Interior reducirá un 54% el número de escoltas en el País Vasco y Navarra

El final de ETA, que anunció el cese definitivo de la violencia el pasado 20 de octubre, y la crisis económica han llevado al Ministerio del Interior a una rápida y exhaustiva revisión tanto del número de personas que necesitan protección como del número de escoltas que hacen falta para protegerlas. El plan para toda España del ministerio de Jorge Fernández Díaz aún se está ultimando, pero las cifras para el País Vasco y Navarra, donde reside el mayor número de personas protegidas, ya están decididas y la reducción se pondrá en marcha el próximo día 20. El número de escoltas privados que sufraga el Ministerio del Interior en esos territorios sufrirá una reducción del 54%, según fuentes conocedoras del plan. Pasarán de ser 789 a 364 (es decir, serán 425 menos). En cuanto al número de personas protegidas, la disminución será del 45%: de 558 personas escoltadas se pasará a 305 (253 protegidos menos). La revisión se ha hecho caso por caso, en función del nivel de riesgo de cada persona atendiendo a las actuales circunstancias y al cargo que en estos momentos desempeña cada uno. Con esta medida, el ministerio prevé ahorrar unos 30 millones de euros durante lo que queda de marzo, abril y mayo.

Estos números se refieren exclusivamente a los escoltas en el País Vasco y Navarra que paga Interior y que pertenecen a empresas de seguridad privada, no a los policías y guardias civiles que realizan labores de protección. Pero, en estas dos comunidades autónomas, casi todos los escoltas —tanto los que sufraga el ministerio como los que corresponden al Gobierno vasco— son privados.

Durante los últimos meses se ha especulado sobre cómo podrían reciclarse estos escoltas que han quedado y quedarán sin trabajo tras el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA. Pero la solución que propone el ministerio es una de la que no se había hablado: emplearlos en la seguridad en las cárceles y que lleven a cabo tareas complementarias a las de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 425 escoltas que quedarán sin empleo por el plan de reducción del ministerio, así como los guardaespaldas sufragados por otras Administraciones que también hayan sufrido el recorte, podrán optar a funciones de vigilancia en los centros penitenciarios. No solo en las prisiones del País Vasco y Navarra, sino en cárceles de toda España.

Con esta medida, el Gobierno prevé que unos 1.000 policías y guardias civiles actualmente destinados en las prisiones podrán dejar sus puestos actuales tras la llegada de los escoltas privados, y serán destinados a reforzar las labores de seguridad ciudadana —aunque aún no está decidido qué áreas en concreto serán reforzadas con esos 1.000 agentes.

Aparte de la reducción que comenzará en breve a poner en práctica el Ministerio del Interior, el Ejecutivo de Patxi López ya ha llevado a cabo una importante disminución en el número de escoltas. El plan de reducción del ministerio se ha llevado a cabo con la colaboración de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, y fue una de las cuestiones que trataron el ministro Fernández y el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, en su reunión del pasado 23 de enero.

Las soluciones que se habían propuesto para dar salida a los escoltas que quedarán en el paro eran variadas. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, sugirió en febrero que parte de los guardaespaldas sin empleo podrían dedicarse a la protección de mujeres maltratadas, idea que fue muy bienvenida por la Asociación Española de Escoltas (ASES) pero que fue más tarde rechazada por el Ministerio del Interior.

Más tarde, Vicente de la Cruz, el presidente de la asociación de escoltas, tras lamentar la reducción drástica del número de guardaespaldas en los últimos años —dijo que se había pasado de 5.500 en 2009 a 1.500 en 2012—, propuso también otras dos ideas: que los escoltas sin trabajo se dedicaran a la protección aérea dentro de los aviones y que vigilaran a altos cargos y autoridades del Estado. Finalmente, la solución del ministerio será otra.

Aún falta por concretar cómo será la revisión del número de escoltas en el resto de España. En el conjunto del país hay 3.000 agentes de policía y guardias civiles que protegen a 1.550 personas.