Recetas millonarias ante el juez

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó el pasado 27 de enero a J.L.E.G., titular de una farmacia del barrio bilbaíno de Indautxu, a dos años de prisión y una multa de unos 2.000 euros por un delito de estafa y otro de falsedad de documento público. El fallo considera como hecho probado que J.L.E.G., de 35 años, modificó manualmente, entre agosto de 2009 y junio de 2011, un total de 816 recetas médicas —una media de más de una al día— y que ello le generó un beneficio neto de 410.504 euros. La sentencia es firme al haber manifestado las partes que no tienen intención de recurrirla.

Todas las recetas manipuladas correspondían a medicamentos con restricción en su dispensación, según el fallo. En estos casos, antes de canjear la receta en la farmacia, el paciente debe acudir al Servicio de Inspección Médica, que ya hay en bastantes ambulatorios, para que le pongan un sello. En términos sencillos, es un mecanismo de control de Sanidad sobre determinados fármacos: los alimentos especiales o dietas para, por ejemplo, personas que han sufrido cáncer, medicinas para trasplantados, los pañales para personas mayores… Algunos de estos medicamentos pueden resultar bastante caros.

Cuando un paciente acudía a la farmacia de J.L.E.G. con una de estas recetas, éste le facilitaba el fármaco y, a continuación, ponía en marcha la maquinaría de su ilícito negocio. La trampa consistía en “incrementar manualmente” el número de envases o unidades que aparecían escritos tanto en el sello de Inspección como en la casilla rellenada por el médico. Según ha podido comprobar EL PAÍS, en estas recetas la cifra del sello está anotada a bolígrafo, mientras que el número de envases que ha prescrito el médico está impreso. Ambos deben coincidir. En caso contrario, el farmacéutico está obligado a llamar a Sanidad e incluso a enviar un fax de la receta para aclarar la duda.

El condenado evita su ingreso en prisión al carecer de antecedentes

La sentencia no especifica cómo se las ingeniaba J.L.E.G. para realizar la manipulación. Algunas fuentes consultadas no descartan incluso que tuviera en su poder recetas blancas, sin utilizar, y un sello de Inspección. Una vez cambiados los números de envases o unidades, remitía las nuevas recetas a la Dirección de Farmacia del Departamento de Sanidad y facturaba por ellas mucho más dinero del que se había gastado. Así timó 410.504 euros en 22 meses. El negocio era redondo y, aparentemente, sencillo.

Facturar más medicamentos de los que se vende provoca un stock extra de fármacos en el almacén de la farmacia. Las mismas fuentes consultadas imaginan tres modos de deshacerse de este excedente: tirarlo directamente a un contenedor de la basura, depositarlo en los puntos Sigre —recipientes que hay en los establecimientos para echar en ellos las medicinas caducadas— o venderlo a personas que acudan a la farmacia con recetas privadas, emitidas por médicos que no trabajan en la sanidad pública, lo que aportaría otro beneficio extra.

Cuando fue descubierto, J.L.E.G. reconoció su culpabilidad y devolvió todo el dinero robado. Estas dos circunstancias fueron tenidas en cuenta por el tribunal como atenuantes. Dado que la condena impuesta fue de dos años y el acusado no tenía antecedentes penales, no ingresó en prisión. El fallo tampoco le inhabilita para el ejercicio de su profesión, por lo que puede seguir, si así lo desea, regentando su negocio.