Otra vez el indulto

A veces se tiene la sensación de ser repetitivo, de ser un pesado. Pero la realidad es también así. Los policías especializados, los inspectores de Hacienda, los fiscales, jueces y magistrados, y todo el personal de sus oficinas, trabajan incansablemente durante muchos días y no pocas noches, y finalmente hay un juicio y una sonora condena a unos delincuentes de cuello blanco que se han llevado, desvergonzadamente, el dinero público. Se han llevado lo que pagamos con nuestros impuestos, lo que ahora hay que reponer porque se ha notado su ausencia en las arcas públicas. Los ciudadanos pueden mostrarse satisfechos con sus instituciones. La justicia, con dificultades y palos en las ruedas, y sin capacidad de aceleración, ha puesto a cada cual en su sitio. Pero no nos hagamos ilusiones. El Gobierno del Estado, cualquiera que sea su color, les puede indultar. Así pasó con el banquero Alfredo Sáenz, ¿recuerdan? El Gobierno de Zapatero le indultó, permitiendo que su condena se convirtiera en un fiasco, o un sarcasmo.

Ahora vuelve a pasar con unos personajillos que, sin mayor trabajo, limpiaron más de 46.000 euros del Departamento de Trabajo de la Generalitat. El sistema del latrocinio era muy sencillo. Eran altos militantes de Unió Democràtica de Catalunya y además, “casualmente”, tenían unas empresas dedicadas a realizar estudios sobre derecho laboral que no tenían más cliente que su Departamento de Trabajo. No tenían personal asalariado ni contratado con conocimientos jurídicos, ni falta que les hacía. Desde sus puestos políticos adjudicaron subvenciones a sus empresas para realizar estudios sobre materias de derecho laboral que desconocían. No tuvieron problemas. Hicieron los estudios con copias de trabajos antiguos que ya estaban desde hacía tiempo en el mercado y en las bibliotecas jurídicas. Y lo hicieron con tanto desenfado que ni copiaron las notas a pie de página, ni se preocuparon por las referencias a normativa ya derogada. Los trabajitos, desde luego, eran inútiles y nunca fueron utilizados. A Trabajo le costó 7.680.000 pesetas (hoy 46.157 euros).

Fueron condenados en marzo de 2009 a penas que exigían cumplimiento efectivo de prisión. Han pasado tres años y no han visto una cárcel ni desde lejos. Y ahora el Gobierno de Rajoy les ha indultado y el Rey lo ha firmado.

En la Constitución de la República el Gobierno no podía interferir en las decisiones de los tribunales

Como es sabido, el indulto particular es concedido por el Rey a propuesta del Gobierno. Es una prerrogativa ancestral de la Corona, transmutada en privilegio efectivo del Gobierno proponente. En la Constitución de la República el Gobierno no podía interferir en las decisiones de los tribunales. Los indultos solo se concedían por causas extraordinarias, y los concedía motivadamente el Tribunal Supremo (salvo casos de extraordinaria gravedad, léase penas de muerte, en que los otorgaba el presidente de la República). En nuestra Constitución hemos vuelto a los ancestros. El Gobierno perdona la pena discrecionalmente, sin posible revisión ni apelación, y sin la más mínima motivación.

Toda la publicidad de los juicios y las sentencias, toda la exigencia de fundamentación, motivación y explicaciones que legalmente se pueden y se deben exigir a los funcionarios, y especialmente a los jueces, puede acabar en esto. En una decisión de cuatro líneas sin razonamiento ninguno.

La Ley del Indulto, de 18 de junio de 1870 (no me confundo, 1870), prevé que en la tramitación del indulto conste, principalmente, un informe del tribunal que condenó. Para indultar debe tenerse en cuenta el mal causado, la personalidad del condenado, o razones de justicia, equidad o utilidad pública, así como el arrepentimiento del condenado.

Aunque el expediente no es público, se sabe que el tribunal y el fiscal informaron en contra de la concesión del indulto. Pero han sido indultados. Posiblemente el Gobierno ha considerado que la personalidad de los condenados era incompatible con la prisión. O quizás que es de utilidad pública que los políticos corruptos quieran arrepentirse, o tener una nueva oportunidad…

Y nada más, hasta el próximo indulto, que ya hay en la cola aspirantes ilustres.

José María Mena fue fiscal jefe de Cataluña.