” para llamar la atención de los medios y trasladar su mensaje a la clase política. Esas acciones también sirven a los grupos de presión para crear un clima de comprensión a sus demandas, recoge en su libro Lobby y Comunicación. El colectivo reclama la derogación de la norma, aunque no ha conseguido imponer a los representantes políticos en el poder su visión. “La cuestión está en la maleabilidad de la persona con quien tengan que negociar”, contempla el profesor. Y para conseguir ese objetivo entran en juego muchos factores, como el poder político del partido en el gobierno o el tiempo que reste para las próximas elecciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
